El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha propuesto utilizar bases militares para albergar a migrantes detenidos, lo que ha desatado una ola de críticas por parte de legisladores demócratas y organizaciones de derechos humanos. En un informe presentado ante el Congreso, Hegseth mencionó que las instalaciones de Camp Atterbury en Indiana y la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst en Nueva Jersey podrían servir como espacios temporales para los inmigrantes detenidos, en el marco de la estrategia de detención masiva impulsada por la administración del expresidente Donald Trump.
La propuesta surge en un contexto donde el número de arrestos de migrantes ha ido en aumento, con un enfoque particular en aquellos que no tienen antecedentes penales. Esto ha llevado a las autoridades federales a buscar nuevas soluciones para el alojamiento de detenidos, ampliando así la capacidad del sistema de detención migratoria. En la actualidad, existen aproximadamente 60,000 camas disponibles para inmigrantes, con un objetivo de expansión que busca alcanzar las 100,000.
Tom Homan, el zar fronterizo de la Casa Blanca, enfatizó que la búsqueda de “cualquier espacio disponible que cumpla con los estándares de detención” es necesaria para sacar a más personas “de las calles”. Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado resistencia significativa. Legisladores demócratas de Nueva Jersey han expresado su preocupación por el impacto que tendría en los recursos militares del país y han advertido que el uso del ejército para tareas migratorias podría abrir la puerta a redadas masivas por parte de ICE en comunidades locales.
El representante demócrata Andre Carson, de Indiana, ha señalado que aún no ha recibido información del gobierno federal sobre las condiciones en las que serían mantenidos los migrantes detenidos. Por su parte, Amol Sinha, director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Nueva Jersey, ha calificado esta práctica como un precedente “peligroso” que contradice los valores constitucionales de la nación. Cabe destacar que las bases mencionadas ya han sido utilizadas en el pasado para acoger a refugiados afganos y ucranianos, lo que añade una capa de complejidad a la actual discusión.
En un desarrollo paralelo, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela liberó a diez estadounidenses y residentes permanentes en un acuerdo tripartito con Estados Unidos y El Salvador, lo que ha generado controversia. A cambio, se recibieron más de 250 migrantes venezolanos que estaban detenidos en una prisión salvadoreña. Este pacto ha sido considerado un logro diplomático para Maduro, al tiempo que beneficia a Trump, quien busca repatriar a ciudadanos estadounidenses encarcelados en el extranjero.
Los migrantes liberados provenían del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido por su condición de megaprisión destinada a pandilleros, donde organizaciones de derechos humanos han denunciado casos de torturas y muertes. Al llegar a Venezuela, algunos de los migrantes mostraron signos de emoción, mientras que Maduro afirmó que varios de ellos habían sido víctimas de abuso, incluso mencionando que uno de ellos había perdido un riñón debido a golpizas recibidas.
El acuerdo provocó un debate en Estados Unidos, ya que Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para justificar la deportación de migrantes, acusándolos sin pruebas de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Esta medida ha desencadenado una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema. Durante el proceso de traslado, el gobierno salvadoreño difundió imágenes de los migrantes venezolanos esposados y custodiados por agentes antidisturbios, lo que suscitó críticas por la forma en que se manejó el operativo.
Por otro lado, el secretario de Estado Marco Rubio celebró la liberación de los estadounidenses y agradeció a Nayib Bukele por su colaboración en el proceso. Mientras tanto, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, informó que los migrantes que regresan serán sometidos a pruebas médicas y verificación de antecedentes antes de ser enviados a sus hogares. Aunque inicialmente Maduro rechazó el canje propuesto por Bukele, posteriormente calificó el día del retorno como una “bendición” para Venezuela.
La intersección de estas dos políticas migratorias —el uso de bases militares en Estados Unidos para la detención de migrantes y el canje de prisioneros en el contexto venezolano— pone de manifiesto la complejidad y las tensiones que rodean la migración en la región. Con un número creciente de personas cruzando fronteras en busca de mejores oportunidades, el debate sobre el manejo de la migración se vuelve cada vez más relevante y polémico.
