Las pensiones de los extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) han desatado controversia al revelarse que algunos jubilados reciben montos que superan hasta 140 veces el promedio nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer en conferencia de prensa que más de un centenar de pensionados de estas empresas estatales perciben cantidades exorbitantes, lo que ha generado un debate sobre la justicia social y la sostenibilidad de estos pagos.
Montos millonarios y su impacto en las finanzas públicas
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el promedio mensual de las pensiones en México es de aproximadamente 7,092 pesos mexicanos. Sin embargo, en el caso de los extrabajadores de LyFC, 9,457 pensionados reciben entre 100,000 y un millón de pesos mensuales. Esto equivale a un gasto anual de 28,074 millones de pesos para cubrir estas pensiones, lo que representa una carga significativa para las finanzas públicas.
Por otro lado, en Pemex, al menos 618 extrabajadores reciben pensiones que superan, en un solo mes, el monto anual asignado al director general de la empresa. Esto significa que perciben 39 veces más que el promedio nacional, mientras que 544 pensionados adicionales reciben montos superiores al sueldo de la presidenta. Estos datos son preocupantes y plantean la pregunta: ¿qué acciones tomará el gobierno ante este fenómeno?
Posibles medidas y revisión de pensiones
Durante la conferencia del 29 de agosto de 2023, la presidenta Sheinbaum anunció que se revisará la situación de estas pensiones para evaluar posibles acciones legales con el objetivo de eliminar los montos “millonarios” que reciben algunos extrabajadores. “Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México; un millón de pesos, imagínense, mensuales”, criticó Sheinbaum.
Por su parte, Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, presentó una serie de posibles medidas tras detectar los elevados montos que reciben algunos pensionados. Se establecerán mesas de trabajo con la Consejería Jurídica y participación de instituciones como el IMSS, ISSSTE, Indep y la Secretaría de Hacienda para revisar la legalidad de estas pensiones.
Entre las acciones que se llevarán a cabo, se emitirá un oficio para normar los requisitos de pensiones, se firmarán convenios de colaboración con registros civiles para actualizar los padrones de pensionados y se realizará una revisión jurídica y constitucional que permita el intercambio de información con autoridades estatales.
La situación actual de las pensiones de Pemex y LyFC plantea interrogantes sobre la equidad en el sistema de jubilaciones en México. Las decisiones que tome el gobierno en los próximos meses serán clave para abordar este desafío y garantizar un trato más justo para todos los trabajadores mexicanos.
