En los últimos meses, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) han incrementado sus inspecciones en hoteles, restaurantes y bares que reproducen música, ya sea en vivo o grabada. Esta acción ha puesto de manifiesto un vacío normativo que ha persistido durante casi tres décadas.
La controversia surgió tras un artículo de opinión de Mauricio Jalife Daher en El Financiero, donde se mencionaba que se solicitaba a los establecimientos el pago de regalias por el uso de obras musicales. Este pago es obligatorio para cualquier persona que transmita obras de manera pública, y en caso de no cumplir, el IMPI puede imponer sanciones, incluyendo el cierre temporal de los negocios.
Sin embargo, muchos comerciantes interpretaron estas medidas como extorsión, ya que denunciaron que los montos solicitados eran arbitrarios y excesivos. Se reportó que los cobros iban de 5,000 a 9,000 pesos mensuales para pequeños establecimientos y alcanzaban hasta 120,000 pesos para los más grandes, defendiendo que toda reproducción pública de música requiere el pago de derechos.
Un vacío legal de tres décadas
El núcleo del asunto radica en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, que establece desde 1996 el derecho irrenunciable del autor a recibir regalias por la comunicación pública de su obra. Este concepto se refiere a la difusión de obras de manera que estén al alcance general, lo que incluye la música en establecimientos comerciales.
Es importante señalar que contar con suscripciones a servicios de streaming como Spotify o Apple Music no exime a los establecimientos de pagar regalias, pues estas licencias son para uso personal, no comercial. La reproducción con fines de lucro requiere una licencia adicional que muchos negocios desconocen.
Ausencia de un sistema claro
Uno de los problemas más críticos es que, si bien la obligación de pagar no se discute, el sistema para hacerlo carece de claridad y transparencia. Desde 1996, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) tiene la facultad de establecer tarifas oficiales, pero no ha ejercido esta función en tres décadas. Esto ha llevado a que no exista un tabulador oficial para los cobros, dejando esta tarea a las Sociedades de Gestión Colectiva (SGC).
Las SGC, como la SACM, funcionan como intermediarias en la negociación de licencias, aplicando criterios propios basados en el tipo y tamaño del negocio. Esto ha resultado en un sistema que, aunque puede ser lógico, carece de la legitimidad y transparencia de una tarifa establecida por el gobierno.
Además, la Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia (SOMEXFON) también representa a los sellos discográficos, negociando por su parte tarifas específicas. Este marco provoca arbitrariedad y discrecionalidad en los costos, evidenciando la falta de un mecanismo regulatorio claro.
Reproducción musical y múltiples pagos
La situación se complica aún más, ya que la reproducción de una sola canción puede conllevar múltiples pagos por diferentes derechos de propiedad intelectual, cada uno gestionado por una entidad distinta. Esto significa que un solo tema puede generar regalias para el compositor, el sello discográfico y los intérpretes, lo que representa una carga financiera significativa para los pequeños comercios que deben negociar con varias entidades.
Los defensores de los derechos argumentan que la música es un recurso valioso que ayuda a crear un ambiente atractivo para los clientes, mientras que organizaciones como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) abogan por un sistema más justo y transparente, pidiendo lineamientos claros que definan la naturaleza de la música en los negocios y tarifas que consideren sus características.
La responsabilidad recae finalmente en el gobierno. Aunque el IMPI tiene la obligación de actuar ante denuncias de infracción, la falta de tarifas definidas por Indautor ha permitido que el sistema funcione sin una guía clara. Actualmente, las autoridades federales intentan mediar para alcanzar acuerdos justos que beneficien a todas las partes involucradas.
