Las empresas eléctricas en España se encuentran en una encrucijada crítica: las autorizaciones para instalar nuevas redes pueden tardar hasta 10 años, lo que pone en riesgo la tan necesaria modernización energética del país. Según un informe de Monitor Deloitte para la patronal eléctrica Aelec, esta situación representa un obstáculo significativo para integrar nuevas plantas de energía renovable y conectar grandes proyectos industriales.
Demoras y barreras administrativas
El socio de Monitor Deloitte, Laureano Álvarez, advierte que la burocracia y los largos procesos administrativos están retrasando proyectos esenciales, e incluso podrían llevar a su cancelación. “Las autorizaciones pueden demorarse hasta 10 años, lo que retrasa significativamente los proyectos”, explica Álvarez, añadiendo que el incremento en la demanda de nuevas infraestructuras eléctricas ha colapsado a las administraciones públicas.
La falta de recursos y la escasa coordinación entre distintos gobiernos agravan la situación. “Las administraciones tienen recursos limitados y no pueden asumir tal despliegue”, asegura. Además, la carencia de visibilidad sobre qué infraestructuras están en operación y cuáles están en trámite complica aún más la planificación de los promotores, mientras que la creciente oposición social eleva los litigios.
Iniciativas gubernamentales y propuestas
Para abordar estos problemas, el Gobierno español ha comenzado a planificar la red de transporte, con una inversión proyectada de más de 13,000 millones de euros hasta 2030. Las reuniones trilaterales entre el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, los consejeros autonómicos y la Red Eléctrica tienen como objetivo definir las actuaciones necesarias.
En el último año, las solicitudes totales de acceso y conexión de la demanda ascendieron a 67,2 gigavatios (GW), lo que representa el 40% de la potencia contratada total de España, que es de 178 GW. De estas, el 49% fueron rechazadas y 27,8 GW están en trámite, mientras que apenas 6,2 GW fueron concedidas. Aelec reconoce que algunas de estas solicitudes podrían ser proyectos ‘fantasma’ debido a duplicidades en las demandas.
La directora de regulación de Aelec, Marta Castro, propone que la publicación de mapas de capacidad de la red “limpiará” algunos de estos proyectos ‘fantasma’. Monitor Deloitte sugiere ordenar las solicitudes para priorizar los proyectos más maduros, exigiendo garantías económicas para aquellos que superen 1 kilovatio y estableciendo un sistema de hitos que permita discernir el grado de madurez de los proyectos.
En resumen, el desarrollo de las redes eléctricas es crucial no solo para la sostenibilidad ambiental, sino también para potenciar la competitividad de la industria en España, al facilitar el acceso a energía renovable más barata. “La producción renovable en España es entre un 20% y un 30% más barata que en el norte de Europa”, concluye Álvarez, destacando que la abundancia de sol en el país es un factor clave.
