¿Cuántas estrellas tiene una bandera pirata?

Por Gunter A. Hentschel

 

Ante todo, pido sus disculpas por lo largo del artículo que sigue. Pero vivimos una situación particular. Nuestro presente ya es miseria, y nuestro futuro incierto. Y para superar el presente y conquistar el futuro, se tiene que conocer el pasado –dicen los sabios–, y aprender de él. Porque todo desarrollo positivo en este mundo no es más que el evitar repetir los errores del pasado. Y para eso, hay que hacer el esfuerzo del estudio. Hoy, no voy a poder dar aquí un compendio de la historia universal de la civilización humana. No existe la posibilidad, ni con un ensayo, ni con un libro o dos, de resumir un tema tan voluminoso. Aunque, sería bueno poder hacerlo, ya que mucho de lo que hoy vivimos, ya ha sido sufrido por generaciones diversas a lo largo de una historia milenaria de la humanidad. Y las causas de los problemas actuales, con frecuencia, se generaron décadas o siglos atrás. Pero, hoy, voy a tener que limitarme solo a unos pocos fenómenos de la contemporaneidad y el pasado reciente, y a un tema particular, por su actualidad y el riesgo de generarse un daño irreversible para el amable pueblo de esta tierra bendita –y maldita al mismo tiempo–, ya que la abundancia, la exuberancia, fácilmente llevan a la comodidad y al derroche. También atraen a los ladrones, a los piratas, si su territorio se ubica en la costa caribeña.

En la vida política hay mucha mentira, mucho engaño. El engaño es la práctica de aprovechar la ignorancia de la víctima para apoderarse de lo suyo o para privar a la víctima de sus derechos. Ojo: ignorancia, no es igual a estupidez. Es el desconocimiento, pero hasta el más inteligente no lo puede conocer todo. En el acto de un engaño, el victimario aprovecha el desconocimiento parcial de la víctima, la cual puede ser muy inteligente, pero no sabía algún detalle que permitió estafarla. En este momento, en Venezuela, el engaño parece ser todo lo que queda de la vida política. Nada es lo que parece. Por eso, nada parece tener lógica y las soluciones no se consiguen, mientras que los problemas crecen. Y sin lógica, no hay soluciones para quien enfrenta una problemática compleja.

Escribo por eso un artículo, más bien un ensayo, incompleto, pero, así lo creo, lo suficiente para abrir los ojos de algunos de mis queridos lectores, y no sin la esperanza de poder impulsar en ellos, el deseo de saber más, de estudiar por sí mismos otras fuentes, analizar por su cuenta y, luego, difundir su nuevo conocimiento y las críticas constructivas que de este puedan brotar.

A aquellos que harán el esfuerzo de leer este texto, pido que lo piensen bien, antes de sacar sus conclusiones, y que luego lo ayuden a divulgar, reenviándolo a otros, y si es posible, con sus propios comentarios, para motivar la lectura del mismo. Juntos, pudiéramos aún impedir que pasara lo peor que le podría pasar a esta nación: que la corrupción –de lado y lado– llegara a vender el futuro de todos nosotros y de las generaciones venideras, al rematar a PDVSA.


De la confrontación política, la corrupción en su máxima expresión, el colaboracionismo y el intento de una privatización petrolera. En pocas palabras: de piratería vende-patria y alta traición a la patria.

Venezuela está sufriendo una crisis económica, política y social sin precedentes. Una crisis profunda, la cual ha llevado a grandes partes de la población a vivir miseria e inseguridad, mientras que dos bandos políticos luchan por el poder. Esta es la parte visible.

Los dos bandos políticos, juntos, a lo largo de 18 años, han polarizado la opinión pública y dividido al pueblo en dos grupos extremamente resentidos cada uno contra el otro. Estos dos sectores de la sociedad, dejan guiarse –aún a 4 años de la muerte del carismático ex presidente Chávez–, por una sola motivación: o uno está con o contra de Chávez. Las diferencias son implacables. El acicate de ambos es que las actuaciones de la corruptela que forma la cúpula del otro bando, respectivamente, es imperdonable. La polarización política ha llevado a la descomposición de familias y amistades, y a enfrentamientos callejeros.

Con la suspensión de facto del Poder Legislativo por el Tribunal Supremo de Justicia, en sus sentencias 155 (lunes 27.03.2017) y 156 (miércoles 29.03.2017, en sesión nocturna), el gobierno de Maduro –a solo pocas horas de una sesión de la Organización de Estados Americanos que trataba el riesgo de formarse una dictadura en Venezuela que irrespetara el principio de la separación de los Poderes–, se corroboraron todos los temores de la comunidad internacional. Ahora bien, desde el mundo entero –y no solo desde la región americana–, se oyen las protestas y la demanda de un retorno a la institucionalidad y constitucionalidad en el país caribeño. Pero, pocas horas antes de la sesión del TSJ, hasta los EEUU, Canadá y México –autores de la solicitud de la reunión de la OEA–, habían frenado al secretario general de la organización y pedido no buscar aún la aplicación de medidas severas, como la aplicación de la Carta Democrática.

En realidad, la Carta Interamericana Democrática no es una medida ni severa ni injerencista, al contrario, su activación inicia un proceso de diálogo, buenos oficios y diplomacia, con reglas definidas que impiden que los dialogantes monten cada uno su show de politiquería y nadie cumpla nunca nada, como en la “Mesa de Diálogo” que ya tenemos, y en la que además se ha podido incluir a todos los sectores del país, y no solo a los dos gallos de riña de un circo montado para entretener al pueblo y mantenerlo entre la frustración y la depresión, apático e impotente. Seguir insistiendo en un diálogo (un diálogo auspiciado por la UNASUR, todos integrantes de la OEA y patrocinado por el Vaticano) entre dos bandos políticos en el país, llevará a la misma vía fracasada; trancada en ambos sentidos por los dos gallos, lo cual no podrá tener otro resultado que el que ya gozamos: la continuidad de la crisis y ninguna solución a los problemas ya existentes.

Tras el golpe de Estado jurídico, ya se reclama la importancia de una actuación veloz, y ahora sí se oyen las voces a favor de la aplicación de la Carta Democrática, por lo mismo que, luego de haber urgido la reunión pasada, habían negado llegar a la meta de un Luis Almagro confundido. Ya que lo que reclaman, nuevamente, tampoco se va a aplicar. Desde el 1 de abril, Bolivia asumió la presidencia pro témpore del organismo de la OEA. Y este fiel aliado del gobierno (cómplice y asalariado, también dicen los unos, no sin razón) de Maduro, no va a convocar la sesión correspondiente; aunque sea pedida por el resto de los integrantes en su totalidad. Mientras, en el país, los voceros de la oposición denuncian el golpe de Estado, reclaman la recuperación del hilo constitucional y de la institucionalidad, y hasta han amenazado con cárcel en el futuro para los que hayan participado en el asalto a la Asamblea Nacional. Los dirigentes de la oposición convocaron a una marcha el sábado, los mismos quienes el 1 de septiembre del año pasado, mandaron a sus casas a todos los marchistas, cuyo número hubiera sido suficiente para hacer tambalear, si no, hacer caer, al gobierno de Maduro. La concentración fue convertida en una marcha no anunciada y, por ende, no permisada, en consecuencia, reprimida; voilá (como dicen los franceses), sin embargo, la opinión pública internacional obtuvo las imágenes que necesita “la conspiración”, en el sentido en que lo analiza Roland Denis (véase sus últimos artículos):

Carta problemática al magistrado Luis Damiani
Notas al margen 1: Los juegos de la guerra conspirativa interna
Notas al margen 2: Los juegos de hambre que concluyen la conspiración
Notas al Margen 3: ¿De quién se trata cuando hablamos de una conspiración histórica?
Criterios de análisis 1: la formación del Estado Mafioso, la República Bachaquera; Estado o Territorio
Criterios de análisis 2: Territorio roto: la tarea de la Guardia Nacional y las Bandas Armadas dentro del Estado Mafioso y esta tierra de nadie
Criterios de análisis 3: Tierra liberada del Estado mafioso… el goce de lo colectivo

La oposición-MUD exige la destitución o renuncia de los magistrados, lo que no va a suceder, y menos cuando los diputados “opositores” amenazan con persecución penal nacional e internacional. Los excluidos dentro de la MUD repiten que la única solución es la salida de Maduro, y eso no se va a dar; también, gracias a la MUD misma, a su cúpula “G-4”, y por ende a su control sobre la mayoría de los partidos minoritarios de la organización, y al auto-sabotaje ante cualquiera de sus iniciativas. Mientras Maduro, quien tras la actuación de un TSJ nada independiente de Miraflores –eso es obvio, hasta para sus más fieles partidarios–, ahora le ha repetido la invitación a la oposición para dialogar con él.

Pero ¿qué va a pasar? ¿Recapacitaría el gobierno y anularía el TSJ su dictamen? ¿O quedaría la oposición vencida y dejaría sus ataques supuestamente golpistas contra un gobierno que, desde hace mucho, ha perdido toda legitimidad? ¿Ahora se sentarían juntos, y el diálogo, esta vez, aportaría soluciones para resolver la crisis general y devolverle al pueblo su alimento, a los enfermos su medicina y al país seguridad y paz?

Nada de eso. La supuesta corrección del TSJ a su propio proceder es incompleta y, en sí misma, tan violadora de las normativas como las sentencias emitidas, ya que, con esta modificación de sus fallos, solo ha reaccionado a órdenes directas de la Presidencia de la República por medio del Consejo de Defensa de la Nación; organismo perteneciente al Ejecutivo y cuya función no puede ser emitir directrices a un Poder autónomo como es el Judicial. Además, las sentencias suplementarias no han restituido el orden constitucional, sino que se procedió a eliminar solo tales pasajes de las anteriores, que dieron razones para expresar su crítica, por parte de la comunidad internacional.

La oposición –con todo este escenario surgido de la acción del TSJ–, recuperó el apoyo de su militancia y simpatizantes (perdidos en buena parte, tras su actuación el pasado 1 de septiembre), al poder convocar a sus bases a reclamar la actuación del TSJ y la injerencia presidencial del Ejecutivo, en las responsabilidades del Poder judicial. Además, esto le trajo un apoyo internacional incrementado, dado que la oposición, mayoría en la AN, ahora se puede presentar como una víctima del atropello, cuando anteriormente, solo ha sido vista como uno de los dos hermanos peleados en medio de su riña desfasada.

Las sentencias 155 y 156 del TSJ han resultado un autogol para un gobierno cada vez más cuestionado y un triunfo para una oposición sin fuerza propia, cuando realmente el objetivo de estas sentencias había sido eliminarle a esta oposición el espacio de teatralidad y auto-escenificación que ya venía siendo reducido a lo largo de meses por sentencias anteriores del TSJ. La oposición va a destituir, no sin razones y argumentación válidas ante el derecho y la opinión pública, a los magistrados; aunque sin poder hacer cumplir su decisión, ni llevarla dentro de un carril institucional correcto acorde con la definición constitucional (Art. 265 CRBV).

La nueva posición de fuerza que goza ahora la oposición, otorgada por el propio gobierno mediante esta torpeza del TSJ, como si fuese un regalo cortés a un niño malo del vecindario en navidad, ofrecido no para premiarlo sino para engatusar a sus padres, va a traducirse en una piedra de tranca para cualquier nuevo intento de diálogo, ya que el receptor de tal obsequio sabría muy bien del valor de lo recibido, aunque nunca lo admita, ni agradezca la dádiva abiertamente. Y si me equivocara y se retomara el diálogo, este diálogo sería no más que un encuentro meramente de lucha política por el Poder, con una oposición –cuya posición se ha reforzado y un gobierno debilitado moralmente–, que para nada va a aportar soluciones a las necesidades vividas por el país; por el pueblo.

Lo único que ahora va a pasar es que PDVSA será privatizada. Las mafiosas cúpulas de ambos bandos se van a repartir el botín de este remate, y el país quedará condenado a seguir viviendo la miseria, mínimo, por veinticinco años más. ¿No me creen? ¿Ven en mi aclaratoria un extravío del tema tratado por la parte de introducción del artículo presente? Entonces, esperen la siguiente información sobre algunas observaciones al respecto de los papeles de los diferentes actores, nacionales e internacionales, en la antesala de lo sucedido esta semana aquí, y luego analicen ustedes mismos.

El TSJ, en la noche del 29 de marzo, no solamente emitió las dos sentencias que declararon ilegítimo al parlamento y atribuyeron las funciones de tal institución, al TSJ mismo. Además, en esta misma noche, esta máxima autoridad del aparato de justicia en Venezuela fabricó una interpretación del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En este fallo, expresó que el Ejecutivo pudiera realizar empresas mixtas “sin limitación alguna”. Sin limitación alguna significa que no se garantiza el control de estas empresas mixtas por parte del Estado venezolano. Así que, teóricamente, sería legítimo crear empresas mixtas, en las cuales Venezuela mantuviese solo un mínimo de acciones, digamos el 1%, mientras que el socio foráneo podría obtener la mayoría accionaria y por lo tanto el control.

Y, en este contexto, tenemos que ver otros detalles: Cuando fue creada la empresa Compañía Militar Anónima de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), a esta le fueron otorgadas potestades por encima de la estatal PDVSA. Pero el alto mando, encabezado por el General Mayor Padrino López –sin que aquí la mayoría se enterara de eso–, mudó el domicilio mercantil de Caracas a Londres con un cambio de nombre de CAMIMPEG a CAMIMPEG Southern Procurement Services (CAMIMPEG SPS), en un inmaculado inglés del imperio malo mismo. Y, ahora, situado en un domicilio mercantil británico, todas sus relaciones se rigen por Derecho del Reino Unido, y no más por Derecho venezolano vigente, –aunque no es el Derecho de todos modos, producto de una AN declarada por el TSJ y las voces del Ejecutivo y los diputados oficialistas, en desacato; sino por vía de decretos presidenciales bajo la figura de una habilitante justificada con una emergencia económica y un estado de excepción que, al haber sido prolongado en contra de las definiciones constitucionales, igual es ilegítimo e ilegal–.

Ahora se define a CAMIMPEG como una entidad con facultades superiores a las que goza PDVSA, en cuanto al manejo de la estatal petrolera, los recursos hidrocarburos nacionales y los recursos mineros de nuestro subsuelo. Así que, una vez activa la nueva CAMIMPEG SPS londinense llegará a aislar departamentos de PDVSA o convertirlos en empresas mixtas y, en consecuencia, entregar PDVSA, pedazo por pedazo, a las transnacionales foráneas. Ningún tribunal venezolano tendrá la competencia en cuanto a la reclamación de esta venta ilegítima, pero, tras la creación de CAMIMPEG y su reubicación y redefinición como CAMIMPEG SPS, solo y exclusivamente las cortes inglesas, dispondrán de la autoridad plena en semejantes casos.

Podemos imaginarnos qué significa eso para nuestra soberanía, los intereses de nuestra nación y las opciones de un éxito jurídico en el contexto de cualquier eventual reclamo futuro. El gobierno, ya no más que una mafia usurpadora de lo que se bautizó como revolución bolivariana y traidora al movimiento popular que llevaba a la presidencia a Hugo Chávez en 1998, ha preparado todos los instrumentos que requeriría para poder rematar PDVSA al mejor postor. Ante los ojos de su propia militancia y ante la supuestamente vigilante mirada de la oposición –pues ninguno de los dos (gobierno/oposición) ha reclamado esto ni reaccionado adecuadamente–, mientras su militancia está entretenida en la lucha contra la oposición. ¿Y la oposición? Ella dispone de abogados, economistas y otros especialistas, algunos en cargos de elección, otros como asesores empleados, contratados y honoríficos. ¿Ninguno de ellos logró ver lo obvio? No me es creíble tal insuficiencia en su labor. Más bien, parece que se hacen la vista gorda y traicionan a sus bases como la mafia en el gobierno traicionó, y sigue traicionando, a las suyas. Ante esto, debe haber una motivación, y la única motivación plausible para mí, es la complicidad.

PDVSA, dicen, está quebrada por la ineptitud de su gerencia rojo rojita, y por causa del despilfarro y la corrupción. El despilfarro, para los críticos, ha sido la inversión social efectuada por el difunto presidente Chávez, al emplear la estructura de la principal industria nacional para fines ajenos al negocio petrolero. Sin embargo, como economista, no comparto tal posición. PDVSA está altamente endeudada porque su producción ha mermado, sus refinerías están en un estado obsoleto y los acuerdos con ciertos países aliados han convertido parte de su producto en un tipo de tributo del vasallo a sus superiores chinos, rusos, cubanos, etc. Pero, ¿quebrada?, para nada.

A pesar de la operatividad deficiente y las deudas, PDVSA sigue siendo una empresa de mucho valor. Sus activos incluyen no solamente instalaciones deterioradas y cuentas vaciadas, sino también, las reservas petrolíferas más grandes del mundo y las reservas de gas, en el quinto puesto más voluminosas del planeta. Estas reservas son su principal activo y tienen valor. La empresa puede que haya perdido producción, pero no valor. Y el cierre de los pozos de crudos livianos y ultralivianos, y la transposición de su actividad del Occidente del territorio nacional hacia la Faja Petrolífera del Orinoco, saturada de crudos pesados y extrapesados, solo ha dejado a las reservas livianas y de mayor valoración bajo el suelo nacional, como unos ahorros en el interior de una alcancía.

Ante la nueva situación –con la interpretación del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos prácticamente tapada por el ataque contra la AN, y la creación de la CAMIMPEG y su traslado a la jurisprudencia foránea como CAMIMPEG SPS– todo parece, que los pozos de crudos livianos hasta ultralivianos, más económicos de extraer, más fáciles de refinar y más valiosos en su comercialización, solo han sido ahorrados para no disminuir el valor de PDVSA para la venidera venta. Es decir, no para obtener un mejor precio, sino para hacer más atractiva la adquisición de acciones, ahora posiblemente mayoritarias, en empresas mixtas por nacer del “outsourcing” (en Castellano: “externalización”) de las partes sanas de una empresa, supuestamente, desportillada y magullada.

Dentro de la legislación venezolana vigente, a pesar de todos los arreglos ya realizados, tal venta, aún quedaría ilegal, por inconstitucional. Pero, una vez consumado el proceso de remate, el país quedaría completamente empobrecido y dependiente de cualquier tipo de inversión extranjera con fines productivos y capacidad de generación de empleos, y nadie podría luego reclamar la ilegalidad de la venta de las acciones en las empresas externalizadas de la estatal PDVSA, a las privadas empresas transnacionales, sin poner en riesgo la llegada de semejantes inversiones, además de cualquier línea de créditos bancarios dedicados a la importación para la mera supervivencia de un pueblo que ha sido despojado, sistemáticamente, a lo largo de los últimos catorce años, también de su propia producción de alimentos, la cual, incluso, ha sido envenenada y deshidratada para colmo, y esto hace muy difícil la recuperación de su producción a un plazo corto o mediano plazo.

Reclamar la venta de PDVSA, su ilegitimidad, equivaldría, por ende, a un suicidio colectivo. El país se auto-condenaría con tal reivindicación a una hambruna tan severa, al lado de la cual la actual situación de desabastecimiento parcial e inflación récord –que impide el acceso aún a mercancías existentes–, pareciese un lujo. En caso de un atrevimiento de pretender el derecho venezolano a su petróleo nacionalizado y la reunificación de la empresa despedazada y distribuida entre las transnacionales –norteamericanas (estadounidenses y canadienses), europeas (británicas, neerlandesas, españolas, noruegas, posiblemente italianas y francesas) y eurasiáticas (rusas), asiáticas (chinas, en particular)– simplemente se procedería a una negación de toda línea crediticia, y los anaqueles, las neveras, las ollas y los estómagos venezolanos quedarán vacíos de verdad.

Por otra parte, un intento de retomar la soberanía petrolera por medio de una lucha decididamente armada, no tendría entonces, otro resultado que convertir a Venezuela en otra Afganistán, otro Iraq, otra Siria, donde todos participarían por igual en la destrucción de un país, mientras que unos grupos negocian el reparto de los contratos en el marco de la reconstrucción del territorio ajeno que en conjunto habrían devastado. Al lado de la defensa de sus intereses en nuestro país, se quedaría chiquitico el bloqueo europeo de diciembre de 1902.

Resistencia a la imposición petrolera transnacional sería convertir a compatriotas inocentes en carne de cañón. Los que hoy sueñan con defender a la patria arma en mano, guiados más por las ilustraciones pintorescas de libros biográficos sobre Ernesto Guevara o Camilo Cienfuegos, que por reportajes relativos a los combates de 1958 y la sarna y hambre que sufrieron escondiéndose en la Sierra Maestra, olvidan que ambos, el “Che” y Camilo, murieron en circunstancias no completamente claras, pero como unos perros, traicionados, pocos años más tarde. El Poder ni olvida, ni perdona. Y las luchas guerrilleras en ninguna parte del mundo han llevado a la victoria, sino al sufrimiento de los pueblos que los guerrilleros pretendían defender. La resistencia es necesaria: es un deber de cada uno que aspire a disfrutar sus Derechos y una vida mejor. Pero debe ser una resistencia inteligente, compuesta por la acción política, mediática y la desobediencia civil mancomunada. Armas solo hieren a quien las maneja o a inocentes. Si se pretende ir a la lucha armada, adquiriendo unos revólveres, escopetas y, eventualmente, unos fusiles licenciados por fallas, debe observarse primero la estadística de los presupuestos militares y policíacos en el mundo. Para entender la impotencia del descerebrado soñador ante la realidad en general. Una lucha exitosa, no es solamente la de un momento, sino que para llevarla a resultados irrefutables e irreversibles, necesita de inteligencia y no de la mano armada. Enfrentamos siempre a unos poderosos monopolios, también el monopolio de la violencia.

Volviendo al tema de PDVSA, más allá de la información relacionada con CAMIMPEG, se sabe que, en violación absoluta de toda normativa y jerarquía gerencial, el Sr. Enrique Cisneros, empleado del Banco Rothschild neoyorquino, se mueve por las oficinas y los archivos de La Campiña, como Pedro por su casa. Cisneros, en la poderosa institución financiera de Manhattan, se dedica, entre otros asuntos, a la atención personalizada a clientes petroleros, entre los que destaca el imperio Rockefeller, para los que suele evaluar planes de inversión y de adquisiciones. En PDVSA revisa recientemente los libros, certificados de pozos particulares, proyectos de explotación de crudos dulces extralivianos aplazados por el gobierno de Chávez. ¿Cuál sería su misión? ¿Ayudar a rescatar la empresa, o buscar filetes? ¿Quién le autorizó, siendo persona ajena a la empresa estatal, para poder ingresar a las instalaciones de PDVSA y disponer de sus recursos? No es posible esta visita, sin el visto bueno del gobierno.

También parece, ante estos conocimientos, el endeudamiento de la filial norteamericana de PDVSA, CITGO, con la rusa ROSNEFT. No es adecuado, según las normas originales de la nacionalización de nuestros recursos hidrocarburos, que el desarrollo gasífero en la Plataforma Deltana y frente a Paria, prácticamente por completo, haya quedado en manos de expertos rusos. ¿Estamos ya ante un proceso de privatización transnacional en pleno desarrollo? ¿Cuán confiable puede ser para el propio gobierno su aliado estratégico Rusia? ¿Y cuánto puede confiar el gobierno, entonces, en sus demás aliados; también China? Todo parece indicar que el apoyo brindado por estas potencias, no menos imperialistas que los EEUU, al gobierno de Maduro, está mucho más condicionado de lo visible. Y la condición principal, puede ser el derecho a participar en el reparto de los segmentos de PDVSA que, con la sentencia del TSJ, ahora pudieran ser externalizados de su matriz y convertidos en empresas mixtas, sin limitación alguna.

Una información adicional que merece nuestra atención, surgió en el portal Web mic.com, fundado por el autor del artículo especifico, Jake Horowitz. Horowitz, junto a Chris Altchek, creó esta plataforma noticiosa con fines meramente mercantiles, levantando inversiones por más de quince millones de dólares estadounidenses en los últimos seis años. Al llegar la candidatura presidencial de Donald Trump, el portal tomó una posición claramente crítica con este. Sin embargo, un reciente artículo revela un intento de establecer un contacto directo e informal entre el gobierno venezolano de Maduro y el ahora presidente de los EEUU, por medio de dos empresarios ligados a las empresas de Trump y activos en el ámbito petrolero. Se trata de Gentry Beach y Wadie Habboush; el primero, un inversionista en negocios de explotación en Dallas, Texas, y el segundo, un abogado especialista en derecho corporativo, ex directivo de Exxon e inversionista internacional, de origen iraquí y nacionalizado estadounidense, concentrado durante los últimos años en obras petroleras y de reconstrucción de infraestructura, esencialmente en Iraq y Afganistán. Ambos mantienen amistad y relaciones de negocios con los hijos del actual presidente norteamericano, Donald Jr. y Eric Trump.

Según lo que reporta este portal, se reunieron en marzo con funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional (NSC por sus siglas en inglés), en la Casa Blanca, y entregaron a Trump, por la vía de su principal asesor y estratega, Steve Bannon, un plan de diez puntos para abolir las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos, durante la administración Obama, y más recientemente. Habboush notificó haber tenido reuniones personales con Maduro y con la canciller Delcy Rodríguez en preparación a la visita a la Casa Blanca, y la llamaba desde el encuentro con los funcionarios del NSC, aprobando así su contacto directo. Esto sucedió antes de la nueva suspensión del pronunciamiento de la sentencia a los sobrinos de la primera combatiente Cilia Flores hasta junio. Cuatro días más tarde, Maduro en transmisión televisiva desde un evento dedicado a los CLAP, llamaría al primer mandatario de los EEUU “camarada Trump” y aseguraría que este le aportaría, de pronto, envíos de alimentos “a muy buen precio”. Dada la situación de las relaciones entre nuestra patria y la potencia norteamericana, ¿cuál sería la motivación de dos empresarios de semejantes perfiles, para que abogasen por la suspensión de las sanciones impuestas a nuestros funcionarios señalados por supuestas violaciones a los Derechos Humanos y narcotráfico? ¿Habría en este juego empresas mixtas por ser externalizadas de la estatal PDVSA? Probable.

También existe información de que en el Centro de Refinación Paraguaná – CRP; compuesto por las refinerías Bajo Grande, Cardón y Amuay), son ingenieros chinos los que ahora se ocupan de la recuperación de estas instalaciones. Pero, a pesar de su presencia y labor desde hace casi año y medio, no se ven avances, sino parece que lo que se realiza son planificaciones para una reconstrucción futura. Lo mismo se observa, desde hace cuatro meses, en el Complejo José de Anzoátegui.

Como puede resumirse, razones para sospechar están dadas y parecen ser más que suficientes. Motivos, dado el alto valor de negocios en el marco de un eventual remate de activos de PDVSA y ante la realidad de la desbordada corrupción en nuestro país, hay. Falta un último detalle: ¿Y qué, si la oposición lograra tumbar el gobierno de Maduro? En ese caso, creo que esto podría aplacar a todos aquellos quienes, eventualmente, están esperando con impaciencia este gran negocio vende-patria.

La oposición no va a lograr un cambio político en el país, con anterioridad al vencimiento del lapso de gestión de la presidencia de Maduro, y ni lo buscan. Sus liderazgos, concretamente los mandos del llamado “G-4” de la MUD, participan de pleno en este negocio, y es por eso, que han saboteado a lo largo de los últimos años toda iniciativa de su propio bando político con respecto de sacar a Maduro de Miraflores, y han mandado a su militancia a casa, el pasado 1 de septiembre de 2016. También por esto, han cometido toda torpeza posible, en cuanto a la obtención del referéndum revocatorio y, los voceros del gobierno, de manera frecuente han asegurado al público que un cambio no se va a dar y que la oposición misma es quien incumple con las formalidades para que se dé la consulta popular. Claro, se trataría de una conspiración de dimensiones enormes, para no decir, descomunales. ¿Puede ser también esta la razón, por la cual UNASUR, ex presidentes y el propio Vaticano, se han prestado a fingir una rueda de diálogo improductiva? ¿Puede ser por eso, que la OEA se ha demostrado incapaz de activar una Carta Democrática Interamericana, la cual, a diferencia de todos los temores que nuestros compatriotas cultivan, a raíz de desinformación dirigida, no significa peligro de sanciones algunas, sino un esquema de diálogo con normas, donde ambas partes tendrían que cumplir lo acordado? No me atrevo decir, que tal conspiración entre mafia usurpadora de nuestro gobierno y Estado, oposición y comunidad internacional (cada país en representación y defensa de los intereses de sus transnacionales), exista. Pero, me atrevo decir, que tal sospecha tiene fundamento, y que es altamente probable, a partir de todo lo que hemos visto en el ámbito político nacional desde la muerte de Chávez.

Ya la privatización de activos venezolanos a favor de los grandes consorcios transnacionales occidentales y orientales se inició, de un modo todavía suave y cauteloso, con la creación de las empresas mixtas en la Faja Petrolífera del Orinoco. También, la entrega de potestades sobre las Industrias Básicas de Guayana a nuestro deudor chino, cumplen este requisito. Tras la muerte de Chávez, con el “Arco Minero”, tal proceso de privatización de las riquezas nacionales llegó a un nivel ya insoportablemente obvio e ilegal. Pero, con la reubicación de la CAMIMPEG en la City of London (distrito financiero legalmente autónomo en el centro de Londres) y la sentencia N° 156 de fecha 29 del mes marzo de 2017, se abre el camino a un saqueo total de esta patria. Y aquí, voy al grano y a explicar el polémico título de este artículo.

Venezuela fue colonia española de 1527 a 1811. Durante esta época, las ciudades costeras, con frecuencia, fueron saqueadas. Por piratas, concretamente, por corsarios británicos y bucaneros holandeses y franceses. Estos piratas, de los cuales el primero (Diego de Ingenios) se presentó frente a Cubagua el 23 de julio de 1528, no son mi inspiración para crear el título del artículo presente. Porque, realmente, no fueron piratas en el verdadero sentido de la palabra. Un pirata, del griego peira (πεĩρα; atrevimiento, empresa, asalto), es un ladrón marítimo (como se ha definido en el uso romano de la palabra griega adaptada en el latín con el término pirata). Pero, el fenómeno caribeño entre el siglo XVI y el XIX, relacionado directamente con la competencia entre las potencias coloniales europeas: España, Gran Bretaña y Francia, se presentó en forma de corsarios, filibusteros y bucaneros. Los primeros (corsarios) fueron navegantes caudillos con una carta de corso, la cual les dio el estatus de unos mercenarios marítimos conexos a la armada del país que les otorgaba tal estatus. Los bucaneros fueron colonos franceses asentados ilegítimamente en territorio español, que se prestaron también como mercenarios contra España y la corona británica. Y un filibustero es simplemente el nombre francés para los corsarios. Todos estos mercenarios marítimos, aunque generaron patrimonios personales por concepto de hacerse con un botín, estaban legitimizados por el primitivo Derecho internacional de la época.

Pero, había otra clase de piratas en las costas e islas del Mar Caribeño. Piratas verdaderos, sin carta de corso u otra titularidad de un mercenario en apoyo a la armada de una potencia estatal. Los que actuaron, como aquí decimos, “por su cuenta” con el mero interés de enriquecerse apoderándose de lo ajeno. La mayoría de ellos se limitaba al saqueo de mercancías a bordo de barcos hundidos en las tormentas tropicales, o encallados en arrecifes, bancos de arena y playas. Operaban desde la playa, a pie o en botes pequeños, con un rango de acción muy limitado, local. Eran colonos pobres, o esclavos fugados, rebuscándose con dicha actividad complementaria a sus esfuerzos como pescadores, agricultores y artesanos. No distinguieron entre embarcaciones del enemigo y de la propia potencia colonial. Así que, en términos del Derecho vigente de su época, no fueron más que unos simples ladrones en el ámbito marítimo.

En las playas y los cayos venezolanos, eran bastante comunes, ya que, en la época de los veleros, una gran parte de las embarcaciones que comunicaron a “Las Indias Occidentales” con el continente europeo, tomaron la ruta entre las Islas Canarias y las costas sureñas del Caribe, debido a la situación de torrentes marítimos y vientos favorables para el cruce del Atlántico durante dos estaciones del año. Así que, alrededor de la mitad de todas las embarcaciones que viajaron entre “el viejo” y “el nuevo” mundo, tocaron costas venezolanas. En consecuencia, este tipo de piratería era más frecuente en nuestro territorio, que en otras provincias coloniales españolas.

Especialmente en el Oriente de nuestro actual país venezolano, en la Provincia de Nueva Andalucía y Paria, luego rebautizada como Provincia de Cumaná, se practicó el encendido de faros falsos con el objetivo de desviar a los buques mercantes, para que naufragaran y pudieran ser saqueados. En los cayos de Mochima, de Morrocoy y en Los Roques, vararon esclavos africanos desde embarcaciones esclavistas portugueses y españoles, procedentes de los mercados árabes en África occidental, al ser atacados por corsarios y bucaneros. Los captores mercenarios, no tuvieron interés en los esclavos. Este tipo de mercancía viva, no era un botín adecuado para quienes no sabían cuánto más tiempo tomaría, perseguido eventualmente por toda una flotilla, hasta nuevamente poder tocar tierra. Tanto por el balasto que comprendía, como por la necesidad de alimentación y agua dulce. Por eso, se acostumbraron a lanzarlos al agua, si habían apresado un navío con éxito, o dejarlos hundirse con el mismo, si su fuego artillero lo había despedazado.

Con estos náufragos secuestrados de sus tierras ancestrales a las Américas, también llegaron a estos islotes algunos animales domésticos; en particular cerdos, cabras y gallinas que en los barcos fueron llevados como provisiones vivas, no perecederas. Estos esclavos africanos, para su envío por mar, fueron marcados con zarcillos que indicaron cuál esclavo pertenecía a cuál comerciante, ya que los barcos llevaron mercancía de varios esclavistas a la vez. Los zarcillos, para no poder ser removidos, una vez puestos fueron cerrados inamovibles, de modo de soldarlos. Así, los africanos llegados a costas venezolanas por el hundimiento de las embarcaciones, en las cuales involuntariamente habían viajado, no removieron a estos aretes, comúnmente de bronce. En francés, el zarcillo se llama creole o creoline. Los bucaneros, con frecuencia, visitaron a las colonias de esclavos liberados indirectamente por los corsarios ingleses, para comprarles cerdos y cabras, carne de tortugas marinas y pescado disecado, a cambio de harina, azúcar, aceite y otros víveres imposibles de producir en los cayos, así como venderles cuchillos, machetes y hachas por perlas. Por sus aretes, les llamaron “creoles”. De allá adoptaran más tarde los independentistas venezolanos el término “criollo”, para distinguirse como americanos libres de los colonos nacidos en España u otros lugares europeos.

Los piratas de playa venezolanos, comúnmente colonos de origen español, fueron una plaga para la navegación mercante. Su costumbre de saquear a las embarcaciones en problemas, empeoró su situación tras ser golpeados por una tormenta tropical. Muchos comerciantes navieros perdieron sus mercancías debido a ellos, hasta que sus casas de comercio ultramarino en el “viejo mundo” podían ir a la bancarrota al perder un cargamento en el que estaba invertido su patrimonio personal. Eran esos pescadores, quienes se rebuscaron con el robo de modo traicionero, los verdaderos piratas del Caribe. Su ejemplo –dado que la práctica de la piratería playera les permitió llegar a un moderado bienestar, a diferencia de la miseria sin alternativa que vivían los campesinos de las cordilleras costeras y los vaqueros en los llanos, que no eran más que jornaleros servidumbre en predios de oligarcas españoles, igual como el pueblo común en la Europa de la época, prácticamente esclavos mismos, tal como los indígenas vencidos por la fuerza militar hispánica de ocupación colonial o los africanos secuestrados por los árabes en sus tierras natales y comercializado por comerciantes portugueses sin escrúpulos a los terratenientes europeos en las colonias americanas–, influyó en los sueños de una vida mejor de la servidumbre colonial, de origen europea o producto del mestizaje entre aquellos y las esclavas indias y africanas.

Se formó una cultura popular de admiración al pirata, con zarcillo de oro y rumbero, el cual, así se pensaba tierra adentro, no tuvo que trabajar, sino que vivía el día a día. Esta imagen completamente errónea que el campesinado venezolano colonial se inventó en la época colonial, hoy vive en las películas hollywoodenses de piratas, respecto a vestimentas y jerga de los aventureros de alta mar. Los corsarios, en realidad, fueron europeos de clase alta de conducta refinada y sus tripulaciones usaron uniforme militar. Malas palabras y cualquier otra forma de malas conductas, por socavar la disciplina a bordo, fueron castigadas severamente. Y hoy encontramos este sueño malentendido de libertad y riqueza, anclada firmemente en la mentalidad venezolana poscolonial, en la cultura de los mineros artesanales, los contrabandistas bachaqueros y de drogas, y el malandreo del barrio urbano.

La clase política de nuestro país, está compuesta por dos tipos de personajes. Por un lado, tenemos un liderazgo oligárquico, muchas veces invisible para el público general, en los altos niveles de la dirección de los partidos, o como lobby, detrás de ellos. Por otra parte, tenemos a los dirigentes políticos de cada partido, los que compiten por las candidaturas a cargos de elección o que, al ganar las elecciones un colega suyo, son llevados a la administración pública por estos, a los cargos gerenciales de libre nombramiento y remoción. Ellos, en su mayor parte, vienen de familias humildes o, ya en segunda generación, son la prole de políticos de la generación anterior convertidos en clase media hasta media alta, siempre que sus padres hayan participado en las prácticas corruptas, y subido así escalones en la estructura social. Pertenecen al pueblo común en sus costumbres y educación familiar, comparten su mentalidad y sueños. Viven la cultura pirata mal entendida.

La clase política pirata de la (mal llamada) cuarta república, durante la gestión presidencial Caldera 2, se reordenó y reagrupó. La juventud de los partidos AD y COPEI participaron en la creación de nuevos partidos. COPEI, de facto, fue sustituido por Primero Justicia y AD perdió fuerza, especialmente, en el Centro Occidente y Occidente del país, ante partidos como Proyecto Venezuela y Un Nuevo Tiempo, e indirectamente, Avanzada Progresista.

Los no tan jóvenes dirigentes “adultos contemporáneos” como se dice en Venezuela –entre ellos, por ejemplo, Iris Varela (ex directora general de COPEI Táchira) o Freddy Bernal (ex director de la campaña “el Gocho [Carlos Andrés Pérez] pa’ l 88” de AD)– saltaron la talanquera y se unieron a la creación de tolda nueva Movimiento Quinta República (MVR). Fueron, en su mayoría, tales dirigentes que, en sus partidos tradicionales puntofijistas, los liderazgos de la época no les daban oportunidades. Posiblemente, por no confiar en ellos y verlos como aún más peligrosos para el patrimonio público y la estabilidad política, económica y social, que a su propia generación. Así, José Vicente Rangel y Luis Miquilena no tuvieron dificultades para agrandar el espectro unido bajo la tolda nueva, formada originalmente con desertores del MAS, Bandera Roja y Causa R, entre otros sectores de la Izquierda tradicional. Necesitaban los refuerzos desde las reservas del puntofijismo, ya que esta Izquierda tradicional criolla –a pesar de una innegable firmeza ideológica, preparación estratégica y el respeto disfrutado desde las masas pobres, incluso una cosecha de votos muy por encima de los valores electorales obtenidas por estructuras marxistas, leninistas-maoístas, trotskistas, anarco-comunistas u otras corrientes izquierdistas dogmáticas, incluso juntas, en cualquier otro país del mundo– nunca gozó de una vanguardia numerosa y canteras propias suficientemente amplias como para poder llenar planchas para un proyecto de gobierno integral.

Así llegó la cultura pirática a reemplazar, con la elección presidencial de 1998, a la cultura de vasallos oligárquicos de la cuarta república. Y, aunque sabemos todos que la bandera de corso, imagen de la piratería de la “época dorada” entre 1527 y 1811, no lleva ni una estrella, sino una calavera y dos huesos de fémur cruzados debajo de la primera, se desarrolló mi pregunta “¿Cuántas estrellas tiene una bandera pirata?”, porque, el plazo desde las elecciones de 1998 hasta la fecha, se ha caracterizado por una fuerte polarización entre el gobierno “chavista” y la oposición al mismo; prácticamente en un nuevo bipartidismo sustituyente del puntofijismo, que no deja espacios para alternativas terceras. O estás con Chávez o en contra de él. Basta. Y esta polarización, se expresó, de manera más pintoresca, en la modificación de los símbolos patrios el 9 de marzo de 2006, cuando la AN aprobó la inclusión de una octava estrella al pabellón nacional de 1954. Desde entonces, el uso de la bandera nueva, o el uso provocativo de la anterior versión, ha sido elemento emblemático en la confrontación entre dos bandos de piratas de la politiquería venezolana, enfrentados sus capitanes por el botín petrolero y minero del subsuelo que pisan. Mejor dicho: que pisotean.

La participación popular en la vida política, en contra de todo discurso –comunero de un lado y emprendedor del otro– ha sido reducido al seguir al uno u otro banderín, y los voceros de las dos teorías respecto al número de estrellas que deben decorar la franja azul del tricolor.

Desde entonces, dos bandos, liderados por piratas, andan por las calles, gritando la consigna “un pueblo unido, jamás será vencido”. Ambos tienen la razón. Unidos, lograrían resolver los problemas a los que son sometidos todos por igual. Pero sus líderes piratas los tienen divididos. Y así, unos piratas roban y los otros piratas reciben su participación en el botín, fiel al arreglo corsario conocido como Derecho de presa. Mientras que unos, en el gobierno, a pesar de su discurso socialista, desmontan el Estado y todos los servicios que este debe brindar al pueblo por completo, a la manera de una práctica ya incluso más allá del neoliberalismo, y rematan con las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco y del Arco Minero del Orinoco –las riquezas del territorio nacional–, quebrando a la pequeña y mediana empresa por medio de un burocratismo sin antecedentes y sin lógica económica-política, para luego apoderarse a precio de gallina flaca de las empresas arruinadas. Los otros, con empresas de maletín a nombre de testaferros, participan en el reparto del presupuesto nacional por medio del otorgamiento de contratos para la construcción de viviendas y la compra de materiales importados para el sector eléctrico y otros servicios públicos básicos, y de las divisas del BCV y de PDVSA, por medio del control de cambio, el otorgamiento de dólares preferenciales para la importación de mercancías básicas ya no más producidas en el país y la reventa de tales divisas a precio del mercado negro. Y si caen unas migajas, las recogen en la ruta del contrabando de extracción y del bachaqueo. No dejan nada para nadie más.

Donde sea que haya una cámara, un micrófono o simplemente testigos oculares, se atacan, se insultan y ofenden, y se amenazan con futuras consecuencias penales. Pero, en los negocios están unidos. Y juntos celebran sus éxitos económicos compartidos, cuando no haya espectadores, en los locales de la gastronomía de alto nivel de Las Mercedes, del CC. San Ignacio y Los Palos Grandes, o a puertas cerradas en residencias privadas de lujo, con “güisqui” de 24 años. Entre la cúpula del PSUV y el G-4 de la MUD, colaborando con absoluta lealtad, ya desangraron al país, Pero, su golpe final, apenas está por venir.

La oposición antichavista reclama las sentencias N° 155 y 156 del TSJ por la obvia rotura absoluta del hilo constitucional. Piden las cabezas de los magistrados serviles. Pero no pierden ni palabra respecto al único resto de estas sentencias que quedó en vigencia, tras abolirlas por las siguientes N° 157 y 158, que es la posibilidad ahora de convertir cualquier función del Estado en empresas mixtas, sin reglas algunas. Como si hubiesen comprendido que el país colapsó por su puesta en escena teatral a lo largo de todos estos años, y que, tras el desfalco récord mundial a las arcas del predio público, al terminar esta función, la gente los va a correr. Un pirata no huye. No, sin el botín, al menos. Y aún queda un filete llamado PDVSA. Pero la empresa siempre va a quedar como propiedad de la nación, y como no se la pueden llevar, solo les queda rematar sus activos y llevarse el precio logrado en el remate de los mismos. Y para eso, la sentencia 156, y para eso, la creación de la CAMIMPEG y su posterior traslado a los registros mercantiles de Londres competencias por encima de la directiva de PDVSA.

En este momento, con esto estoy seguro, que el pueblo de Venezuela solo tiene dos opciones: o romper la polarización, razonar cada uno y unirse todos, contra el robo, o seguir dejándose engañar los unos por un pirata y los otros por el otro, ignorando su complicidad e ignorando el refinado plan detrás de todo eso. Los piratas, por sí mismos, no disponen de la capacidad, ni para desarrollar tal proyecto ni para ejecutarlo, sin la ayuda de terceros. En este caso, los terceros que son los interesados en la venta, son las transnacionales estadounidenses, canadienses, británicas, españolas, francesas, italianas, rusas, chinas, árabes sauditas, de Qatar y Dubái, brasileñas, mexicanas, colombianas, entre otras. Como cuentan, a diferencia del pueblo y las empresas privadas pequeñas y medianas venezolanos, con Estados, gobiernos e, incluso, oposiciones nacionales que trabajan en defensa de sus intereses, son las voces políticas de los países donde tienen sus casas matrices estas transnacionales, algunas privadas y otras estatales, que se les antoja los recortes jugosos de nuestra PDVSA, mientras sus gobiernos les brindan un servicio respectivo, en cuanto toman posición con relación a los acontecimientos politiqueros en nuestro país, según la imagen pública de cada uno de los países.

Su crítica o abogacía contra o a favor de nuestro gobierno, en declaraciones de prensa y su actuación en los escenarios de los organismos multilaterales, no es para que aquí cambie algo –ni a favor de una eternización del gobierno Maduro, ni a favor de un cambo político a corto plazo– anterior a la externalización y venta de las partes y los pozos de PDVSA a las empresas de sus países. Su show, solo busca evitar cualquier sorpresa que complicaría a la externalización de los activos petroleros de nuestra nación e impidiera su conversión en empresas mixtas, sin limitaciones.

Es por eso que, aún cuando una mayoría de los países miembros en la OEA solicitaba una sesión especial dedicada a la situación en nuestro país y la posible activación de la Carta Democrática Interamericana, ellos mismos dejaron solo al secretario general de la institución con sus reclamos, al iniciarse la sesión, atrincherándose en la opción de seguir pidiendo un diálogo. Es por eso que la UNASUR, Zapatero con sus colegas ex presidentes de República Dominicana (donde PDVSA es accionista en una importante refinería) y Panamá (cuyos bancos realizan la mayor parte del lavado de capitales para la corrupción, no solamente para nuestros piratas, sino de toda América Latina y el Caribe), además del Vaticano (fiel aliado del sistema financiero internacional, cuyas riquezas acumuladas durante la era medieval y heredada del Imperio Romano antiguo, tras la Guerra de los Treinta Años y la creación de los Estados nacionales europeos a raíz de la Paz de Westfalia, se convirtieron en los capitales fundacionales de las principales casas bancarias como son Rothschild, Morgan, Brown, entre otros), han permitido ser los hazmerreíres al aceptar brindar, con su presencia, legitimidad a una “mesa de diálogo” sin reglas ni consecuencias en caso del incumplimiento de los acuerdos virtualmente logrados. Es por eso, que el aliado China nunca le da al gobierno de Maduro lo que él necesitaría para reactivar nuestra economía nacional y estabilizar su gestión ante la opinión nacional, pero sí le dan lo suficiente, en raciones bien medidas, cada vez que el riesgo de una explosión social aumenta, para aguantar el país otras semanas más. Es por eso, que Rusia va de acuerdo en acuerdo o de firma en firma, sin nunca cumplir su parte para que las empresas mixtas acordadas llegasen a producir.

Un pueblo unido jamás será vencido. Es una realidad. Pero no para la realidad venezolana, donde un pueblo dividido por sus rencores entre hermanos se ha vuelto presa fácil de los piratas unidos, que en dos grupos atacan desde dos lados, bajo dos banderas distintas, del mismo tricolor, pero una con siete y otra con ocho estrellas, para que cada bando del pueblo crea que, si uno es el atacante en su flanco, el otro debe ser su aliado y salvador. Recapacitemos hermanos, dénse la mano y únanse contra el enemigo. Son las únicas dos alternativas que quedan. Y a todos aquellos quienes creen verdaderamente en que su hermano, su padre, su hija, el vecino, por ver el menor mal en el bando contrario al que mismo siguen ciegamente, fuesen el enemigo de esta nación, tengo que aclarar que el peor enemigo de un pueblo, es el oportunista intolerante. En Alemania, esa postura de una minoría, hace ya poco menos que un siglo, llevó a la dictadura nacionalsocialista, a una guerra mundial y a millones de muertes, incluso con anterioridad a la guerra. En la Unión Soviética, la misma postura, llevó al estalinismo, a la misma guerra mundial y millones de muertes, incluso durante décadas de paz posteriores a la guerra. La intolerancia es el primer mal de la humanidad, y no es ignorancia, pues esto sí es estupidez. Es la primera causa de muerte y miseria en la sociedad humana.

Y al pirata, así fue la tradición en la era dorada, entre 1527 y 1811, sin importar bajo cuál bandera navegara, hay que colgarlo, uno al lado del otro, sin distinción, en la verga del palo mayor del barco. Por el bien de todos.

Muchos de mis lectores, ahora van a decir: pero los sucesos de los últimos días, las nuevas manifestaciones, la represión incrementada, la inhabilitación de Capriles, etc., contradicen lo que el autor desarrolla en el artículo presente. Respondo: ambos bandos no tienen otra opción, en reacción a la dinámica impuesta por las bases, que siguen a su juego para mantener los liderazgos la imagen de confrontación fundamento de la división polarizadora. Tampoco pueden, en el contexto de tal polarización indispensable para sus fines, arriesgar perder el apoyo, cada uno de las bases correspondientes a su papel en el juego politiquero y tienen que asumir, por ende, cada uno el rol ya establecido.

Tampoco es que toda la oposición popular y los medianos y bajos niveles de dirigencia de la MUD sean todos piratas. Solo un grupo de liderazgo absoluto y absolutista dentro de la MUD, son los colaboracionistas traidores a sus propias bases. Y tampoco es, que el gobierno careciera de seguidores quienes, mal interpretando a su cúpula y a la situación que se vive, no pudiesen caer en el juego y, por (mal) interpretación propia, llegar a excesos; ni pudiera el gobierno mismo arriesgar perder el apoyo de su único capital restante, como es el apoyo del potencial más radical de facto fascistoide de ciertos colectivos, los que nada tienen que ver con la tradición política y social de los colectivos de luchas sociales y culturales (estoy hablando del crimen organizado politizado durante estos últimos años), ya que solo el chantaje con un latente peligro de llegar a una guerra civil, mantiene estable a su hegemonía.

Y, por último, tampoco es que los papeles en este juego chavismo-antichavismo, tienen que ser mantenidos en estabilidad absoluta. Los piratas se traicionan entre sí, en cuanto se acerca el reparto del botín. Si el gobierno se resbala, la MUD no dudaría en tomar su espacio y hacerse con el Poder, ya que significaría un incremento de su participación a costo de la cuota de los piratas del otro barco. Igualmente, no pudiesen arriesgar la caída del gobierno antes de darse la privatización de PDVSA, por lo cual podemos esperar una nueva traición a sus propios seguidores, lo más pronto posible; probablemente en los alrededores de la convocatoria para el 19 de abril (tal como fue la conducta de su cúpula el pasado 1 de septiembre). Van a hacer todo lo posible para, aunque debilitando al gobierno Maduro, permitir su conversión en una dictadura virtualmente cada vez más endurecida, para celebrar su victoria, no antes a las elecciones presidenciales del venidero diciembre de 2018.

 

¡Mosca pueblo!

 

 

 

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