La situación financiera de muchos mexicanos se ha vuelto crítica, ya que miles se encuentran atrapados en las redes de negocios criminales conocidos como “monta deudas”. Estos son presentados como financieras digitales que ofrecen créditos fáciles y rápidos, pero en realidad, solo logran incrementar la desesperación y la deuda de sus víctimas.
En este contexto, es fácil aconsejar a las personas que eviten caer en fraudes, pero esta recomendación carece de valor cuando muchos enfrentan decisiones difíciles entre comer o solicitar un préstamo. En México, la Secretaría de Hacienda parece ciega ante las mafias financieras, mientras que se dedica a perseguir a pequeños contribuyentes que no logran declarar adecuadamente.
Las amenazas y el acoso son parte del infierno que viven quienes caen en tales fraudes. Las víctimas reciben constantes llamadas, amenazas hacia sus seres queridos y humillaciones que transforman su situación financiera en un verdadero tormento. A pesar de la gravedad de estas situaciones, las autoridades solo emiten recomendaciones que no abordan la raíz del problema.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y su Policía Cibernética también han mostrado ineficacia en el combate a estas prácticas. Sus sugerencias de prudencia resultan poco útiles para quienes ya están en una crisis financiera. Mientras tanto, la CONDUSEF se limita a publicar alertas que llegan tarde y no logran evitar que las aplicaciones fraudulentas continúen operando.
Las redes sociales se han convertido en el refugio de estas mafias, que operan con total impunidad bajo la apariencia de empresas legítimas. El fenómeno ha crecido a tal punto que las autoridades, como la CNBV y la Secretaría de Hacienda, podrían actuar para detener estas prácticas, pero prefieren mantener una imagen de estabilidad del sistema financiero que solo beneficia a los bancos.
Las víctimas, tras haber sido estafadas, se encuentran además con el problema de terminar en el Buró de Crédito, donde su historial se mancha y se convierten en parias financieros. Este sistema, que debería servir para evaluar riesgos, se convierte en un castigo para aquellos que fueron engañados por entidades que operan con el consentimiento del Estado.
En medio de este caos, el discurso gubernamental de “primero los pobres” se contradice con la realidad, donde son precisamente los más vulnerables los que caen en estas trampas. La justicia financiera en México se presenta como una farsa, diseñada para proteger al sistema y no a quienes realmente lo necesitan.
