España se enfrenta a un desafío crítico en los próximos 12 meses, con la posibilidad de perder hasta 24,000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU si no logra finalizar su ejecución antes del 31 de agosto de 2026. La situación se agrava debido a la necesidad de que el Congreso apruebe reformas legales comprometidas con Bruselas, lo que pone en riesgo parte de los 80,000 millones de euros asignados a España por la Comisión Europea.
Bruselas ya ha penalizado al gobierno español con un descuento de 1,100 millones de euros por no haber conseguido aprobar la subida de la fiscalidad del diésel. Según estimaciones de Caixabank Research, aún queda por ejecutar el 72% de los proyectos de inversión del Plan de Recuperación. El ministro de economía, Carlos Cuerpo, reconoció la urgencia del asunto al afirmar que “el tiempo apremia” y que se está trabajando con ambición y sentido práctico para asegurar la implementación completa del plan.
Retos y oportunidades en la ejecución de fondos
De acuerdo con el análisis de BBVA Research, si se mantiene el ritmo de ejecución actual, que se estima en aproximadamente 1,200 millones de euros al mes, España podría perder hasta 6,000 millones de euros al cierre del Plan de Recuperación, lo que hace urgente aumentar la velocidad a 1,500 millones al mes. La consultora LLYC ofrece un panorama más pesimista, advirtiendo que España nunca ha logrado ejecutar más del 80% de los programas vinculados a otros fondos europeos, lo que podría significar una pérdida de entre 10,000 y 12,000 millones de euros.
El riesgo no solo afecta a España, sino que es una preocupación generalizada en la Unión Europea, donde Bruselas ha instado a acelerar la ejecución del Plan de Recuperación. Hasta ahora, España ha recibido desembolsos que suman casi 56,000 millones de euros, lo que equivale al 70% del total previsto. Sin embargo, el último desembolso, que se recibió en agosto, fue de 22,926 millones de euros, con 6,991 millones en transferencias y 15,935 millones en préstamos.
Compromisos legislativos y objetivos de gasto
A partir de ahora, el Gobierno español deberá demostrar el cumplimiento de otros 250 hitos antes del 31 de agosto de 2026 para poder solicitar los siguientes desembolsos. Entre las reformas que aún faltan por aprobar en el Congreso se encuentran la ley de industria, la ley de universalidad del sistema nacional de salud y la ley de movilidad sostenible, entre otras. Cada reforma que no se apruebe podría resultar en penalizaciones económicas.
Además, España debe asegurarse de que el gasto de los 80,000 millones de euros en transferencias se complete antes de la fecha límite. No será suficiente con asignar los fondos; estos deben ser efectivamente pagados. Expertos advierten que si no se logran completar los procesos, España podría perder hasta 12,000 millones de euros, una situación que pone en riesgo no solo la recuperación económica, sino también el futuro inmediato de muchas empresas y ciudadanos.
La gestión de los fondos europeos avanza, según datos del Ministerio de Economía, con convocatorias realizadas por 80,163 millones de euros hasta junio. Sin embargo, la clave está en la rapidez con la que se realicen los pagos a los beneficiarios, un proceso que ha demostrado ser complicado debido a la burocracia existente. Con la presión de cumplir con los plazos, el futuro de estos fondos se define en los próximos meses, y será crucial que el Gobierno logre los apoyos necesarios en el Congreso para no dejar escapar esta oportunidad histórica.
