Despierta Venezuela, despierten venezolan@s

Por Gunter A. Hentschel

 

Siempre hay un futuro y la palabra griega “crisis” no significa catástrofe, sino cambio. Pero sin conciencia y voluntad, todo cambio pudiera llevar al desastre. Conciencia de sociedad y voluntad de convivencia. Capacidad para crear y cuidar el consenso, construir paz. Sin conciencia es y siempre será la norma de la muerte definiendo la vida. Con conciencia, la vida se convierte en normativa para la convivencia de todos, permitiendo a todo individuo desarrollarse, tanto en libertad como en seguridad por partes iguales –como un igual entre iguales– y, al mismo tiempo, un diferente con derechos iguales, y con deberes según las posibilidades definidas por su diferencia. Con esto, describo un estado ideal, casi utópico, pero que a veces ha llegado, aunque sólo por instantes fugaces, a ser un paso determinado en el camino de los pueblos. Pero Venezuela nunca ha gozado de este paso, ni del camino que contiene este paso en potencia. A veces se le ha acercado a lo largo de su historia. Pero nunca lo encontró. Chávez tuvo una visión de cómo poder hacer más eficiente la búsqueda. Ese fue su verdadero honor y ese es su legado en la forma de la Constitución de 1999. Sin las enmiendas que ya la mancharon, tratando de blindar el poder contra el soberano popular. Y cumplida, estrictamente cumplida.

Por eso, el gobierno actual no puede ser chavista. En nada y para nada. Porque entró en un mismo juego en el cual sectores líderes de la oposición antichavista ya se movían desde siempre, ignorando por completo a la Constitución vigente –hecha por decisión soberana y decisión popular y exclusiva– y reduciéndose a una lucha de choque de trenes, pensando poder brindar más fuerza a su locomotora por medio del peso de vagones añadidos al tren. Al actuar así, por el contrario, los vagones que ya formaban parte del tren, se desligaron del mismo. Al perder así fuerza, el tren revolucionario y su dimensión meramente gubernamental y de cúpula partidista desde el 14 de abril de 2002, los maquinistas del otro tren involucrado en el choque, nunca crecido en fuerza, de la oposición polarizada/polarizadora, hoy bajo el trademark MUD, vieron su chance y retomaron una lucha muchas veces abandonada, que busca sentar al otro lado en una negociación por cuotas de poder; lo único que saben de todo lo que es política y lo único que saben hacer en el parqué político, reduciendo su actividad a la politiquería.

Puede, que la imposibilidad de alcanzar este camino, es consecuencia de una tradición que se remonta al morbo de la muerte en el contexto de la Guerra de la Independencia y, que el retomar la tradición bolivariana, ha vuelto a despertar ese morbo y provocado una pérdida de valores que impidió que la sociedad venezolana, mayoritariamente chavista en su momento, alcanzara un nuevo nivel de sociedad socialista, y que, al contrario, se haya entregado, por un lado, a un Estado más neoliberal, y por el otro, más autocrático, además de socavado por los intereses particulares unidos en estructuras mafiosas.

No queda tiempo, la constituyente va

Así que, no queda otra: Ahora frontal, pero no contra una constituyente no convocada correctamente y con muchas irregularidades además; no contra la escalada neoliberal de las riquezas minerales e hidrocarburos y la corrupción nutrida de ella, sino contra cualquier escenario diferente a un Estado participativo de verdad y al servicio de la ciudadanía en su totalidad y, al mismo momento, en sus niveles comunitarios e individuales por igual: la única forma de democracia que mereciera ese nombre, a diferencia de la representativa.

Frontal contra el caos que toda variación de desorden contiene en potencia, que toda pensable (e impensable) opción de accidente, desastre, catástrofe y crisis contienen, y que con probabilidades inmensas y porcentajes iguales pudieran manifestarse y triunfar, o en una explosión social, una sublevación uniformada sin liderazgos claros y sin unidad o posición política verdadera, o una transición dictatorial –o liderada aún por Maduro o liderada por Diosdado, sino por un títere de uno de ellos o terceros–, sólo hasta su pronto e inevitable colapso, y el volver a la encrucijada entre una opcional explosión social, una eventual sublevación uniformada sin liderazgos claros y unidad o posición política verdadera, o una potencial transición dictatorial entonces liderada, o por una cúpula castrense particular e ideológicamente definida, aunque minoritaria y aislada, o por una inconstitucional alianza negociada entre múltiples factores, pero controlada por FANB, MUD, disidencia chavista y disidentes maduristas de última hora (mis saludos a la heroica fiscal y a su asesor y guía espiritual enlace directo con el sacro imperio romano de nación multiétnica y jesuita; es decir, templario, es decir católico-hebraico-asirio/sunita; máximo jugador en cuanto a los intereses nacionales oligárquicos e internacionales macroeconómicos neoliberales y neocoloniales en el terreno de Venezuela en estos momentos) en armónica mancomunidad.

La constituyente es ofrecida con una argumentación que la presenta como medio de salvación general. Las bases del PSUV chavista, en buena parte nada madurista –madurismo parece ser una secta minoritaria de círculos de cúpula alta y algunas pandillas de calidad de azotes de barrio– serían, al fin, tomadas en cuenta por la cúpula; tras tantos años en que han sido ignoradas. Al chavismo disidente se le ofrece el regreso a la participación política como parte de un autogobierno popular. La misma participación es ofertada a los impotentes sectores de oposición independientes de la MUD, pero solitarios e incapaces de formar un tercer bloque al lado del PSUV y la MUD. Mientras la oposición antichavista, unificada y vaciada de elementos ideológicos y propuestas particulares, busca negociar una cuota del poder a cambio de aceptar la pertenencia de un liderazgo PSUV/cúpula del Estado sin separación de Poderes, hasta finales de las gestiones electas en curso; a más tardar, con la culminación de la gestión presidencial vigente.

Si en las reuniones secretas realizadas en Fuerte Tiuna –por ejemplo en el día del reciente paro nacional de 24 horas, jueves 19 de julio, en su mayor parte de carácter patronal y aún tolerado por la clase trabajadora sumergida en la miseria, no sin una pizca de simpatía suya por la protesta patronal como mínimo–, en las que participan la alta cúpula de los poderíos maduristas (alianza de la primera combatiente y el adeco cuartorrepublicano Aristóbulo en el centro de una red de alianzas menores), el presidente de la República es el factor de menor importancia (su pobre imitación del antecesor es, quizás, lo único de él que allá cuenta), y el poderío del capitán “Ojitos Bonitos” (sin capa de superhéroe pero con el mazo dando, esforzándose en parecerse al Intergaláctico sin nunca alcanzar ni la sombra de aquello, y de quien se rumora frecuentemente encabezar los intereses y el manejo económico de todos aquellos que representan cualquier actividad ilícita en formas manifestadas desde la corrupción que carcomió ya las entrañas del Estado y nos llevó a la crisis, por medio de los negocios ilícitos con las importaciones y mesas de negocios del dólar paralelo a raíz del control de cambio y sus perversiones con la tasa preferencial y su acceso controlado, hasta los delitos penales en todas las dimensiones del crimen organizado en mafias verdaderas); además de las cúpulas de AD, PJ, UNT –ya no más la de VP (desde que Leopoldo llegó a casa y, no se sabe, si puso orden en la casa o si impuso un nuevo capítulo de un mismo guion para ahora convertir la fama adquirida desde 2014, efecto de la leyenda de su martirio, en liderazgo popular, cuando la competencia presidencial se limita a luchar por cuotas dentro una cúpula irreal y hasta surreal ante la realidad de la calle en su propio bando, donde ya nadie controla nada, por ahora)–, LL, al menos, parece ser el único en el lado MUD que reconoce esto, reacciona ante esto, y pudiera hasta llegar a tener éxito mientras su estrategia se concentre en las elecciones de diciembre de 2018, y logre, siempre amenazando con un liderazgo capaz de recalentar la calle, negociar su rehabilitación política a tiempo; sin embargo, LL aún no ha buscado tal negociación, pues continúa en la lucha por encontrar primero de qué manera asegurar su imagen adquirida por la estadía en Ramo Verde para convertirla en liderazgo integral: en su partido y sobre la MUD, la cual medio objeta o diverge su tolda anaranjada, y medio la colabora, minando realmente su cúpula, desviando su rumbo cada vez más a favor de un proyecto presidencialista personalista); y todo auspiciado –por lo menos patrocinado, posiblemente dictado– por la cúpula militar y la iglesia católica, los dos suprapoderes, nacional y global.

Pero la mayoría de factores políticos en el país están excluidos de esta negociación, por lo cual sus resultados nunca llevarían a la estabilidad. Sólo a nuevos choques tras cortas pausas sin efecto regenerativo, a nuevos momentos de crisis, de cambio; siempre con los mismos riesgos de nuevo, de desunión, violencia y miseria. Una negociación hecha visible cuando el actual presidente informó, por vez primera el sábado 22 de julio y desde entonces a diario, la posibilidad de posponer la elección a la asamblea nacional constituyente, siempre que la oposición MUD pidiese su participación en tales comicios, para poder inscribir aún a sus candidatos para tal evento.

Mientras que un bando confiaba poder realizar una constituyente sin aprobación previa por el soberano único y exclusivo, el pueblo representado por el electorado inscrito, y en flagrante violación de todo su discurso de argumentación (seudo-) socialista (frente a una práctica realmente fascistoide, por consistir en medidas económicas beneficiosas para los grandes monopolios y en posturas políticas militaristas, autocráticas y, más que nacionalistas en un sentido desarrollista, xenófobo), el otro bando, en oposición conspirativa a su propio discurso ante sus bases electorales, buscaba la vuelta hacia la celebración de los comicios regionales y locales, las cuales le otorgaría, en estos momentos, la inmensa mayoría de cargos gubernamentales en las entidades municipales y estadales a lo largo y ancho del territorio nacional. Cargos que se traducen en el manejo de presupuestos anuales; un festín para cualquier politiquero oportunista. Culminando entre hoy y mañana (cuando digo hoy, es miércoles 26 de julio), las negociaciones entre ambas partes, ahora parece lo más factible que ambos procesos electorales, constituyentista y regional/local, pudieran realizarse en conjunto. En consecuencia, el oficialismo pudiera contar con una leve recuperación en el sentido de restaurar sus nexos con parte de los potenciales de votos de protesta en las últimas elecciones a la Asamblea Nacional. Número de electores no suficiente como para una reconquista del Poder Legislativo, pero sí suficiente como para profundizar la situación de un empate técnico, el cual impediría más aún el logro de soluciones a los problemas vividos.

La oposición antichavista monopolizada, MUD, se llevaría una mayoría de gobernaciones y alcaldías, creándose un contrapeso aún no dominante en un Estado de modelo centralista (no en sus definiciones constitucionales de 1999, pero sí en la práctica política-gubernamental desde mediados de abril de 2002) frente al Ejecutivo nacional madurista. El empate técnico desmovilizaría por completo a la dinámica de choque generalizado, vivido desde inicios del año pasado y convertido en dinámica de choque de trenes en todas sus consecuencias, desde el segundo trimestre del año en curso (2017).

Las bases electorales de la MUD quedarían frustradas, en su inmensa mayoría resignadas, mientras que, con la aceptación de la cúpula AD-PJ-UNT, los cuerpos de seguridad y el aparato de justicia desarticularían a los sectores radicales pertenecientes al resto de los partidos integrantes de esta frágil alianza, exclusivamente posibilitada por el rechazo mancomunado a las políticas del gobierno madurista.

Al mismo tiempo, el gobierno iniciaría una limpieza política interna, dirigida contra su propia disidencia por un lado y los elementos radicales armados en su bando, creados en el pasado como fuerzas de choque y el componente civil de la “unión cívico-militar” en calidad de cimiento para un gobierno que ha perdido la mayoría hace años. Los “colectivos” armados ya no más son vistos como soporte, sino como amenaza al gobierno, dada su natural conectividad con las comunidades a las que pertenecen y el riesgo de poder convertirse en defensores de los intereses de esas comunidades, viviendo en crecida miseria; a más tardar cuando estas llegasen a la ebullición denominada “explosión social”, en cualquier momento que de nuevo falte la entrega del CLAP, después de la campaña constituyentista. La negociación está a punto de sustituir el consenso social vigente –sostenido por la amplia mayoría popular y expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela– con un consenso político, entre cúpulas partidistas, sostenido por los intereses comunes entre las cúpulas en ambos lados de la polarización y expresado en un acuerdo electoral limitado a un cronograma electoral.

¿Por qué tanto fraude de una clase politiquera ineficiente y, peor, inepta, ante un pueblo soberano?: Por los negocios. Simplemente por el lucro de ambas fracciones politiqueras, como ya ha sido denunciado frecuentemente y desde las trincheras de bases populares en ambos polos políticos, suprimidas estas denuncias frecuentes –generalmente bien fundadas y sostenidas con pruebas irrefutables, efectuadas en su mayor parte o por contraloría social chavista (cada vez más antimadurista) o por activistas opositores particulares marginados por la poderosa cúpula MUD, a lo largo de los años– por la fiscal general de la República que, recientemente, parece haberse volteado contra el gobierno, convirtiéndose en una heroína más que irracional de las bases opositoras.

Los negocios que siempre han beneficiado, no sólo a la corruptela oficialista, sino también a las puntas de la cúpula máxima opositora (AD-PJ-UNT). Los negocios que abarcaron en un reparto de la renta petrolera entre los bonzos de ambas caras de la misma moneda: PSUV y MUD como puntas del iceberg de la corrupción criolla originada ya en tiempos de la colonia y por el mal ejemplo de la administración burocrática-arbitraria española y tradicional desde la Independencia y en grado elevado, desde la separación de la Colombia bolivariana pero nunca bolivarista, gracias a las distorsiones históricas e historiográficas surgidas a causa del culto a Bolívar, del “bolivarianismo” creado por el expresidente general Páez, primo-cuñado de un Bolívar apartado del poder gubernamental y enfermo, finalmente fallecido en condiciones de alguien que lo tuvo todo, pero que no supo manejar ni mantener, perdiéndolo todo. “Bolivarianismo” que reemplazó al bolivarismo activo e idealista vigente desde el Congreso de Angostura y hasta la muerte del héroe venezolano y latinoamericano, con un modelo de sumersión popular a los autodenominados defensores de un legado plagiado, falseado y hasta falsificado, tergiversado y secuestrado, convertido en un poderoso medio de justificación para el mantenimiento de privilegios aristocráticos tradicionales y la creación de nuevos privilegios para las cúpulas políticas y castrense de una República que nunca fue, sólo de nombre pero nunca de características.

Cúpulas políticas y castrenses al servicio de una élite aristocrática colonial, escudada detrás de un ejército de títeres y testaferros. Cúpulas políticas y castrenses que reciben la remuneración por sus servicios a la élite social en forma de la tolerancia de su corrupción, siempre que el desfalco al Estado ejecutado por ella se mantiene por debajo del costo real de un hipotético desarrollo integral de la nación, el cual tuviera que ofrecer servicios de calidad al pueblo común. Perlas a los cochinos, en la percepción y comprensión de la élite; por ende innecesario.

La diferencia entre la renta fiscal y petrolera que recibe el Estado –irrelevante en su dimensión política y social, reducida a una mera administración fiscal y de redistribución de la renta, una de facto, empresa mercantil dedicada a la recaudación y el reparto de la renta pública a favor de la oligarquía tradicional y sus vasallos contemporáneo-temporales–, y la inevitable inversión social y operativa del Estado títere de esta empresa, es la ganancia a ser compartida entre la oligarquía tradicional aristocrática y la burguesía servil.

En momentos de creciente inversión pública, esta ganancia puede disminuir, hasta los niveles de la plusvalía generada en la economía nacional; es decir, la tasa de crecimiento anual de la economía nacional. En momentos de crisis económica, de recesión, como lo vivimos en estos momentos, esta ganancia se suma a la plusvalía generada y el valor de activos de la república teatral puestos en venta, en la Faja del Orinoco, el Arco Minero, los nada transparentes negocios de la CAMIMPEG sobre activos de PDVSA… Se arrebatan activos a la República, y cuando se arrebatan activos a la República, lo único que eso significa es: los sectores privados privilegiados se apoderan de las riquezas de la nación que, en el caso venezolano, en su mayoría, son las riquezas naturales; geográficas, hídricas, biológicas, minerales y de hidrocarburos.

La riqueza geográfica consiste primero en la ubicación (al Sur del Mar Caribe, la línea costera venezolana forma un puerto logístico natural interlocutor entre Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, las Antillas, el África y Europa, con calidad de un enlace americano-oriental o americano-atlántico con los mercados asiáticos, por la cercanía del existente Canal de Panamá y el planteado canal chino-ruso por territorio nicaragüense), que califica a Venezuela nuevamente como un centro logístico inter-hemisférico –lo cual ha sido la función de la colonia venezolana en la época española: puerto de abastecimiento (con carne y pescado disecado y embarrilado en salmuera, tubérculos, bananos, maíz y agua dulce, como provisiones para un cruce atlántico en velero, intensivo en cuanto a la tripulación necesitada por tonelada de flete potencial, que duró, según los vientos de la temporada, de 3 semanas a 3 meses, en la ruta preferencial, Europa-Islas Canarias-Venezuela/Cumaná/Margarita-Colonias hispánicas en América)– céntrico dentro de una red logística inter-hemisférica ultramarina. Las relaciones transnacionales corporativas de la actualidad, requieren de los mismos servicios logísticos, las que necesitaba el modelo nacional-colonial, ya que su modelo macroeconómico-geopolítico es el mismo y su finalidad política-social también refleja una larga tradición: el Imperio no es un país u otra unidad territorial, ni es un mercado centralista, ni una forma de Estado como modelo administrativo; sino es, única y exclusivamente, un orden social jerárquico con agentes dinásticos; es decir, sin movilidad social, sin ascensos y caídas fuera de la cuota de lo accidental.

Otro aspecto de riqueza geográfica se demuestra en la calidad de los suelos en territorio nacional y su interconexión con los sistemas de cuencas fluviales: Venezuela, con un esfuerzo de sólo tres años, puede independizarse fácilmente de las importaciones, sin las cuales, actualmente, cayera en hambruna en menos de una semana, si no llegasen embarcaciones de carga a sus puertos y camiones desde la vecina Colombia y el Norte brasileño. Con un desarrollo óptimo, en el lapso de seis a diez años, Venezuela pudiera no sólo abastecerse como un productor autosuficiente, sino retomar su posición tradicional, hasta la caída de precios en los mercados agroalimentarios en el siglo XIX, como un gran exportador de productos agropecuarios tanto en volúmenes como en cuanto a su alta calidad, con un probable aporte al PIB alrededor de unos 30 mil millones de dólares estadounidenses o aproximadamente 30% del actual ingreso en divisas a la economía nacional.

Con relación al PIN (producto interno neto; riqueza distribuible realmente), esto significaría un aporte de entre 38 y 43%. Tomando en cuenta que el potencial turístico, al recuperarse una situación de seguridad ciudadana y pública real, es de aproximadamente 12% o de 2,4 a 2,7 mil millones de dólares estadounidenses anuales, si se efectuasen las inversiones necesarias para crear infraestructura para movilización y alojamiento de 1,8 a 2 millones de turistas foráneos por ciclo calendario, a lo largo de un ciclo de inversión de una década. Desarrollo agropecuario, forestal, pesquero y turístico, en eso, deberían ir mano en mano, dado que ambos desarrollos, efectuados de manera óptima, entre responsabilidad ambiental y eficiencia económica con sus efectos sociales, juntos llevasen a un reordenamiento demográfico y urbanístico, y en absoluto a una reestructuración social no solamente de profundidad y vasto alcance, sino de dimensiones evolutivamente progresivas en el marco de lo que llamamos civilización.

Las reservas hídricas que se gozan en territorio venezolano, además de existenciales como agua potable y de riego, elixir esencial de toda vida, son de valor energético y comprenden a un recurso básico industrial, como insumo y como producto de refinación. Para una economía nacional conciente, preservadora de sus recursos, origen y fuente de su riqueza económica, y facilitadora de bienestar y seguridad social, los recursos hídricos deben comprender a una ventaja productiva, por ende competitiva en su dimensión comercial, un ahorro en cuanto a costos energéticos y logísticos, pero nunca a una mercancía en calidad de materia prima, como lo sería al lograr el neocolonialismo transnacional-corporativo a adueñarse del escenario de los mercados nacionales.

En un desarrollo económico racional y responsable de orientación nacional (no nacionalista), la disponibilidad, calidad y distribución de los recursos hídricos y conexiones marítimas que posee el territorio venezolano, sin el territorio en reclamación, Esequibo, dentro una década formarían un factor económico equivalente de un 20 a 24% del actual presupuesto público ejecutado anualmente (promedio de los últimos diez años; incluyendo ingresos fiscales generales, ingreso petrolero y minero, manejo interno de las empresas públicas de la reinversión desde su renta bruta, ganancias financieras del Estado en general, aportes privados a la formación del PIB en todas sus formas, y restando los actuales costos del sistema de servicios hídricos y de energía hidroeléctrica en el mercado doméstico) de modo de un ahorro real, traduciéndose este en ventaja competitiva en cuanto a la exportación nacional de productos elaborados. En cambio, el neocolonialismo transnacional-corporativo, convertiría estos recursos en materia prima de mercancía y en energía comerciable al cuantificarla, para los mercados internacionales, sin satisfacer las necesidades nacionales primero, ni asumir la responsabilidad de la preservación como fundamento de la estabilidad del desarrollo económico territorial y la estabilidad social en este territorio nacional.

La riqueza biológica encontrada en el territorio venezolano, más allá de su importancia agropecuaria (fertilización natural, control de plagas de manera ecológica, aporte de semillas y aporte genético a la cría animal, incluyendo la acuicultura, etc.) y turística (potencial de atracción turística de los parques nacionales, por ejemplo), permite una industria maderera planificada, equilibrada, entre cosecha y reforestación, capaz de aportar al país entre quinientos millones y 2,3 mil millones de dólares estadounidenses en divisas (150 millones a 1,2 mil millones anual como ganancia y aporte al PIB) a raíz de la comercialización exportadora de maderas nobles y frutos silvestres tropicales, manteniendo intactos los ecosistemas nacionales. Un desarrollo neocolonial transnacional-corporativo, en cambio, buscaría lograr un rendimiento de corto a mediano plazo, sin tomar en cuenta la ilesidad de los ecosistemas, ni su valor para otras ramas económicas como la actividad agropecuaria y pesquera o la turística.

Las riquezas minerales y de hidrocarburos han sido el núcleo central de la economía venezolana (y del financiamiento del Estado) durante ya ocho décadas. Se vivió y vive un modelo rentista sobre las riquezas del subsuelo. No se produce, sino se importa, todo lo demás necesitado por el país. Los recursos naturales son explotados sin un aporte importante de empleos al mercado laboral doméstico de Venezuela. Los empleos de alta calidad, incluso, son aportados al mercado laboral internacional. Profesionales venezolanos figuran en estos empleos calificados sólo en el grado, en el cual figuran entre la competencia internacional del conjunto de los mercados internacionales. Las ganancias por una parte mayoritaria de las actividades mineras en el territorio nacional, por medio de las prácticas fraudulentas de declaración por parte de los agentes transnacionales-corporativos y por medio del contrabando de extracción de la producción minera artesanal e ilegal, no benefician a la nación, sino a élites nacionales y capital de inversión foráneo. No sienten la responsabilidad asociada a su actividad mercantil, en cuanto a la preservación ambiental y la generación de estabilidad nacional, económica y social. Y enfrentan un grave problema: Tratándose de recursos no renovables, son agotables. Pero su terminabilidad motiva al desarrollo científico y tecnológico en las naciones altamente industrializadas a encontrar alternativas a su uso, no hasta llegar el punto de agotamiento, sino hasta alcanzarse el punto de optimización de ganancias, es decir, el máximo alcanzable de renta sobre la inversión tras la amortización de las inversiones. A partir de haberse alcanzado este punto, se irrumpe el ciclo de reinversiones periódicas y una rama es condenada a desaparecer o ser sustituida, tan pronto que la competitividad de las últimas inversiones realizadas se desvanece ante una nueva realidad tecnológica nacida de las inversiones cíclicas efectuándose en otras ramas de la economía. En estos momentos, no es un secreto, la economía petrolera ha llegado al ciclo de inversión final de su historia como gran industria. En los próximos cinco años, se realizarán las últimas inversiones a gran escala en la explotación petrolera. Dentro de dos décadas, los combustibles fósiles van a ser sustituidos casi por completo por energía eléctrica proveniente de los recursos renovables. Las tecnologías al respecto existen, han sido desarrolladas hace varias décadas atrás y perfeccionadas durante las dos últimas.

Los años del chavismo en el gobierno, pueden ser divididos en tres etapas: 1.) Chavismo en el sentido de políticas definidas por Chávez (2 de febrero de 1999 – 11 de abril de 2002); 2.) Chavismo en el contexto de una dominación psuvista absoluta (14 de abril de 2002 – 9 de diciembre de 2012); y 3.) Decadencia del chavismo bajo la gestión madurista (abril de 2013 hasta la fecha).

La primera etapa, liderada por Chávez y guiada por los ideales particulares de Chávez,  buscaba crear las condiciones para la construcción de un Estado de Derecho no sólo de nombre sino de funcionamiento, sobre un determinado consenso social (constituyente de 1999), seguridad social (recuperación del IVSS) y bienestar común (planes de diversificación industrial y reforma rural nunca cumplidos con respecto a las propuestas originales de estos años).

La segunda etapa, con un Chávez cada vez más aislado de las bases populares y la realidad económica y social, fue de radicalización ideológica, marcada por la conversión del liderazgo natural de Chávez en un culto personal de alto valor simbólico, pero sin el claro liderazgo individual suyo de la etapa anterior; sustituida su persona por una cúpula partidista jerárquica y predominante, en cuanto a la cadena de mando, mientras que Chávez, como figura real existente, fue reducido a un papel televisivo. Esta etapa se dedicó a la abolición de los planteamientos durante el lapso anterior, a favor de un definido capitalismo de Estado que reemplace el empresariado privado mediano y en convivencia con (y a conveniencia de) los grandes monopolios nacionales, propiedad de la oligarquía tradicional aristocrática y sus vasallos nacionales (clase política actuando por medio de testaferros) y aliados foráneos (licencias para el mercado nacional por las corporativas transnacionales). El capitalismo de Estado, en eso, no ha sido absoluto ni absolutista, sino sectorial y reducido a la necesidad de una proveeduría eficiente, rentable y arbitraria de servicios e insumos a los monopolios nacionales y transnacionales (realmente supranacionales de matriz foránea).

La tercera etapa de gobierno chavista sin Chávez –en la que, sin el liderazgo personal de un líder carismático, la negociación política tanto dentro el gobierno con carácter de una desunida (pero virtualmente unida) mancomunidad de herederos, desde posiciones de Poder establecidos durante la etapa precursora, durante la cual el delito ha podido ser tolerado por los factores primarios de la economía transnacional-corporativa y sus abogados nacionales e internacionales geopolíticos, representados por los gobiernos nacionales de las principales economías, los organismos multilaterales liderados por ellas y el sistema financiero internacional como garante del funcionamiento de las operaciones comerciales en el mundo, como entre oficialismo y oposición monopolizada con sus complicidades en negocios preferenciales y corrupción, ha prevalecido, muchas veces a espaldas del conocimiento público y ante un escenario de confrontación virtual.

Esto llevó al país a convertirse –tanto mediante un escenario artificialmente creado de inflación galopante (producto del financiamiento público por medio del incremento de la masa monetaria en circulación por parte del Banco Central de Venezuela y el desfalco del tesoro fiscal nacional por medio del “control cambiario” con su tasa preferencial de acceso arbitrario y privilegiado, mientras que la renta petrolera y minera ha sido convertida en feudos de caudillos), y virtual que, en realidad, no es inflación sino una devaluación en el mismo grado del desfalco a la nación (con su consecuencia de una inimaginable fuga de capitales hacia cuentas de nacionales privilegiados en bancos de mercados foráneos– en un mercado laboral subservido o deficiente en cuanto a la oferta de empleo, de niveles salariales bajos, listo para ser explotado por las producciones transnacionales-corporativas con fines exportadores, en un terreno poseedor de toda clase de recursos y excelente conexión logística respectivo a los mercados mundiales globalizados; listo para sustituir a Bangladesh, Malasia e Indonesia, Panamá, Colombia, Perú y Brasil, Sudáfrica y la periferia europea-oriental ex dependiente de la Unión Soviética de una Europa occidental en vías a una unificación política no igual pero familiar a la federativa estadounidense, entre otros, donde hoy en día las luchas laborales y sociales de años han llevado a un incremento notable de costos de mano de obra en comparación con la situación cuando estos países reemplazaron, hace cuarto de siglo, a Corea del Sur y Taiwán, México, Irán, Egipto, Túnez, Argelia y Marruecos, Kenia y Senegal, entre otros, como ubicación óptima de la producción transnacional-corporativa con fines de exportación, en cuanto en esos países se había llegado a un incremento respecto al salario real, compuesto por el poder adquisitivo del salario nominal y la calidad de vida permitida por el grado de desarrollo y costos de los servicios sociales y urbanos recibidos, tras haber sido explotados durante el cuarto de siglo anterior. 

Luego de la actual crisis venezolana, al permitir la inversión foránea transnacional la generación de un empleo no calificado o de baja calificación, pero masivo –siempre que esta inversión se diera acompañada por un programa político nacional dedicado a brindar sustento en servicios y logística a una semejante diversificación industrial no en el marco de un crecimiento de la actividad de la empresa mediana nacional y bajo principios de antimonopolio y con subvenciones directas de carácter de medidas compensatorias entre ramas de variada productividad y competitividad ante el escenario de los mercados internacionales globalizados, sino en el marco de un fomento subvencionista indirecto (incentivos fiscales extraordinarios, concesiones favorables al capital foráneo, ventajas aduaneras en el marco de la actividad exportadora y la importación de bienes de producción, etc.) a la inversión transnacional-corporativa; además de frenarse la “inflación”–devaluación–, y reducirse al 25% históricamente “normal”, o tradicional, la población venezolana, no en su totalidad pero sí en su mayoría, agradecerá la disposición de empleos en masa, con salarios suficientes para permitir una vida apenas por encima de la definición de pobreza, pero sin opciones de liberación popular o de modo de la opción de ascenso social, si sólo se garantiza un abastecimiento con, y el libre acceso a ello, de mercancías básicas sin las trabas de un racionamiento declarado socialista y absolutamente disfuncional, hoy vivido en la figura de la bolsa o caja CLAP, así como en la cola frente a un despacho de las redes comerciales públicas Mercal y PDVAL, el supermercado privado, el abasto, la panadería y la droguería bajo el nombre de farmacia en el sistema de la cadena.

Al volver el sistema civilizatorio occidental de su etapa capitalista –en la cual el ascenso social desde las clases trabajadoras, por medio de la educación institucional y capacitación profesional, a la(s) clase(s) medias en sus tres renglones (empleados y funcionarios simples asalariados, empleados y funcionarios con carga responsable y bonificaciones compensatorias por tal concepto, pequeños y medianos empresarios de tradición familiar oficiante o agricultores y ganaderos de tradición familiar) ha sido una opción real, según los modelos nacionales particulares en muy bajo o algo ampliado porcentaje de probabilidad, pero siempre meritocrático según el esfuerzo individual multiplicado por un factor de suerte, y donde, incluso, el ascenso desde las clases medias a la clase alta no fue del todo imposible (solamente requería más suerte aún, aunque menos influyó el mérito en este paso)– a la esencia de su etapa anterior feudal; las críticas económicas y sociales de la izquierda, comprendidas por la crítica anticapitalista de argumentación marxista, ya no cabe. Ni revela las insuficiencias del modelo de redistribución de riquezas, ni contiene potenciales de propuestas alternativas, ni mantiene una credibilidad capaz de traducirse en sostén ideológico para poder mantener mayorías trabajadoras en condiciones de militancia de una política izquierdista moderada capaz de limitar los avances de la recuperación de monopolios y otros privilegios de las élites.

Por eso, la izquierda venezolana no ha sido capaz de presentar una autocrítica consecuente, ni críticas constructivas, ante la desviación de un gobierno en el cual participó como un “tonto útil” encargado de la agitación con un discurso ideológico cada vez menos vigente y más mentiroso por encubridor de una realidad adversa a este discurso político oficialista.

El potencial crítico de la izquierda está basado en su percepción dogmática de la economía capitalista como modalidad productiva y comercial en medio de una sociedad de clases baja (trabajadores), media (pequeña burguesía) y alta (burguesía que incluye a los restos de una aristocracia vencida por la burguesía en la Revolución Francesa). Pero una Venezuela que ha servido de laboratorio para un experimento que es el regreso de un modelo capitalista cada vez más regulado y forzado –por las políticas nacionales y regionales, aunque cada vez menos poderosas– a asumir las responsabilidades sociales derivables de sus posibilidades de ganancias, a un modelo feudal renovado, perfeccionado respecto a su forma y optimizado con relación a su eficiencia y eficacia –donde los poseedores y controladores de los grandes capitales han reemplazado a la nobleza definida por medio del linaje genealógico y tenedora de las tierras, donde el ascenso social de niveles medios a altos es impensable y el ascenso de niveles bajos a medianos nunca será fruto del mérito, sino exclusivamente efecto de la decisión arbitraria dentro un sistema de recompensas y castigos por la autoridad representante de los intereses de las clases altas, donde no son tres clases sociales interconectadas por una dinámica de ascenso y caída, sino castas inmóviles fuera de dicho sistema de recompensa y castigo que convierte al oportunismo en la motivación única de la colaboración, donde el integrante de la sociedad no es un sujeto y ciudadano, sino un objeto a la merced del superior en una jerarquía incuestionable y ganado electoral manipulado por la industria publicitaria al servicio de las demás industrias y sus propietarios– ha hecho a perder la vigencia de esta crítica anticapitalista de método analítico particular, en la cual la izquierda se basa desde Marx y la primera Internacional.

Con eso, las definiciones “clásicas” de izquierda y derecha política se han vuelto inútiles. La izquierda moderna y posmoderna, o de “la Modernidad” en un término más general, debe regresar a sus raíces premarxistas, socialistas utópicas, que todavía manejaban la crítica anticapitalista junto a una crítica antifeudalista, si pretende sobrevivir como legítima plataforma de lucha social en defensa de los estratos sociales y socioeconómicos desfavorecidos. Una izquierda que logró frenar el desarrollo capitalista (o mejor: la perversión política-social de un modelo económico altamente funcional y eficiente) a lo largo de siglo y medio por medio de la imposición de un sistema de seguridad social tripartida y la conquista de la igualdad electoral en cuanto a los procesos de definición de la representación política con relación a la abogacía por las necesidades populares, ahora debe volver a crear utopías alternativas respecto al modelo social vivido, en vez de buscar o la regulación del modelo económico y sus consecuencias políticas y sociales en una vía reformista, o la abolición y sustitución del modelo de sociedad integral en una vía revolucionaria.

Una izquierda obsoleta por dogmática –sin que sus dogmas cupieran en un nuevo escenario de renovación de un antiguo orden social, económico y político– debe renovarse para convertirse en una fuerza crítica operativa ante la realidad de un novedoso, renovado y modernizado, modelo feudal.

Los términos “izquierda” y “derecha” del siglo XX ya perdieron su vigencia y han sido reducidos a herramientas de una polarización populista que busca la división en el marco de un modelo político de facto bipartidista apto de impedir la diversidad de propuestas, típica de un modelo político pluralista, reduciendo toda lucha política en medio de visiones plurales, llevadas a la práctica por vanguardias múltiples en competencia permanente, a una negociación por cuotas de Poder entre sólo dos posiciones de élites asociadas en el plano meramente económico, aunque enfrentadas en la cuestión de cómo mantener y fortalecer a los privilegios compartidos entre ambas élites y siempre compitiendo por nuevas y favorables cuotas renegociables respecto a las participaciones particulares en el reparto del botín.

La “quinta república” venezolana ha hecho necesario el surgimiento, a escala mundial, de nuevos modelos ideológicos aptos de analizar, interpretar y confrontar a la nueva realidad económica, política y social por nacer de este experimento nacional con potenciales de su internacionalización; así como la definición de nuevos glosarios para la vida política y social, y nuevas propuestas políticas y económicas para la actuación en cuanto a la participación en el campo de la “real-política”.

Para el caso venezolano mismo, utilizado como el laboratorio del experimento de una renovación feudal, eso implicaría la necesidad de la rotura de un sistema de polarización como garantizador de una división; más de carácter de instrumento de alienación entre dos minorías socio-políticas populares que de alienación de masas respecto a los liderazgos políticos y sociales.

El único camino viable es por tanto la restitución de la legitimidad de un pluralismo político, el rescate de la participación popular en la vida política como medio de la generación y resolución de luchas sociales, y la redefinición de las luchas sociales como claves de la revolución económica con miras a la creación de la justicia social como definidora de la redistribución de las riquezas, en forma de bienestar alcanzable por medio del mérito y un modelo de seguridad social como garantía mínima de anti-miseria para las mayorías no habilitadas a una participación inmediata en una dinámica de ascenso y descenso socioeconómicos basada en la igualdad de oportunidades imperfectamente idealizada, vigilada por un Estado de Derecho vigente (hoy ausente en Venezuela); pero aún así, hasta la fecha, más cercana al ideal de igualdad social integral que cualquier otra experiencia práctica alguna vez vivida.

La izquierda, si desea sobrevivir mediante la mutación exitosa en el marco de una evolución permanente y continua de las sociedades humanas y todos sus agentes, debe abnegar sus tradiciones de siglo y medio, retomar el punto de partida del ideal proudhonista de la libre asociación voluntaria como punto de salida de cualquier debate como elemento esencial de los procesos creadores de consenso social, para poder, entre unas nuevas utopías, llegar a diseñar un(os) nuevo(s) modelo(s) políticos y su(s) derivado(s) modelo(s) económico(s) y, en última consecuencia, nuevo(s) modelo(s) social(es), capaces de brindar soluciones concretas a las problemáticas de la actualidad.

Lo único que debe mantener la izquierda a pesar de su renovación integral, es su dimensión antiimperialista, ya que el imperio –que no es un país o Estado particular en calidad de una entidad político-territorial-expansiva, sino un concepto social y económico con consecuencias políticas nacionales y geopolíticas–, el cual cuenta con una tradición de muchos milenios y que hoy, renovando su orden fundamental por medio del regreso del modelo capitalista impuesto a la civilización occidental globalizada, por parte de la Revolución Francesa –la que, como síntoma culminante de un proceso rebelde desde la reformación eclesiástica cristiana europea con efectos universales, vía la iluminación intelectual y su producto en la apertura y masificación de la educación institucional, había llegado a la imposición de un nuevo catálogo de derechos del individuo– al feudalismo como garante de privilegios dinásticos, es una realidad y comprende a un Poder real existente y absolutamente dominante.

El imperio es el concepto extremadamente conservador que busca mantener los privilegios de la élite tradicional, más allá de la renovación generacional, por medio del mantenimiento de un orden social de castas estático e inmutable del modo de la sucesión dinástica y la herencia, justificado por medio de pretextos religiosos y/o de supremacía e inferioridad; por ende altamente discriminatorio en sus efectos secundarios, a pesar de cierta utilidad con relación al mantenimiento de la paz social, pero al precio de la injusticia frente a los subprivilegiados (o excluidos) que naturalmente forman mayoría en cualquier sociedad humana, dado que una mayoría no es otra cosa que el conjunto de minorías unidas en un reclamo mancomunado.

La izquierda venezolana debe entender que el mundo es dinámico, no estático, y que el dogmatismo ideológico, a la final, es igualmente conservador como el concepto imperio, sólo que el imperio se remonta a un orden milenario aprobado en la práctica, y el dogma marxista apenas a una propuesta teórica de siglo y medio de presencia; no más que una utopía por ende, ya que las experiencias históricas de la Unión Soviética y otras naciones cuyos liderazgos políticos temporales se autodenominaron como socialistas o comunistas, fracasaron, y en realidad no deben ni ser llamados experiencias socialistas o comunistas, ya que un sinfín de casualidades históricas las desviaron del camino de la teoría pura hacia la chivera de los residuos político-teóricos difíciles, si no imposibles, de ser llevados a una praxis escuetamente fiel no sólo a la terminología, sino al espíritu original de su teoría de origen. Nadie va a influir positivamente en la dinámica de lo existente, si opera desde la estática de lo imaginado. Por eso, los movimientos de izquierda pocas veces, o nunca, han obtenido los laureles del victorioso, y las experiencias históricas prácticas basadas en ideales izquierdistas (marxistas en cualquiera de las formas derivadas de la obra original de Marx), siempre han fracasado; por lo común, por desviarse y caer en el mismo autoritarismo derechista que sus ideales buscaron derrocar. Exclusivamente modelos “anarquistas” (libertarios, más bien) llegaron a funcionar de manera satisfactoria, aunque nunca para largo rato. Ejemplos son la Federación Jurásica en defensa de las reivindicaciones sociales y laborales en el ámbito de las industrias relojeras suizas en la segunda mitad del siglo XIX, o el autogobierno ucraniano entre 1917 y 1923, guiado por Néstor Majnov, abolido por la traición de Lenin contra su más importante aliado contra el “Ejército Blanco” y la invasión de Ucrania por el “Ejército Rojo” bajo el mando de León Trotski.

La oposición venezolana, por otro lado, y aunque difamada por el oficialismo y su propaganda como “derecha fascista” sin más distinciones y calificativos complementarios, no comprende un conjunto homogéneo. Realmente, es el pluralismo político desterrado del escenario político nacional por medio de la polarización, subordinado a un objetivo en común de sus múltiples integrantes (salirse del chavismo) y suprimido por medio de una argumentación simplificadora, reductora y monopolizadora, impuesta por el agente dominante entre todos los participantes.

En el caso venezolano, el impostor es el conjunto de las cúpulas nacionales o de sólo cuatro alrededor de un cuarto de centenar de toldas políticas miembros de la alianza antichavista MUD. Y, aunque este impostor de cuatro cabezas con un solo rostro, es el conjunto de cuatro diferentes idearios derechistas; la MUD contiene no menos tendencias izquierdistas que el GPP chavista, además de corrientes liberales que en el GPP están ausentes, mientras que las corrientes derechistas de rancios nacionalismos militaristas en él tienen su hogar, al lado de sus históricos enemigos izquierdistas. Y mayor representación aún, gozan estas tendencias –realmente fascistas encontradas en el GPP al lado de la izquierda, jerárquicas hasta el extremo totalitario, y en sus efectos hasta infrahumanas– en las esferas superiores del PSUV como partido particular, presidencialista, que aprovecha a la coalición de extremos para sus propios fines electorales, corrompe eventualmente a los liderazgos de las toldas aliadas, pero les niega toda participación verdadera, tanto en los procesos de decisión como en la práctica ejecutante de gobierno.

En el chavismo –a pesar de sus ideales a primera vista y de discurso izquierdistas como punto de salida, los que le permitieron a la izquierda tradicional aliarse con un proyecto novedoso, no limitado por los dogmas de las corrientes izquierdistas tradicionales y, por eso, más flexible ante la realidad vivida– existe, y siempre existió, una contradicción completamente irresoluble entre las definiciones clásicas de izquierda y derecha, participando una izquierda radical y una ultraderecha nacionalista-militarista por igual, sin la participación también de sectores moderados. Así, el choque entre izquierda y derecha, dentro la alianza GPP, nunca se dio, ya que sus participantes son incapaces de un diálogo interno y por eso la alianza fue altamente funcional, mientras que existía el liderazgo del carismático y diplomáticamente talentoso Chávez como interlocutor único entre las dos posiciones radicales.

Por eso, por el otro lado, la disidencia chavista bajo la gestión del sucesor Maduro, sin propias calidades de liderazgo, es una consecuencia lógica. Un debate interno chavista es imposible, dadas las diferencias ideológicas absolutas dentro de la alianza, antes invisibilizadas por un liderazgo carismático que supo evitar las definiciones concretas por medio de un discurso populista y vacío, y la imposibilidad de confrontación interna que hubiera puesto en cuestión a tal liderazgo, único elemento indiscutible en lo absoluto dentro de la alianza de extremos, por ser el chavismo –por sí mismo ideológicamente pobre sino inexistente– desde siempre un proyecto personalista hasta de culto personal cuasi de dimensiones religiosas. Maduro no tiene la capacidad de interlocución que el carisma de Chávez pudo proporcionar, por lo cual la izquierda diside de una cúpula partidista dominada por los representantes de la derecha “endógena”, como había sido bautizada, medio perdonándola, años atrás por la izquierda chavista, cegada por la oportunidad de poder participar, al menos una vez en su historia, en un gobierno nacional.

En el antichavismo, por el contrario, se garantiza la amplitud de tendencias desde una izquierda radical hasta una ultraderecha, interconectadas por los sectores céntricos del espectro político-partidista, una plataforma de debate interna, aunque a escondidas, apta para reproducir en un futuro un paisaje político plural, aunque sea un accidente ante la intención monopolizadora del estatus opositor, por parte de una cúpula inestable, producto de la negociación entre posiciones conservadoras cristianodemócratas y posiciones neoliberales. Los factores de centroizquierdistas a izquierdistas radicales reclutados e inmovilizados por la cúpula MUD, pueden ser expulsados o motivados a abandonar la alianza, en cualquier momento y por la más mínima razón.

Los extremos unidos en la alianza pro-oficialista, en cambio, o quedan uno al lado del otro, o desaparecerán juntos del juego, si el uno o el otro decidiera dejar la coalición que sólo vive del recuerdo de la autoridad unificadora, a pesar de esquivadora y esquivadiza, de un liderazgo extinto ya.

El recuerdo solo no puede mantener la unidad por un plazo prolongado, pero sin unidad, el chavismo se va a desplomar inevitablemente, y con el desplome del chavismo como alianza, cada uno de sus sectores particulares se desplomará por igual.

La izquierda –en cuanto hablamos de los sectores de luchas sociales anteriores al gobierno chavista (al menos anteriores a la alianza poco definida cívico-militar del 4 de febrero de 1992)– si quiere reponerse como fuerza particular después de un inevitable colapso del madurismo –incapaz de mantener un legado chavista más allá de la consumación de la divergencia izquierda-derecha interna que sólo el carisma del ex presidente fallecido era capaz de reunir, al menos, con vigencia temporal– va a tener que reconocer la inviabilidad de esta alianza a lo largo de un plazo prolongado, además de la caducidad de su fundamento teórico marxista; va a tener que retomar sus posiciones originales no comprometidas con un personaje particular y su liderazgo sectorial como síntoma de una época particular y atípica, y va a tener que aprender a ser más flexible, despidiendo sus dogmatismos en favor de un pragmatismo no incondicional, sino idealista, pero pragmatismo al final. O desaparecerá, sin haber dejado huellas perdurables.

Mientras, sigue el juego de facto bipartidista entre chavismo-madurismo y oposición antichavista monopolizada, de una polarización irracional pero eficiente de la sociedad nacional a favor de una división incurable de la población, a favor de un cogobierno oficialista-opositor en cumplimiento de las órdenes superiores por la oligarquía nacional y los capitales transnacionales.

Este cogobierno bipartidista, al reducir el pluralismo a sólo dos alianzas o polos políticos, requiere mantener estable a la administración madurista, hasta el último día de la gestión vigente, como es el primero de febrero de 2019. Lo requiere por una única razón: la reversión de las nacionalizaciones de los recursos minerales y actividades mineras, y de los recursos de hidrocarburos y actividades petroleras y gasíferas.

Ambas nacionalizaciones se dieron en la década de 1970, por un conjunto de razones, entre las que prevaleció, lo más probable, la intención populista de desarmar una bomba de tiempo comprendida por las simpatías populares hacia los ya desarticulados movimientos guerrilleros de las décadas anteriores. Un gesto nacionalista de parte de una clase política vasalla de los intereses oligarcas, sin liderazgo popular auténtico, era indispensable ante el deseo de equipar al bipartidista puntofijista de estabilidad más allá de un lapso de gestión de cargos electos. Ahora, la reversión de las nacionalizaciones sería, incluso, la solución de parte de los problemas económicos de la actualidad, entre los cuales destaca el previsible fin de la era petrolera como tal.

El mundo dispone de las tecnologías que permitiesen el abandono de los recursos energéticos fósiles, a favor de un nuevo concepto energético en lo general basado en el aprovechamiento de los recursos renovables. A los recursos energéticos fósiles, pronto les llegará su final; inevitablemente, también porque la supremacía de las economías líderes requiere de la implementación de una nueva generación tecnológica aún inalcanzables por las economías menos fuertes, para poder mantener su liderazgo fundado sobre ventajas en cuanto a su competitividad.

El cambio del concepto energético como estándar globalizado, previniera la pérdida de las ventajas que las economías nacionales “altamente industrializadas” hasta la actualidad gozan frente a las economías emergentes y subdesarrolladas. Dado que siempre son los más fuertes que se imponen a los débiles, este cambio es inevitable.

La empresa petrolera estatal venezolana, PDVSA, por muchas razones, hoy no está en condiciones para poder asumir las inversiones que permitiesen una explotación masiva con fines de la comercialización anterior al venidero cambio del concepto energético, como lo ejercen otros productores petroleros tenientes de reservas mayores, como Rusia, Arabia Saudita, Irán o EEUU, por ejemplo.

Pero de nada sirve poseer las más grandes reservas en el mundo, si no se logra explotar y comercializar las mismas, antes de que perdiesen su valor mercantil. Existen las posibilidades para conseguir los financiamientos que permitiesen realizar las inversiones necesarias, pero ni en el gobierno, ni en la directiva de PDVSA, ni en la oposición antichavista monopolizada, existe ni la visión ni la capacidad indispensables para poder reconocer tales alternativas y poder aprovecharlas. Así, la entrega de concesiones al estilo de la era gomecista, disfrazada de empresas mixtas, parece ser la última oportunidad de sacarle provecho, al menos parcial, a las reservas existentes, antes de acabarse el mercado de hidrocarburos a precios que justifiquen su explotación.

Las concesiones retrógradas, disfrazadas de empresas mixtas, pudiesen brindar una salida a este dilema, ya que el socio foráneo en el modelo de empresas mixtas, las transnacionales, disponen del capital de inversión requerido para la reactivación y ampliación de la explotación petrolera venezolana a tiempo, para permitir una aceleración de la producción petrolera nacional por medio de socios transnacionales, antes de encogerse y, finalmente, desaparecer el mercado de crudos y derivados que hoy conocemos.

Ante el desconocimiento total de la economía petrolera y las opciones de financiamientos asociadas a la misma –por parte del gobierno en funciones y sus adversarios por igual; pero, peor aún, por parte de los directivos de PDVSA impuestos por el gobierno de turno– la privatización petrolera no es del todo irracional. Pero la aplicación de operaciones parecidas, reprivatizadoras, en el marco del proyecto “Arco Minero” como en el marco de la privatización (inconstitucional) de PDVSA por medio de las no transparentes actividades de la CAMIMPEG, lo son, por completo.

Los rubros mineros no se enfrentan a una amenaza de extinción de sus mercados. Su entrega a corporaciones transnacionales expertos en minería y a empresas de maletín no habilitadas para la ejecución de los proyectos pactados, es la mera expresión de la corrupción nacional antinacionalista, la ineptitud política en la materia y el avance del crimen organizado dentro el Estado venezolano y el escenario político venezolano.

El remate minero, más que el petrolero, es prueba viva de la delincuencia de una clase política nada política, sino politiquera, cazadora de comisiones ilícitas en vez de hacedora de negocios reales a beneficio de la nación. Y estas comisiones van a ser repartidas entre las cúpulas del oficialismo (ya reducidas por el fenómeno de la disidencia chavista antimadurista a exclusivamente las cúpulas de PSUV y PCV) y de la oposición antichavista monopolizada bajo la marca MUD, en cuanto la gestión presidencial Maduro terminará en febrero de 2019. Y por eso, se requiere del caos encubridor de las (re-)privatizaciones petrolera y mineras. Y por eso, la lucha de calle en vez de un diálogo veraz, entre los días de paro, no mide los daños a una economía nacional ya en crisis aguda, las detenciones arbitrarias destructoras de vidas y familias, los heridos y los muertos, sacrificios inconscientes e ingenuos del pueblo al servicio de los intereses de una clase politiquera criminal y de sus amos oligárquicos nacionales y transnacionales-corporativos. Por eso el desabastecimiento, las colas, la virtual inflación que realmente es devaluación por medio del desfalco a través de un control cambiario de manejo arbitrario y criminal, el hambre y la mengua.

Venezuela despierta. Venezolan@s despierten. Venzan la polarización política y división política y social con fines de su explotación. Venzan sus resentimientos sociales y socioeconómicos que los han convertido en presa fácil para los agentes politiqueros al servicio de una polarización irracional, divisora y garante de explotación. Venzan sus limitaciones ideológicas y utilicen su talento creativo para, aún sumergidos en ignorancia por la politiquería, convertirse en los creadores de nuevas propuestas políticas y un nuevo consenso social, los que juntos pudieran vencer la crisis económica y social vivida. Suelten su sombra y echen pa’ lante, y conquisten la soberanía que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente e incumplida les garantiza y les ha reservado desde 1999, sin que ustedes la reclamaran como suya, dejándola en manos de una clase politiquera fraudulenta que hoy utiliza este estatus quo inconstitucional ejerciendo la soberanía que yace en el pueblo desde las esferas de élites ilegítimas, alguna vez legítimas por haber sido electas pero deslegitimizadas por sus delitos cometidos a lo largo de su actuación.

La constituyente ilegítima de Maduro va… o va a ser aplazada por la negociación entre cúpulas.

Vamos a recuperar la soberanía exclusiva del pueblo y convocaremos a una constituyente constitucionalmente legítima, reconstituyente del Estado de Derecho y del pluralismo, camino hacia un nuevo consenso social apto de resolver los problemas vividos. Chávez ha muerto, pero la Patria sigue. Una patria de tod@s l@s Venezolan@s, pero de ningún partido particular y, menos aún, del crimen organizado. Se va a necesitar una constituyente, pero convocada desde el soberano, el pueblo. Se va a requerir del diálogo inclusivo, entre todos los sectores de la sociedad, para lograr un nuevo consenso. No es que el consenso de 1999 hubiera perdido su vigencia, en cuanto al contenido; pero la mentira madurista lo abolió ya, en cuanto a su forma. Y la polarización prohibió, realmente, su entrada en vigencia a lo largo de casi dieciocho años, por lo cual su reafirmación en una nueva redacción actualizada en detalles del contenido, ya es necesidad absoluta, si se quiere la paz.

 

 

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