El mercado negro de cigarros en México se ha convertido en una preocupación significativa, representando uno de cada cinco productos consumidos. Este fenómeno ha generado pérdidas fiscales que se estiman en 13 mil millones de pesos anuales, según un estudio reciente del Colegio de México.
La proliferación de cigarros ilegales se intensificó a raíz del aumento del 30% en la tasa impositiva en 2011. Este incremento ha facilitado la llegada de productos que, de acuerdo con el estudio presentado en el Seminario sobre Violencia y Paz, ofrecen precios hasta cuatro veces menores que las marcas reconocidas. El trabajo, coordinado por Sergio Aguayo y realizado por Manuel Pérez Aguirre y Roberto Roldán, revela una radiografía de una deficiencia del Estado que se manifiesta en la variedad de marcas inusuales que aparecen en mercados, tianguis y bares.
El análisis también expone que la demanda de estos productos es impulsada por un 19.5% de la población adulta que fuma, así como un 4.6% de adolescentes. Los autores subrayan que el eslabón más vulnerable de esta cadena de comercialización ilegal son los tenderos, quienes muchas veces se ven obligados a ofrecer cajetillas sin registros sanitarios. En la zona fronteriza, hasta el 90% de estos pequeños comerciantes enfrentan extorsiones.
El documento menciona un reportaje de Milenio que reveló que en 2024, individuos que se hacían pasar por policías realizaron operativos ilegales en tiendas para restringir la venta de productos de compañías que no eran la denominada TIH. A pesar de la gravedad del problema, la cobertura mediática sobre el comercio de cigarros ilegales es escasa y los decomisos han sido mínimos, con cifras que muestran una alarmante tendencia a la baja desde 2015 hasta la actualidad.
El impacto de los cigarros ilegales no se limita a la evasión fiscal; la calidad de estos productos también plantea serias inquietudes sobre los efectos en la salud de quienes los consumen. Este fenómeno podría agravarse con el aumento del IEPS en 2026, que podría elevar las pérdidas fiscales a 30 mil millones de pesos. Además, la reciente inclusión de la prohibición de vapers en la Constitución ha brindado al crimen organizado una nueva oportunidad de negocio.
