El Govern balear ha solicitado formalmente al Ministerio de Infancia y Juventud acogerse a la figura de contingencia migratoria, buscando paralizar el traslado de menores no acompañados que llegan del resto de España. Esta decisión responde a una situación crítica que enfrenta el archipiélago, donde en lo que va del año se han registrado 4,895 personas migrantes en situación irregular, de las cuales más de 350 son menores que viajan solos.
Presión sin precedentes en las Islas Baleares
La vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha enviado un escrito al Ministerio en el que se destaca que las Islas Baleares están viviendo un contexto de “presión sin precedentes”. Actualmente, los consells insulares tienen bajo su tutela a 694 niños y adolescentes migrantes no acompañados, una cifra que supera con creces la capacidad ordinaria establecida en el Real Decreto 743/2025, que prevé solo 406 plazas disponibles.
Esto significa que dos de cada tres menores tutelados en el archipiélago son jóvenes migrantes, lo que ha llevado al sistema a una sobreocupación alarmante, superior al 1,000 por ciento. Estarellas enfatizó que la imposición de derivaciones sin el necesario apoyo, diálogo ni consenso “supondría un riesgo directo tanto para los menores como para la sostenibilidad de todo el sistema de protección”.
Acciones legales en marcha
Paralelamente, el Govern continúa promoviendo acciones legales para defender la capacidad de decisión y la viabilidad del sistema de protección insular. La presidenta balear, Marga Prohens, anunció que la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Decreto 658/2025, del 22 de julio, y ya se trabaja en otro recurso contra el Real Decreto 743/2025, del 26 de agosto.
Estas impugnaciones se suman a un recurso presentado en marzo contra el Real Decreto-ley 2/2025, del 18 de marzo, que actualmente está siendo revisado por el Tribunal Constitucional. Desde el Ejecutivo autonómico han insistido en que continuarán utilizando “todas las vías políticas y jurídicas disponibles” para garantizar el respeto al principio de interés superior del menor y la sostenibilidad del sistema de protección del archipiélago.
