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Economía

Conflicto legal en Sedena por monopolio de servicios de laboratorio

Sedena enfrenta un conflicto legal por la asignación de contratos a empresas relacionadas con prácticas monopolísticas

Los hospitales y clínicas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están inmersos en un conflicto legal que involucra a dos empresas del denominado “Cártel de los Chupasangres”. Estas compañías han tenido un monopolio en los servicios de laboratorio y análisis para el sector público durante años.

El 10 de julio, Sedena otorgó un contrato que podría alcanzar hasta mil 222 millones de pesos a un consorcio integrado por tres empresas para suministrar insumos, reactivos y material de laboratorio a los hospitales militares, con vigencia hasta julio de 2027. Una de las empresas ganadoras fue Instrumentos y Equipos Falcon.

El “Cártel de los Chupasangres” se refiere a un grupo de empresas proveedoras del sector salud que están especializadas en laboratorios clínicos, bancos de sangre y servicios relacionados. En 2020, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa de 626 millones de pesos a estas compañías por prácticas monopolísticas, colusión, reparto ilícito de contratos y simulación de competencia en licitaciones para el sector salud.

Entre las empresas implicadas se encontraban Centrum, Falcon, Dicipa, y Selecciones Médicas del Centro, entre otras. La investigación se originó a partir del expediente DE-011-2016 de la Cofece, que fue abierto tras denuncias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre licitaciones realizadas entre 2008 y 2015.

Menos de dos meses después de la adjudicación inicial, Sedena rescindió el contrato, alegando incumplimientos por parte del consorcio. El 8 de septiembre, se adjudicó un nuevo contrato directamente a un grupo que incluye a Centrum Promotora Internacional, que cobrará hasta mil 144 millones de pesos, cifra que correspondió a su propuesta en la licitación de julio.

Ante esta situación, Falcon y sus socias, VE + S.A.P.I y Laboratorio Médico Tadeo, no aceptaron la decisión. El 9 de septiembre, interpusieron un amparo y, el 12 de septiembre, un juez federal les concedió una suspensión provisional que impide la ejecución de la rescisión de su contrato y la implementación del nuevo contrato otorgado a Centrum.

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