Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos ha ratificado la decisión de la Administración de Donald Trump de poner fin al estatus legal temporal de cientos de miles de migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito desestimó un recurso interpuesto por organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que genera un panorama complicado para aproximadamente 430,000 migrantes.
Decisión Judicial y sus Implicaciones
La corte anuló una resolución anterior de la jueza de distrito Indira Talwani, quien había cuestionado la autoridad de la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para revocar la llamada “libertad condicional” migratoria. Talwani argumentó que Noem había actuado fuera de sus competencias, pero el panel de tres jueces, todos designados por presidentes demócratas, determinó que no había evidencia suficiente para probar que la secretaria careciera de facultades legales bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En su opinión, el magistrado Gustavo Gelpí reconoció que la revocación de esta figura migratoria coloca a los afectados en una situación difícil. Deben decidir entre regresar a sus países de origen, donde enfrentan altos niveles de inseguridad, o quedarse en Estados Unidos sin estatus legal, expuestos a detenciones y deportaciones. A pesar de este impacto, Gelpí subrayó que no invalida la autoridad legal de la secretaria para tomar la decisión.
Reacciones y Futuro Legal
El documento emitido por el tribunal concluyó que la decisión de Noem no fue “arbitraria y caprichosa”, como había argumentado Talwani. “Determinamos que los demandantes no han presentado pruebas firmes sobre que puedan tener éxito a la hora de demostrar que la acción de la secretaria fuera arbitraria”, señalaron los jueces. Con esto, el caso se remite para más procedimientos conforme a esta opinión.
Desde el Justice Action Center, la abogada Esther Sung calificó el fallo como “devastador”, aunque destacó que aún hay posibilidades de revertirlo a medida que el proceso legal avanza hacia una decisión definitiva. Por su parte, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el Departamento de Justicia emitieron declaraciones tras la resolución, aunque este último había argumentado que mantener la decisión de Talwani contradecía una suspensión previa dictada por el Tribunal Supremo.
Este programa migratorio, que se amplió en 2023 bajo la Administración de Joe Biden, había ofrecido permisos temporales de hasta dos años a migrantes de las naciones mencionadas, facilitando el acceso a más de medio millón de personas entre octubre de 2022 y enero de 2025. Sin embargo, el gobierno de Trump decidió finalizarlo en marzo, afectando directamente a miles de familias que se encuentran ahora en un limbo legal.
