Sentencia 378 del TSJ usurpa la soberanía popular. Se convoca al pueblo venezolano a defender su soberanía

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Publicado en Aporrea: Sentencia 378 descarta Consulta Previa y Posterior

 

Sentencia 378

El día 31 de mayo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia número 378, mediante la cual se pronunció en torno al Recurso de Interpretación ejercido por el ciudadano Leopoldo Pita, quien solicitó se aclarara el sentido y alcance de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que existe la duda acerca de si se requiere hacer un Referendo para consultar al pueblo a los efectos de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

 

En efecto, la mencionada Sala después de admitir el referido recurso, entre otras cuestiones, afirmó:

 

“… A los fines de dar respuestas a tales interrogantes, esta Sala estima pertinente analizar el contenido de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales son del tenor siguiente:

Artículo 347. (…)

Artículo 348. (…)

En relación a la interpretación requerida, debemos inicialmente recordar que la Constitución de 1961 no contemplaba en su Título X (De las Enmiendas y Reformas a la Constitución), la figura de la Asamblea Constituyente para que el pueblo, como poder constituyente originario, pudiera redactar un nuevo texto fundamental.

Ante esta omisión, los ciudadanos Raúl Pinto Peña, Enrique Ochoa Antich y Viviana Castro, interpusieron ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en fecha 16 de diciembre de 1998, recurso de interpretación, con la finalidad de aclarar si era posible, con base en el artículo 4 de la Constitución (1961) y el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, convocarse un referéndum consultivo para que el pueblo determinara si estaba de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

 

La Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. Humberto J. La Roche, determinó “de conformidad con el orden constitucional vigente (Preámbulo, artículo 4 y 50 de la Constitución de 1961), artículos 234 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y 42, ordinal 24 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que:

La interpretación que debe atribuirse al artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, respecto del alcance del referéndum consultivo que consagra en cuanto se refiere al caso concreto objeto del recurso que encabeza las presentes actuaciones, es que: a través del mismo puede ser consultado el parecer del cuerpo electoral sobre cualquier decisión de especial trascendencia nacional distinto a los expresamente excluidos por la propia Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en su artículo 185, incluyendo la relativa a la convocatoria de una Asamblea Constituyente” (subrayado de este fallo).

Con base en este fallo, el Presidente de la República convocó, mediante Decreto N° 3 del 2 de febrero de 1999, el referéndum para que el pueblo se pronunciase sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, el 10 de marzo del mismo año, el convocante publicó la propuesta que fijó las Bases de la Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de que fueran sometidas a la aprobación del pueblo en el referéndum convocado por el Consejo Nacional Electoral para el 25 de abril de 1999.

Dichas bases fueron modificadas mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 18 de marzo de 1999 y su aclaratoria del 23 de marzo del mismo año, así como según fallo del 13 de abril de 1999.

Ahora bien, de lo expuesto se evidencia que el proceso constituyente que dio a luz la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se inició mediante la convocatoria, por parte del Jefe de Estado, de un referéndum consultivo para que el pueblo se pronunciase sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, en cuya oportunidad, el convocante propuso las bases para la elección de los integrantes del cuerpo encargado de la elaboración del nuevo texto fundamental.

Tales circunstancias iniciales se debieron a la ausencia en la Carta de 1961 de mención alguna de esta modalidad de revisión constitucional (sensu lato), lo que hizo necesaria la debida consulta interpretativa ante la antigua Corte Suprema de Justicia.

La situación constitucional actual es totalmente diferente. En efecto, como consecuencia del proceso de producción constituyente originaria, se estableció en el Título IX de la Carta de 1999, tres modalidades de “revisión” constitucional: la enmienda, la reforma y la Asamblea Nacional Constituyente. Esta última se integra, por primera vez en la historia constitucional de Venezuela, con ciertas características que es preciso señalar, a los efectos de resolver las dudas planteadas en el recurso de interpretación de autos:

En primer lugar, no hay previsión alguna sobre un referéndum acerca de la iniciativa de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Por otra parte, al consultar el contenido de la sesión 41 del 9 de noviembre de 1999, en el Diario de la Constituyente, esta Sala observó que en el desarrollo del debate correspondiente, la propuesta del Constituyente Manuel Quijada de que el pueblo pudiera convocar a la Asamblea Constituyente mediante un referéndum, fue negada.

Esta ausencia de previsión es, además, común a las otras modalidades de modificación constitucional, como lo son la Enmienda (Capítulo I) y la Reforma Constitucional (Capítulo II), ambas contenidas en el Título IX de la Carta Magna.

Ahora bien, ciertamente el artículo 71 eiusdem contempla la posibilidad opcional o facultativa de convocar a referendo consultivo las “materias de especial trascendencia nacional”; sin embargo, existen circunstancias objetivas sobrevenidas que ambientan el proceso de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, como es la aguda situación de la crisis política actualmente enfrentada y que ha provocado el decreto de un estado de excepción no concluido aun, que ha motivado la toma de decisiones genéricas, expeditas y de profundidad constitucional, dentro de la cuales, por iniciativa del Presidente de la República se ha resuelto iniciar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que pueda en condiciones pacíficas poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social, sin hacer uso en esta oportunidad, por tales circunstancias, de lo previsto en el citado artículo 71.

Efectivamente, una de las razones fundamentales de que se hiciese necesario convocar un referéndum consultivo bajo la vigencia del texto constitucional de 1961, es que en el mismo no estaba contenida esta modalidad de revisión constitucional (sensu lato).

Por el contrario, la Carta de 1999 la contempla expresamente, aunque para conservar su característica de poder constituyente originario (y no constituyente derivado – enmienda y reforma – o constituido), solo se precisa la iniciativa para su convocatoria, la prohibición de que los poderes constituidos puedan impedir u objetar las decisiones constituyentes (art. 349) y el límite al producto de sus actuaciones o deliberaciones: el carácter republicano del Estado, la independencia (soberanía), la paz, la libertad, el mantenimiento de los valores, principios y garantías democráticas, y la progresividad de los derechos humanos (art. 350).

Ello, porque si hubiera sido regulado constitucionalmente el proceso de formación del texto fundamental y la actuación del cuerpo constituyente, se habrían creado límites que desnaturalizarían su carácter de poder constituyente originario y, en principio, ilimitado.

En conclusión, en el debate constituyente prevaleció la tesis de acuerdo con la cual la Constitución no puede limitar la Asamblea Constituyente, pues, al ser esta la expresión directa de la soberanía popular, no admitía limitaciones.

En lo que atañe concretamente al artículo 347 constitucional, se advierte claramente el principio de la soberanía popular plasmado en el artículo 5 de los Principios Fundamentales (Título I) de la misma Constitución. En efecto, esta disposición, en su encabezamiento, pauta que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley e, indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Eso significa que el titular (o depositario) de la soberanía es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela; pero en lo que concierne a su ejercicio (de la soberanía) es necesario distinguir el ejercicio directo (democracia directa), que en nuestro ordenamiento jurídico se manifiesta en los medios de participación y protagonismo contenidos en el artículo 70 de la Constitución y que fueron desarrollados fundamentalmente mediante las leyes del Poder Popular (como la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica de Comunas, la Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras atribuciones; entre otras normas).

En estos casos, el pueblo es titular de la soberanía y la ejerce directamente a través del poder popular. En tal sentido, el poder popular encarna la democracia directa y sería contradictorio pretender que sus “expresiones” sean elegidas como si se tratara de una “representación” del cuerpo electoral.

La segunda modalidad de ejercicio de la soberanía es la indirecta, a través de los órganos que ejercen el Poder Público.

Uno de los rangos fundamentales distintivos que hacen de la Carta de 1999 una Constitución Social de nuevo tipo, es la opción por la democracia participativa y protagónica. En efecto, la Constitución de 1961 proclamaba en su artículo 3 que “El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo”. Esta disposición se complementaba con el artículo 4, que a la letra decía: “La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce, mediante el sufragio, por los órganos del Poder Público”.

Sólo el artículo 246 eiusdem contempla­ba en su ordinal 4° la previsión de un referéndum ratificatorio en caso de reforma general de la Constitución.

Ello significa que en el texto de 1961 había una clara escisión en­tre la titularidad de la soberanía (principio de soberanía popular) y su ejercicio (órganos del Poder Público). Se trata pues de una de­mocracia representativa extrema o pura, al mejor estilo liberal, sin mecanismos de democracia directa.

La Constitución de 1999 consagra el principio de la soberanía po­pular con las consecuencias políticas aludidas por Rousseau: el mandato imperativo (revocatoria del mandato -arts. 6 y 72- y rendición de cuentas -arts. 6 y 66). Es decir, en la nueva Carta el pueblo no solo es titular de la soberanía sino que, además, puede ejercerlo directamente a través de los medios de participación contenidos en el artículo 70 eiusdem y las modalidades “referendarias” contempladas en los artículos 71, 72, 73 y 74 eiusdem.

Estamos así en presencia de la democracia participativa y protagónica, respaldo político del Estado democrático y social de derecho y de justicia (artículo 2 constitucional).

La democracia participativa se manifiesta en las distintas modalida­des referendarias (referéndum consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio) y en el poder popular, que no es más que la concreción del ejercicio directo de la soberanía (artículo 5 constitu­cional). Democracia participativa es democracia directa y sus expre­siones son medios de participación y protagonismo del pueblo, no una representación del cuerpo electoral (democracia representativa).

Claro está, lo expuesto no significa que el modelo de democracia par­ticipativa excluye la representación. Ello implicaría la desaparición del Estado-aparato, que es imprescindible para la gestión diaria de los asuntos públicos. Como refiere Enrique Dussel, la democracia participativa y la representativa no son términos antitéticos o contradictorios: “Deben ser articulados dialécticamente, de manera que un término enriquezca al otro y se definan mutuamente.

 

En su tesis, Dussel acertadamente expresa:

‘La representación se institucionaliza como delegación; la participación se ejerce en acto, pero debe simultáneamente instituciona­lizarse. Hay entonces también una ‘potestas’ participativa. La función representativa es el gobierno, es decir, la ejecución de contenidos (momento material); la participación es propositiva (da a conocer y exige el cumplimiento de las necesidades o de­mandas de la comunidad política) y, además, es fiscalizadora (vi­gila como un panóptico, castiga o reconoce y premia los méritos) (momento formal de legitimación).

Los partidos políticos son mediaciones institucionales articuladas a la representación, la participación se origina en el buen juicio del sentido común ciudadano y no se identifica con los partidos (es anterior a ellos y mucho más que ellos).

La participación crítica institucionalizada, mesianismo en acto en el sentido de W. Benjamin, crea, si es necesario, el nuevo parti­do revolucionario o posrevolucionario crítico, como mediación para la transformación y la gobernabilidad de las instituciones de la representación del Estado y lo fiscaliza.

La democracia participativa tiene prioridad absoluta sobre toda ‘delegación’ del poder, es decir, sobre la Democracia representativa… efectivamente la Democracia participativa posee una anterioridad absoluta, por ser la esencia del ejercicio del poder, anterior a toda delegación.

Hasta hoy en día, y atravesando toda la Modernidad, a) la democra­cia unilateral representativa liberal ha ido mostrando sus defectos de manera creciente hasta culminar en el presente en un fetichismo monopólico de partidos políticos que corrompen el ejercicio del poder delegado del Estado. Mientras que b) el ideal de una plena democra­cia participativa nunca ha llegado a institucionalizarse de una manera efectiva por estar [o haber estado] monopolizada por posiciones anarquistas que tienen probada su imposibilidad fáctica.

La Revolución más profunda de nuestro tiempo, del siglo XXI, será la liberación de las comunidades políticas organizadas en Estados democráticos representativos, que lentamente institucionalizarán una democracia participativa de las mayorías…’. (Dussel, Enrique. “Democracia participativa, disolución del Estado y liderazgo político”. Exposición efectuada en el momento de la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Caracas -Versión digital-).

 

Ahora bien, la representación que, como advertimos, fue la regla en la Constitución de 1961, no deja de ser democrática y junto con los medios directos de ejercicio de la soberanía que ofrece la Constitución de 1999, constituyen los rasgos característicos del modelo constitucional venezolano.

El artículo 347, cuya interpretación se solicita, debemos necesariamente articularlo con el artículo 348, ambos del texto constitucional. En efecto, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en tal condición, y como titular de la soberanía, le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la iniciativa para convocarla le corresponde, por regla general, a los órganos del Poder Público (el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; y los Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos) quienes ejercen indirectamente y por vía de representación la soberanía popular. La única excepción de iniciativa popular de convocatoria es la del quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

De tal manera que, el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario: en el pueblo como titular de la soberanía. Pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al “Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular.

En los términos expuestos anteriormente, la Sala considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX.

Queda de esta manera resuelta la interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara:

1.- COMPETENTE para conocer de la demanda de interpretación constitucional de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

2.- ADMITE la demanda de interpretación constitucional incoada por el abogado Leopoldo Pita Martínez, actuando en nombre propio, ya identificado.

3.- La URGENCIA del caso.

4.- RESUELTA la interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

5.- ORDENA publicar este fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la página principal del sitio web de este Tribunal se haga mención de la existencia del fallo y se remita a su texto íntegro.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017). Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación…”.

 


Ahora bien, de un ligero análisis de la sentencia se pueden inferir, entre otras, las siguientes conclusiones:

1.- No se requiere consultar al pueblo para convocar a la asamblea Nacional Constituyente. En similar sentido, tampoco es necesario que se le consulte acerca de las Bases Comiciales. Por tanto, el Presidente de la República Constitucionalmente está facultado para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente y fijar las Bases Comiciales.

2.- La Asamblea Nacional Constituyente tiene carácter de Poder Constituyente Originario, en consecuencia, sus decisiones no requieren ser sometidas a la consideración del pueblo, en tanto depositario de la Soberanía, dado que ella en criterio de las Magistradas y Magistrados que dictan el fallo, encarna o personifica en sí misma la Soberanía Popular. Por consiguiente, no es necesario realizar un Referendo Constituyente para que la voluntad general del pueblo se exprese si aprueba o no la Constitución que redacte la Asamblea Nacional Constituyente.

3.- Dado el carácter de Poder Constituyente Originario que le ha conferido la sentencia número 378 a la Asamblea Nacional Constituyente, las decisiones que adopte desde el mismo momento de su instalación adquieren fuerza jurídica, por ende, son de inmediata ejecución, es decir, que no requieren de la aprobación del pueblo.

Finalmente, no es descartable que en las próximas horas la Sala Constitucional proceda a dictar una “sentencia aclaratoria” de la sentencia número 378, tal y como ocurrió con las sentencias 157 y 158 que “aclararon” las sentencias 155 y 156 respectivamente, pues el conjunto de tergiversaciones, insuficiencias, contradicciones, en fin, de la ilogicidad del razonamiento que se expresa en ella es de tal magnitud y notoriedad que es posible que rectifiquen.

En cualquier caso, dada la manifiesta violación del Orden Jurídico Constitucional de la República, todas las Patriotas Revolucionarias y todos los Patriotas Revolucionarios están en el deber de defender la Patria conforme lo ordena el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal contexto, es necesario que urgentemente nos organicemos desde los Sindicatos Clasistas, Frentes Campesinos, Consejos Comunales, Grupos Estudiantiles, Comunidades Indígenas, Gremios Profesionales, asociaciones Productivas, en síntesis, todas las organizaciones populares y revolucionarias para conjuntamente planificar y llevar a cabo medidas y acciones dirigidas al restablecimiento del régimen jurídico institucional adoptado por la Nación en la Constituyente del año 1999 y, especialmente, para garantizar la Defensa de la Soberanía Popular.

 

¡EL SOBERANO ES EL PUEBLO, NO LA BURGUESÍA NI LA BUROCRACIA ABURGUESADA!

Ricardo Cordero. Abogado.

 

 

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