La reciente propuesta del gobierno mexicano de aplicar aranceles a productos provenientes de países que no tienen un tratado de libre comercio, especialmente aquellos de Asia, ha generado un intenso debate en los ámbitos económico y político.
La medida, que oficialmente busca “proteger la industria nacional”, parece estar más alineada con consideraciones geopolíticas y de recaudación, influenciada por las presiones ejercidas por Estados Unidos en el contexto de la revisión del T-MEC programada para 2026.
Fuentes cercanas a la Secretaría de Economía han señalado que el gobierno enfrenta la urgencia de fortalecer las finanzas públicas, especialmente ante la falta de una reforma fiscal integral que convierta los aranceles en una fuente rápida de ingresos. Así, los nuevos impuestos a productos asiáticos se presentan como una solución temporal.
Según datos del Banco de México, las importaciones de bienes desde China alcanzaron cifras significativas en 2024. No obstante, el impacto económico de estos aranceles podría superar sus beneficios en términos fiscales.
El aumento en los costos de insumos procedentes de Asia afectaría de manera directa a industrias clave, como la automotriz, la electrónica y la textil, lo que a su vez podría elevar la inflación, en momentos en que el Banco de México trabaja para mantenerla por debajo del 4 por ciento.
Las empresas advierten que el incremento de costos podría debilitar la competitividad de México dentro del bloque norteamericano, un aspecto delicado justo cuando se encuentra en proceso la revisión del T-MEC.
Desde una perspectiva geopolítica, resulta evidente que Estados Unidos busca que México se alinee con su estrategia de contención hacia China. Simultáneamente, la nación norteamericana utiliza la amenaza de una renegociación profunda, incluso la posible finalización del T-MEC, como herramienta de presión. Esto sugiere que los aranceles impuestos por México a productos asiáticos son, de alguna manera, una concesión anticipada.
Sin embargo, los riesgos para México son considerables. Adoptar una postura excesivamente conciliadora podría limitar su capacidad de negociación. A su vez, implementar reformas que debiliten al Poder Judicial o eliminen órganos autónomos podría generar desconfianza entre inversionistas y socios comerciales, quienes perciben en el país señales de inseguridad jurídica y falta de certeza regulatoria.
Además, el listado publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en 2025 mencionó múltiples políticas mexicanas que podrían contradecir el T-MEC, incluyendo aquellas relacionadas con el sector energético y subsidios a industrias estatales. Estas observaciones se convertirán en herramientas de negociación en los meses venideros.
El desafío para México es monumental: encontrar un balance entre satisfacer las demandas de Washington sin comprometer su soberanía económica ni sacrificar su estabilidad interna. Aunque los aranceles podrían proporcionar un alivio inmediato a las finanzas públicas, también conllevan el riesgo de encarecer la producción nacional y tensar las cadenas de suministro en un momento en que el país busca consolidarse como un destino atractivo para el nearshoring.
De cara a la revisión del T-MEC, el gobierno mexicano debe fortalecer su postura con argumentos técnicos, evitando decisiones impulsivas. El mensaje hacia socios e inversionistas debe basarse en la confianza, la apertura y el respeto al Estado de derecho. Solo de esta manera, México podrá defender el tratado como una plataforma para el crecimiento compartido y no como un campo de tensiones entre Washington y Pekín.
