El pleno del Congreso local ha tomado una decisión contundente al desaprobar **123 cuentas públicas** correspondientes al ejercicio fiscal 2024, tras detectar irregularidades que suman un daño patrimonial de **$84.8 millones**. Este dictamen fue presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, y revela una serie de anomalías que incluyen desvío de recursos, peculado y pagos sin comprobación.
La mayoría de las cuentas reprobadas corresponden al periodo de julio a agosto de 2024, lo que coincide con las últimas gestiones de las administraciones municipales salientes. Sin embargo, el caso de **Contla de Juan Cuamatzi**, bajo la gestión de la petista **Ivonne Roldán Xolocotzi**, ha llamado especialmente la atención, ya que en apenas cuatro meses de su administración se reportaron anomalías por **$4.8 millones**.
El municipio de **Huamantla** se sitúa a la cabeza de las observaciones, acumulando un monto de **$31.6 millones** en irregularidades. La auditoría del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) reveló gastos desmesurados en la feria de 2024, los cuales se realizaron sin cumplir con los procedimientos de licitación pública, que exige invitar a al menos tres proveedores. Entre estos gastos se incluyen la contratación de grupos musicales por **$36 millones**, la renta de equipo de audio e iluminación por **$6.3 millones**, y arrendamientos directos por **$3 millones** para seguridad pública. Estos gastos fueron realizados sin la debida justificación documental.
Además de Huamantla, la cuenta de **Apizaco** también fue reprobada, sumando irregularidades que alcanzan **$14.2 millones**. Aquí, los gastos improcedentes se elevaron a **$9.9 millones**, junto con pagos por bienes y servicios que no contaron con la recepción comprobada. También se encontraron obras contratadas a precios por encima del mercado, así como pagos por conceptos no ajustados a las especificaciones técnicas.
La cuenta del cierre de la administración pública de **Chiautempan** reflejó un daño patrimonial de **$11.8 millones**, donde se identificaron pagos improcedentes y volúmenes de obra no ejecutados. Este tipo de irregularidades, junto con un faltante de bienes muebles, destaca la necesidad de una supervisión más rigurosa de los recursos públicos.
En **Cuapiaxtla**, las anomalías sumaron **$5.1 millones**, principalmente por pagos a “deudores diversos” y recursos públicos otorgados sin comprobación. En este contexto, es preocupante que la auditoría haya detectado obras y conceptos pagados que no fueron fiscalizados, debido a la falta de documentación técnica que justificara su existencia o calidad.
El caso de Contla de Juan Cuamatzi se distingue por las irregularidades que se registraron bajo su actual administración. Con un monto de **$4.8 millones**, se reportaron pagos improcedentes, obras no ejecutadas y procesos constructivos deficientes, algunos de los cuales generaron afectaciones a obras públicas, lo que resulta alarmante.
El listado de cuentas públicas desaprobadas también incluye a **Benito Juárez**, con **$4.3 millones** por obligaciones financieras sin liquidez, y **Hueyotlipan**, que acumuló **$2.9 millones** en irregularidades. También figuran **Atltzayanca** y otras municipalidades que, aunque con montos menores, suman a un total de **$22.5 millones** en daños patrimoniales.
A pesar de estas desaprobaciones, el Congreso local aprobó **19 cuentas públicas** pertenecientes a 14 municipios, argumentando que las anomalías detectadas eran “solventables” dentro de los plazos establecidos por la ley. Entre las cifras más elevadas aprobadas, destaca nuevamente Huamantla, con irregularidades por **$5.4 millones**, seguida por Chiautempan y Calpulalpan.
El desglose de los daños patrimoniales aprobados muestra que **Contla de Juan Cuamatzi** tuvo dos dictámenes que, a pesar de las anomalías, fueron validados. El municipio de **Xaltocan** fue dividido en tres dictámenes, donde también se registraron observaciones por montos mínimos. Sin embargo, el seguimiento por parte del OFS es indispensable, ya que las observaciones deben continuar vigentes, lo que implica que los servidores públicos están sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa y penal.
Esta situación subraya la importancia de la fiscalización en el uso de recursos públicos, un tema que no solo afecta a las administraciones municipales, sino que también repercute en la confianza ciudadana hacia sus representantes. La lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión pública son más relevantes que nunca.
