El Paquete Económico 2026 propuesto por Morena incluye un recorte dramático en el presupuesto destinado al Fondo de Gastos Catastróficos, pasando de 93 mil millones de pesos a apenas 32 mil millones, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de la oposición. Diputados de partidos como el PAN y el PRI advierten que esta reducción comprometerá gravemente la atención médica de tercer nivel, incluyendo tratamientos vitales como los de cáncer.
Preocupaciones sobre la atención médica
La disminución del presupuesto para el Fondo de Salud para el Bienestar, que antes se conocía como el Fondo de Gastos Catastróficos, podría llevar a que muchos pacientes no reciban la atención necesaria. Resulta alarmante que, en medio de una crisis sanitaria, se opte por desfinanciar recursos que son cruciales para la vida de millones de mexicanos. Los diputados opositores han señalado que el gobierno de Morena busca redirigir esos fondos para otros fines, como ya ha ocurrido con otros fideicomisos que han desaparecido por la “voracidad” del partido en el poder.
La realidad es que este recorte no solo afecta a los pacientes con enfermedades complejas, sino que pone en riesgo el sistema de salud pública en su conjunto. Si el Fondo de Salud se ve limitado, las consecuencias para la población serán severas, especialmente para aquellos que dependen de tratamientos costosos y especializados.
Respuestas de la oposición
Los legisladores de la oposición están decididos a luchar para que el Fondo de Salud para el Bienestar no sea tocado y que se garantice su uso exclusivo para la atención de emergencias y enfermedades catastróficas. Es imperativo que se mantenga este fondo intacto, no solo por la salud de los mexicanos, sino también por la integridad del sistema de salud nacional. La oposición está buscando mecanismos legislativos para proteger estos recursos y evitar que se desvíen a otros usos.
La discusión sobre el presupuesto del Fondo de Salud es solo una de las muchas batallas políticas que se están librando en el Congreso, donde se pone a prueba la voluntad del gobierno para priorizar la salud de los ciudadanos frente a la administración financiera del país.
En este contexto, es fundamental que la ciudadanía esté atenta a cómo se desarrollan estas negociaciones y que exija a sus representantes que defiendan su derecho a una atención médica digna y accesible.
