El pasado 8 de septiembre de 2023, el Poder Ejecutivo Federal presentó una propuesta de reformas fiscales para el año 2026 que busca abordar de manera directa las prácticas fiscales indebidas en México. Estas reformas están orientadas a combatir el uso de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) relacionados con operaciones inexistentes, lo que ha generado un daño significativo a la hacienda pública.
Detalles de la Reforma
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la negación de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para las personas jurídicas que estén vinculadas con contribuyentes que emitan CFDI sin operaciones reales. Esto se alinea con el artículo constitucional sobre Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), buscando una respuesta más contundente frente a este tipo de fraudes.
Asimismo, se busca clarificar el concepto de “falsos comprobantes fiscales”. Según la reforma, un CFDI que no respalde operaciones reales se considerará falso, y se establecerá como requisito de deducibilidad que las erogaciones correspondan a operaciones existentes. Esta medida permitirá al SAT determinar la existencia de operaciones sin seguir procedimientos administrativos prolongados, a través de un nuevo artículo 49 Bis.
La propuesta también incluye acciones penales contra las personas involucradas en la emisión de estos comprobantes falsos, incluyendo a representantes legales de las empresas infractoras. Un estudio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reveló que entre 2014 y 2024, 4,071 personas emitieron CFDI por un total de 426,451,295,500.30 pesos sin que se hayan registrado sentencias condenatorias en su contra, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad de las medidas actuales.
Verificación y Sanciones
En cuanto a la verificación de la identidad de los contribuyentes, se propone que solo el SAT realice esta validación, eliminando la facultad de terceros, para evitar el mal uso de datos personales. También se plantea la eliminación de la obligación de presentar la declaración anual para los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), considerando que sus pagos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) sean definitivos.
Para facilitar la cancelación de CFDI, se propondrá un plazo razonable que coincida con el periodo de presentación de la declaración anual del ISR. Además, se busca ampliar el plazo para notificaciones, de 3 a 20 días hábiles, y establecer nuevos criterios para la restricción temporal del certificado de sello digital.
Con respecto a las instituciones financieras, se pretende regular el uso de denominaciones relacionadas con los “estados de cuenta bancarios” y las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes. La depuración de la base de datos del RFC será fundamental, distinguiendo entre suspensión y cancelación de contribuyentes inactivos.
La reforma también contempla la verificación de documentos emitidos por fedatarios públicos y la obligación de los prestadores de servicios digitales de dar acceso permanente al SAT a su información en tiempo real. Además, se sugiere el uso de tecnología durante las visitas de verificación para asegurar un proceso más eficiente y transparente.
El proceso legislativo apenas comienza y las propuestas, aunque apuntan a un beneficio para los contribuyentes, también presentan aspectos que podrían resultar lesivos. La sociedad estará atenta a la evolución de estas reformas, que se dan en un contexto de poder hegemónico donde las variables pueden ser limitadas.
