La reciente retención de Carlos Alberto Treviño en Estados Unidos ha generado revuelo en el ámbito político y judicial de México. La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado que el exdirector de Petroleos Mexicanos (Pemex) cuenta con una orden de aprehensión vigente y ejecutable. Esta declaración se realizó a través de una tarjeta informativa emitida por la dependencia, liderada por Alejandro Gertz Manero.
Treviño fue detenido el 12 de agosto en Dallas, Texas, por la Oficina de Detención y Deportación (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Según la FGR, se encuentra en proceso de deportación y está bajo custodia de ICE-ERO. Sin embargo, la situación es más compleja de lo que parece. El bufete Zamudio Abogados, que representa a Treviño, ha declarado que su cliente no fue arrestado con el propósito de ser entregado a las autoridades mexicanas, sino que su retención se debe a una “confusión estrictamente de carácter migratorio”.
En un comunicado, la defensa de Treviño aseguró que él reside legalmente en Estados Unidos, que cuenta con un empleo y que “nunca se ha escondido”. Además, mencionaron que está en proceso de solicitud de asilo, lo que, según ellos, lo haría “inextraditable”. Esta afirmación contrasta con la versión de la FGR, que sostiene que hay una orden de aprehensión en su contra por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Zamudio Abogados subrayó que no existe una ficha roja de Interpol contra su cliente y que las autoridades estadounidenses consideran que la investigación abierta en México podría constituir “una persecución violatoria de sus derechos fundamentales y del debido proceso”. Este punto ha generado un debate sobre la legalidad y la motivación detrás de la orden de aprehensión emitida por el gobierno mexicano.
La defensa también declaró que no sería exacto hablar de una deportación inminente, ya que “el caso del señor Carlos Treviño está siendo revisado por un juez de la materia”. Esto implica que cualquier decisión relacionada con su estatus migratorio deberá resolverse en un entorno judicial, lo que podría llevar tiempo y complicar los planes de extradición que el gobierno mexicano podría tener en mente.
El tema ha cobrado fuerza en la opinión pública, sobre todo tras las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en una conferencia de prensa mencionó que “ayer se detuvo a un director o exdirector de Pemex” en Estados Unidos. Sheinbaum también comentó que existía “una solicitud de extradición de hace como cinco años” y que Treviño “va a ser deportado en los próximos días” para enfrentar cargos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht y denuncias de Emilio Lozoya.
La diferencia entre las versiones de la defensa y la de las autoridades mexicanas ha llevado a la confusión en torno a la situación legal de Treviño. Mientras que la FGR parece tener una postura firme sobre la existencia de una orden de aprehensión, la defensa insiste en que la retención de su cliente es un malentendido que debe resolverse en el ámbito migratorio.
El futuro de Carlos Treviño se encuentra en un punto de incertidumbre, con la posibilidad de que su situación legal en Estados Unidos se prolongue mientras se evalúan las implicaciones de las acusaciones en su contra. A medida que avanza este caso, es clave seguir de cerca los movimientos tanto de las autoridades estadounidenses como de las mexicanas, que tienen un interés significativo en la resolución de este asunto.
