La Procuraduría General de la Nación ha exigido a la Alcaldía de Cartagena rendir cuentas sobre las graves irregularidades en el transporte público, particularmente en lo que respecta a los vehículos en mal estado o sin habilitación oficial. Este requerimiento surge tras la detección de múltiples infracciones en el servicio colectivo urbano, especialmente en áreas con problemas de seguridad y calidad.
Problemas graves en el transporte urbano
En un comunicado oficial, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena destacó diversas problemáticas que afectan directamente a los usuarios, tales como el sobrecupo, la conducción peligrosa y el uso de vehículos con deterioro estructural y mecánico. Se han documentado casos de unidades oxidadas y con puertas en mal estado, además de la falta de accesibilidad para personas con discapacidad y preocupantes emisiones contaminantes.
La autoridad subrayó que estas irregularidades evidencian “deficiencias en la prestación del servicio”, y en su oficio a la administración local, hizo un llamado a proteger los derechos colectivos de la ciudadanía. En este sentido, enfatizó que el transporte público debe operar bajo estándares de seguridad, calidad y respeto hacia los usuarios.
Relación tensa con los operadores de transporte
La Procuraduría también solicitó información detallada y actualizada sobre la base de datos de vehículos que integran el sistema de transporte colectivo urbano. Asimismo, instó a la alcaldía a implementar acciones integrales y sostenibles que mantengan la vigilancia en los puntos críticos de la ciudad, donde los problemas son más frecuentes.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se refirió a la situación actual, señalando que la empresa Sotramac, operador principal de buses del Sistema de Transporte Masivo Transcaribe, es responsable de la precariedad del servicio. En conversación con La W, el mandatario afirmó que “cuando llueve, los buses se mojan más dentro que afuera”, refiriéndose al mal estado de la flota.
En la actualidad, Sotramac opera solamente 47 de sus 102 buses, mientras que el 48% de la flota permanece fuera de circulación por problemas mecánicos. Turbay indicó que “los cartageneros pagan la tarifa y la alcaldía de Cartagena”, y criticó a los anteriores alcaldes por no resolver la situación, describiéndola como una “queja y una denuncia desobligante” hacia la ciudadanía.
Desde 2017 hasta junio de 2025, Sotramac habría recibido 296.092 millones de pesos, de los cuales 261.570 millones corresponden a kilómetros recorridos y 34.522 millones a acuerdos conciliatorios desde 2023. Por su parte, la denuncia presentada por Sotramac sostiene que el alcalde debió planear una transferencia oportuna al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) o aumentar la tarifa a 2.700 pesos por pasajero a partir del 1 de enero de 2025, lo cual no ha ocurrido, evidenciando un incumplimiento de los procedimientos establecidos en el Decreto 1277 de 2015.
La situación del transporte público en Cartagena representa un desafío significativo, y la presión de la Procuraduría podría ser un catalizador para el cambio necesario en un sistema que actualmente no satisface las necesidades de la ciudadanía.
