La Corte Constitucional de Colombia ha fallado a favor de Aura María Urrea, una empleada doméstica de Popayán, quien pasó dos décadas sin recibir afiliación a salud y pensión. Este fallo representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales de quienes trabajan en la informalidad, un tema que merece atención en el contexto actual.
Urrea, quien laboró de lunes a viernes desde 2002 hasta 2021 en la casa de una familia, fue despedida de manera injustificada bajo la premisa de protegerla del COVID-19. Sin embargo, su empleadora nunca la volvió a llamar, y posteriormente, le hizo firmar documentos que ella no pudo entender completamente debido a sus limitaciones de lectura y escritura.
Un largo camino hacia la justicia
Después de múltiples intentos de buscar justicia, en 2022 Urrea decidió consultar en la inspección de trabajo y en el consultorio jurídico de la Universidad de Popayán. Lamentablemente, en la primera instancia no se logró una conciliación, y en el segundo lugar le recomendaron no iniciar una demanda. Fue hasta 2024 que presentó una tutela, argumentando que la falta de afiliación social vulneraba sus derechos a la dignidad humana y el mínimo vital, que no puede cubrir con los 80,000 pesos que recibe del programa adulto mayor.
La empleadora, por su parte, sostuvo que Urrea había trabajado con contratos a término indefinido desde 2018 hasta 2020, año en el que se acordó no renovarlos. Sin embargo, la Corte encontró inconsistencias en esta afirmación y determinó que la empleadora no presentó pruebas suficientes para respaldar su versión sobre la finalización del contrato.
Decisión de la Corte y su impacto
Después de revisar la tutela que había sido negada en primera y segunda instancia, la Corte Constitucional decidió retomar el caso. La jurisprudencia establece que es el empleador quien debe aportar pruebas que demuestren la terminación justificada del contrato. Por lo tanto, Urrea no tenía la carga de presentar más evidencia en el proceso.
Finalmente, la Corte ordenó un amparo transitorio que beneficia a Urrea, obligando a la empleadora a pagar el 50% de un salario mínimo legal vigente mientras se resuelve el caso de forma definitiva. Este falló también incluyó un llamado al observatorio jurídico de la Universidad de Popayán, que había calculado una liquidación de solo tres meses, desestimando el tiempo restante por considerarlo excesivo.
Con esta decisión, la Corte Constitucional reafirma su compromiso de proteger los derechos de las trabajadoras domésticas, un sector tradicionalmente vulnerable. Es necesario recordar que, a partir de la reforma laboral de 2025, las trabajadoras deberán contar con un contrato escrito, y si este es verbal, se considera indefinido; además, la jornada laboral no debe exceder las ocho horas diarias, independientemente de que trabajen en casa de familia.
La realidad es que este caso resalta la urgente necesidad de mayor protección y regulación para los derechos laborales en un contexto donde muchos trabajadores aún enfrentan precariedad y falta de reconocimiento.
