OAXACA, Oax. – La situación de derechos humanos en Oaxaca se ha vuelto crítica, especialmente para la población juvenil. Un alarmante informe de 20 organizaciones y colectivos de la sociedad civil documenta más de 900 desapariciones de mujeres, en su mayoría jóvenes entre 12 y 29 años, desde el inicio del gobierno de Salomón Jara Cruz en 2022. Estos datos no solo reflejan una crisis de seguridad, sino también el impacto devastador de las violencias estructurales que enfrentan las juventudes en el estado.
Las organizaciones, que incluyen al Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli y la Fundación MSI, se reunieron para analizar esta problemática y exponer la situación precaria que viven los jóvenes. En su pronunciamiento, resaltaron que las juventudes están sometidas a la discriminación, la falta de acceso a empleos dignos y la violencia institucional, lo que afecta gravemente su bienestar emocional y futuro.
Las cifras son contundentes. Según datos del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, durante el actual gobierno, las desapariciones siguen en aumento y muchas de ellas permanecen sin justicia. Las familias de las víctimas enfrentan una revictimización institucional, con protocolos inadecuados y una sistemática falta de respuesta por parte de las autoridades.
La precariedad laboral es otro aspecto crítico. Las juventudes en Oaxaca reciben, en promedio, $33.8 MXN por hora, lo que las obliga a aceptar trabajos sin contrato y sin acceso a seguridad social. Esta situación ha llevado a muchos a buscar alternativas en economías ilegales o a unirse a fuerzas armadas y grupos criminales como única opción de subsistencia.
Las juventudes afrodescendientes e indígenas también han señalado las barreras que enfrentan debido al racismo y la discriminación. Su cultura y formas de vida siguen siendo invisibilizadas, lo que les impide acceder a políticas públicas que reconozcan sus derechos y necesidades. La falta de un apoyo real para vivir y desarrollarse según sus propias cosmovisiones es un reflejo de la exclusión sistemática que enfrentan.
Por otro lado, las juventudes de la diversidad sexogenérica han denunciado que los espacios laborales y educativos son hostiles. Muchas personas trans, no binarias, lesbianas y gays se han visto forzadas a aceptar trabajos informales o sexuales desde edades tempranas, incrementando su vulnerabilidad y exposición a múltiples formas de violencia.
“Apostamos por una visión del buen vivir, que reconozca el vínculo entre justicia social, sostenibilidad ambiental y derechos colectivos”, señalaron los representantes de las organizaciones durante la reunión.
La lucha por un futuro sin miedo es constante, y los jóvenes enfrentan obstáculos significativos para acceder a vivienda digna y servicios de salud integral. En el ámbito educativo, la violencia sexual, el acoso y la discriminación por identidad de género son prácticas que continúan normalizándose, dejando a estudiantes, principalmente mujeres y personas LGBTIQ+, en una situación de vulnerabilidad. La falta de protocolos eficaces y la revictimización son solo algunas de las quejas que han presentado en sus espacios universitarios.
Asimismo, se ha evidenciado la exclusión de las juventudes con discapacidad, quienes enfrentan barreras físicas y culturales que limitan su participación en diversas áreas de la vida pública. Las políticas públicas deben garantizar accesibilidad universal y procesos de integración reales, que respeten los derechos humanos y eviten enfoques asistencialistas.
En este contexto, las juventudes exigieron al gobierno de Oaxaca el reconocimiento del trabajo digno como un derecho humano. También pidieron políticas que garanticen condiciones laborales justas, libres de violencia y sin discriminación. La creación de políticas interseccionales que partan del diálogo con las juventudes en su diversidad es fundamental para abordar sus realidades de manera efectiva.
Asimismo, se solicitó una atención integral a la salud emocional, con servicios públicos que sean culturalmente pertinentes y que incluyan un enfoque de género. Las organizaciones enfatizaron la urgencia de implementar medidas contra la violencia de género que viven las juventudes en todos los ámbitos: comunitarios, educativos, laborales e institucionales.
Finalmente, pidieron el cese inmediato de la criminalización y persecución policial de las juventudes en espacios públicos, así como la creación de protocolos de actuación que respeten los derechos humanos. También exigieron acciones efectivas para la búsqueda de mujeres desaparecidas, con un enfoque de género y un apoyo real para las familias afectadas.
Las colectivas firmantes concluyeron su pronunciamiento con un llamado a garantizar la inclusión y la accesibilidad para las juventudes con discapacidad, así como a implementar políticas que protejan los territorios y los recursos naturales, reconociendo a los jóvenes como defensores legítimos de sus comunidades.
