ACTUALIZACIÓN: Un cambio radical en la política social de Argentina es urgente, abogando por un enfoque libertario que reemplace el asistencialismo populista, según nuevos reportes. La situación actual destaca la dependencia crónica de millones de ciudadanos del Estado, lo que ha llevado al estancamiento económico y a una pobreza extendida.
La propuesta se centra en abandonar los sistemas que han generado un gasto público desmesurado y una presión tributaria asfixiante, transformando así la cultura del trabajo y promoviendo la autonomía de los ciudadanos. La idea es reestructurar la asistencia social para que los subsidios se entreguen de forma que fomenten la independencia y no la dependencia del Estado.
Los reportes enfatizan que la política social no puede seguir al margen de principios libertarios, buscando incluir a todos en los beneficios del crecimiento económico, sin caer en el clientelismo político. En este sentido, se argumenta que el modelo de bienestar debe adaptarse a nuevas realidades y centrarse en la meritocracia y la educación pública básica.
Desde el establecimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2009, se ha criticado la dependencia de transferencias monetarias que no fomentan el trabajo formal, creando lo que se conoce como “la trampa de la pobreza”. Este sistema, que otorga beneficios sin condiciones laborales, ha llevado a un deterioro de la cultura del trabajo y a una creciente percepción de que los impuestos no se traducen en servicios efectivos.
Las propuestas incluyen cuatro pilares fundamentales para una nueva política social: primero, el cambio de subsidios monetarios a subsidios en especie que aseguren el uso adecuado de los recursos. Segundo, establecer condiciones que permitan a los beneficiarios mantener los subsidios incluso al obtener un empleo formal, incentivando así la reinserción laboral.
El tercer pilar sugiere la autoselección de los beneficios en especie, lo que reduciría los costos de verificación y evitaría el fomento de la informalidad laboral. Por último, se plantea que el Estado debe subsidiar los servicios esenciales, pero su provisión debe estar a cargo de organizaciones privadas, ONGs y otros actores sociales que puedan ofrecer servicios de calidad y competitivos.
Este enfoque busca no solo aliviar la pobreza, sino también fomentar un crecimiento sostenible y una democracia donde los ciudadanos sean autónomos y no dependan de favores estatales. Las experiencias internacionales, como el sistema sueco de bonos escolares, sirven como modelo a seguir en el diseño de políticas que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades.
La implementación de estos principios requiere coraje político y una narrativa que devuelva a los ciudadanos el orgullo de valerse por sí mismos, promoviendo un futuro donde la pobreza no sea administrada, sino superada. La inclusión y el crecimiento comienzan por invertir la ecuación actual y priorizar la responsabilidad individual sobre la asistencia estatal.
El autor, miembro del Consejo Superior de la Universidad del CEMA y con un máster en economía de la Universidad de Chicago, enfatiza que esta transformación es crucial para evitar el estancamiento y abrir caminos hacia un desarrollo sostenible.
