La violencia contra los periodistas en México ha alcanzado niveles alarmantes en lo que va de 2025, con un total de nueve asesinatos en solo siete meses, de los cuales ocho están relacionados directamente con su labor periodística. Esta cifra supera ya los nueve casos registrados durante todo el año 2024, según el informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Un panorama desolador
México se sitúa nuevamente como el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, seguido por Perú con dos asesinatos, Colombia, Guatemala y Ecuador, que registran un asesinato cada uno. Los casos más recientes en México incluyen a Calletano de Jesús Guerrero, quien había estado bajo el Mecanismo de Protección desde 2014 y fue asesinado en enero en el Estado de México, lo que pone en evidencia las fallas del sistema de protección.
En el mismo mes, también fue ejecutado Alejandro Gallegos de León, director de La Voz del Pueblo, tras publicar investigaciones sobre el crimen organizado. Otros nombres trágicos son el de Kristian Uriel Zavala Martínez de El Silaoense.mx y Raúl Irán Villarreal Belmont del Observatorio Ciudadano, quienes investigaban la violencia estatal y desapariciones.
La impunidad y la falta de protección
En mayo, el director de El Guerrero Opinión Ciudadana, José Carlos González Herrera, fue atacado en Acapulco, Guerrero. Un mes después, Salomón Ordoñez, fundador de Shalom Cuetzalan Producciones, fue asesinado durante un ataque armado en Puebla. El 7 de julio, en Cajeme, Sonora, Ángel Sevilla fue ejecutado mientras circulaba en motocicleta. Finalmente, el 8 de julio, en Cozumel, Quintana Roo, fue encontrado el cuerpo del periodista de investigación Melvin García, quien había regresado del exilio tras denunciar a un exgobernador. Al día siguiente, en Acapulco, Ronald Paz Pedro fue asesinado minutos después de realizar una transmisión en vivo.
Artur Romeu, director de RSF en América Latina, condenó los asesinatos y afirmó que esta tendencia confirma el grave deterioro de las condiciones de seguridad para los periodistas. La mayoría de las víctimas trabajaban en medios comunitarios o locales, cubriendo temas delicados como la corrupción, el crimen organizado, la violencia estatal y el medio ambiente. Vale la pena mencionar que varias de estas víctimas habían recibido amenazas y eran blanco de campañas de difamación, y dos de ellas estaban bajo protección policial al momento de ser asesinadas.
RSF ha exigido a los gobiernos de la región reforzar los mecanismos de protección, garantizar la seguridad de los periodistas y llevar a cabo investigaciones independientes, rápidas y exhaustivas. El llamado es urgente, pues la libertad de expresión en México y en toda América Latina está en juego.
