En defensa de la vida, agua, tierra, ambiente, recursos naturales y derechos de los pueblos – pronunciamiento: solidaridad con perseguidos políticos indígenas y líderes sociales

Por CORECOQA PUNOCoordinadora Regional Comunidades Qechua, Aymara, afectadas por la minería y petróleo

Consejo Directivo

Comunicación enviada por el Consejo de Pueblos Tawantinsuyu 

 

 

Hacia la organización y la convocatoria de la Cumbre Plurinacional de Justicia Comunitaria Originaria – 23 de Julio del 2017, con sede en la ciudad de Puno

Cuando se habla del verdadero financista del ataque al Tahuantinsuyo o al sistema de gobierno de los incas. Gaspar de Espinoza era un abogado español, militar intrépido, explorador, minero, contrabandista, usurero y mercader. Usó al clérigo Valverde para sacar provecho sin intervenir personalmente en el ataque al Perú.

“Ataque de España monárquica al Perú del sistema incaico Tawantinsuyu del Perú”. Se trata en realidad de una criminal invasión militar y religiosa, pillaje, chantaje, amenaza, cohecho, falsedad y asesinato del inca Atahualpa.

¿Un jurista peruano que analice el “Contrato de Panamá”? Otro texto esperado hace muchos años se refiere al juicio contra Atahualpa. No menos importante es que un abogado decida hacer un análisis de las injustas sentencias contra José Gabriel Túpac Amaru II, Micaela Bastidas, Juan Bautista Túpac Amaru Monxarrás, Hipólito, Mariano y Fernando, como de los demás condenados a muerte mediante un viciado como injusto proceso judicial. Sentencia pronunciada en el Cuzco por el visitador don José Antonio de Areche, contra José Gabriel Tupac-Amaru, su mujer, hijos, y demás reos principales de la sublevación.

El Perú actual, el criterio con el que actúa un corrupto, por cada obra como favor, pedir y recibir una coima, en eso están involucrado los ex presidentes Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala con la empresa ODEBRECHT, Graña Montero, y lo mismo hacen los Alcaldes y presidentes o Gobernador Regional. El juez brasilero Sergio Moro, que tiene a su cargo la investigación del Caso Lava Jato, y ¿en el Perú falta un Sergio Moro y un Baltasar Garzón? Estas empresas siguen cometiendo crímenes de corrupción.

Actualmente el Perú cuenta con más de 210 conflictos socioambientales, alrededor de 150 indígenas y líderes sociales perseguidos, judicializados, encarcelados y asesinados desde los corruptos gobiernos criollos y vende patrias pasados.

Así mismo alrededor de 300 líderes asesinados y perseguidos políticos en todo el continente, según los datos estadísticos, que por la ambición capitalista de las transnacionales extractivistas y por la activación del PLAN CONDOR 2 desde la CIA y Estados Unidos, en muchos países como Colombia los territorios indígenas están infestados de paramilitares, sicarios, matones, policías para perseguir a los líderes ambientalistas indígenas y no indígenas, que por defender los derechos de la Madre tierra Y LOS DERECHOS COLECTIVOS DE NUESTROS PUEBLOS venimos siendo acosados con la AGENDA DE LA MUERTE DEL IMPERIALISMO.

A los defensores de la madre tierra a los originarios quechua aymara, a los líderes que organizaron, que convocaron, para defender el agua, la tierra, el medio ambiente, a los que defienden el territorio ancestral originario, a los que luchan contra la contaminación, contra la corrupción son asesinados o judicializados, con argumentos, extorsión, alterar el orden público, disturbios, apología, argumentos, chantajes, calumnia, mentiras, testigos falsos, audios o videos de la prensa mentirosa, operador de las trasnacionales, prensa corrupta, sirviente a las corporaciones financieras.

Procesos sin aplicar los tratados y convenios internacionales que protegen a los pueblos originarios, no se aplica en su propio idioma, no se reconoce la justicia comunitaria de los ayllu y markas.

Sentimos la ausencia de las organizaciones de Derechos Humanos a nivel Nacional e Internacional, la ausencia de la comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, de los dirigentes de otras organizaciones, nos hace sentir la exclusión y el olvido, no se ve la incidencia a defender a los políticos líderes de pueblos originarios.

Desde el Kollasuyu, a ustedes hermanos y hermanas, nos dirigimos para alertar sobre este planteamiento de la FISCALÍA que pide 18, 24, 26, 28 años de presión, sin la aplicación de tratados y convenios internacionales que protegen a los pueblos indígenas, y sobre el tema EXTORSIÓN por derogar el D. S. 083- y emitir el D. S. 033-2011, Alan García en su condición de ser ex presidente y el ex Ministro de Energía Minas, No es parte en el proceso del AYMARAZO.

Tomando el ejemplo del pueblo de Valle de Tambo iniciar la auto convocatoria del inicio de la lucha frente a la concesión de agua, tierra, mineral, y/o. recursos naturales.

Que los conflictos sociales ocasionados por la inversión privada de los proyectos extractivos, caso Aymarazo, Valle de TAMBO, Las Bambas, es un conflicto de contenido político y que habiéndose agotado los reclamos vía administrativa, los reclamos mediante movilizaciones, son actos políticos contra las decisiones políticas de los gobiernos de turno para el cual se deberá dar una respuesta y salida política.

Denunciar los actos de terror y vandalismo provocados por el gobierno frente a las movilizaciones de los pueblos originarios, responsabilizando a las autoridades en este caso al ex presidente ALAN GARCÍA PÉREZ, MINISTRO DEL INTERIOR DE ESE ENTONCES, y MINISTRO DE MINERÍA EN LOS CASOS CONCRETOS DEL AYMARAZO Y BAGUAZO.

La lucha de los pueblos originarios, frente a los proyectos de inversión privada en territorio de los pueblos y comunidades ORIGINARIAS deberá agotar la vía de la lucha constitucional, la lucha internacional y luego la acción del pueblo.

En los pueblos originarios y las comunidades campesinas y originarias dentro del territorio llamado Perú se deben establecer el Derecho y la justicia comunitaria, por usos y costumbres, frente al derecho occidental ordinario.

Exigir la aplicación y poner en práctica la Justicia Originaria Intercultural Comunitaria, frente a la justicia ordinaria occidental, para la convivencia y solución rápida.

Los movimientos sociales y la lucha de todas las organizaciones sindicales, campesinas deben declarar a la corrupción en el Perú, como espuria y terrorista, por afectar los sagrados derechos del PUEBLO.

Persecución legal y política a los ex presidentes del Perú por actos de corrupción, sin prescripción y declararlo como acto de Terrorismo de Estado configurándose delito de  traición a la patria.

Establecer los Tribunales Indígenas Campesinos en las comunidades campesinas y nativas de los pueblos del Perú, cuyas decisiones deberán ser vinculantes.

Establecer una base de datos de líderes indígenas y líderes sociales judicializados, perseguidos y encarcelados.

¡No! a la persecución política a líderes originarios en Puno: Pablo Salas Charca, Rufino Machaca, Cleto Valencia; Cajamarca: Jorge Spelucin Aliaga de Apurímac, Jacinto Lucas; Arequipa: Pepe Julio Gutiérrez, y otros, CAMPAÑA NACIONAL DE SOLIDARIDAD y apoyo moral a sus familiares e hijos.

Marchar por la anulación de la Ley 30151, Ley de licencia para matar, y otros decretos legislativos que criminalizan la protesta social e interponer las acciones de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los pueblos originarios deberán organizar la defensa de los derechos colectivos, para la cual conocer y hacer cumplir los derechos indígenas originarios.

Aplicar el sistema de autogobierno en la educación, justicia, propia, economía, social para una Asamblea plurinacional y demandar al Estado y socializar al pueblo consultando.

Organizar y convocar la Cumbre Plurinacional de Justicia Comunitaria Originaria para el 23 de Julio del 2017 con sede en la ciudad de Puno.

Con el ruego de su difusión esperamos alcanzar justicia los defensores de la madre tierra y derechos del pueblo.

Camino a la reconstrucción del Tawantinsuyu para vivir en armonía con la pacha.

 

 

 

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