Las remesas en México no están disminuyendo, sino que están cambiando de ruta. Este fenómeno se debe a que, en los últimos meses, un número creciente de envíos familiares desde Estados Unidos ha dejado de transitar por los canales tradicionales, como bancos y remesadoras. En su lugar, los fondos están fluyendo a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de Banxico, utilizando plataformas de fintechs y bancos que prometen menores costos.
Sin embargo, estas alternativas no siempre garantizan el ahorro para los migrantes ni cumplen con los estándares necesarios para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Las remesas son un pilar fundamental de la economía mexicana, representando aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) y sustentando a más de 10 millones de familias. Estos recursos son esenciales para satisfacer necesidades básicas como alimentación, salud y educación.
La falta de clasificación adecuada de estas operaciones, que se consideran simples transferencias nacionales en lugar de remesas, plantea un vacío legal que puede tener graves consecuencias. Hasta un 15% de los envíos puede quedar oculto en las estadísticas, lo que genera un riesgo significativo para la estabilidad del sistema financiero en el país.
Investigaciones internas han revelado que, con solo proporcionar una CLABE válida, los fondos se pueden depositar aunque el nombre del beneficiario no coincida con el titular de la cuenta. Esto ha permitido que remesas a nombre de personajes ficticios, como “Superman” o “Mickey Mouse”, sean procesadas sin inconvenientes. En contraste, países como Guatemala y Honduras han implementado medidas más estrictas para verificar la identidad de emisores y beneficiarios, logrando incrementos significativos en sus remesas.
Las autoridades, incluyendo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, están alertando sobre este problema. La vulnerabilidad del sistema SPEI no solo afecta la precisión de las estadísticas, sino que también abre la puerta a actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este desajuste representa un riesgo sistémico que podría tener repercusiones legales y reputacionales en el ámbito internacional.
En México, entidades como BanCoppel y Azteca han hecho eco de estas preocupaciones, señalando la necesidad de una regulación más efectiva. Aunque Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) poseen un marco regulatorio sólido, su capacidad para supervisar cada transacción es limitada. Mientras tanto, las fintechs y bancos continúan aprovechando estas fallas y evadiendo las normativas legales.
Para abordar esta problemática, se propone validar el RFC, CURP y la titularidad de las cuentas en las transferencias a través del SPEI. Esto podría cerrar la puerta a las remesas ilegales y ocultas. Por el momento, el flujo de dinero de los migrantes sigue llegando, pero lo hace bajo un sistema que no lo contabiliza adecuadamente, distorsionando la realidad y generando incertidumbre para millones de hogares que dependen de este ingreso para subsistir.
En conclusión, aunque las remesas no están en declive, existe un subregistro que invisibiliza hasta uno de cada diez envíos. Este problema de trazabilidad necesita ser atendido urgentemente para evitar una crisis mayor que amenace la seguridad económica y humana de muchos mexicanos.
