El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Justicia a investigar y procesar a quienes quemen la bandera estadounidense, una acción que ha sido considerada por la Corte Suprema como una expresión política legítima protegida por la Constitución.
A pesar de un fallo de 5-4 de la Corte en el caso Texas v. Johnson de 1989, que defendió la quema de la bandera como una forma de discurso simbólico, la nueva orden propone que tal acción podría ser procesada si “es probable que incite a una acción ilegal inminente” o se considera “palabras de lucha”. Trump afirmó: “Quemas una bandera, obtienes un año de cárcel. No diez años, no un mes. Obtienes un año de cárcel, se registra en tu historial, y verás que la quema de banderas se detendrá de inmediato.”
Historia de la quema de banderas en EE.UU.
La controversia sobre la quema de banderas en EE.UU. comenzó con Gregory Lee Johnson, quien en 1984 prendió fuego a una bandera durante la Convención Nacional Republicana en Dallas. Su caso llegó a la Corte Suprema, que decidió a favor de Johnson, argumentando que su acción era una forma de expresión política y que el interés del Estado en prevenir disturbios no justificaba su condena. El juez William Brennan destacó que la protección de la libertad de expresión es fundamental, incluso si la acción resulta ofensiva para algunos.
La Primera Enmienda protege la quema de banderas y prohíbe al gobierno censurar ideas por ser consideradas ofensivas. Aunque el Congreso aprobó en 1989 la Ley de Protección de la Bandera, esta fue invalidada en el caso United States v. Eichman en 1990. Curiosamente, incluso el juez conservador Antonin Scalia, admirado por Trump, votó a favor de proteger estas acciones, subrayando que debía respetar la Constitución, aunque no estuviera de acuerdo personalmente.
Las implicaciones legales de la nueva orden
Trump ha mantenido una postura histórica sobre la quema de banderas; en 2016, declaró que “deben haber consecuencias” para quienes realicen esta acción. Ahora, con su orden ejecutiva, instruye al Departamento de Justicia a procesar a los responsables, afirmando que “en todo el país están quemando banderas. En todo el mundo queman la bandera estadounidense.”
La orden también solicitó a la fiscal general que inicie acciones para impugnar el fallo de 1989, buscando que el tema vuelva a ser evaluado por la Corte Suprema. Críticos como la Foundation for Individual Rights and Expression argumentan que Trump no tiene la autoridad para modificar la Primera Enmienda. Según Bob Corn-Revere, abogado de la organización, “aunque las personas pueden ser procesadas por quemar cualquier cosa en un lugar donde no se permite encender fuego, el gobierno no puede procesar actividades expresivas protegidas.”
La situación plantea un debate profundo sobre la libertad de expresión en EE.UU. y las acciones gubernamentales que podrían desafiar este principio fundamental. La realidad es que cada intento de reprimir la quema de banderas resuena con un eco de controversia en la sociedad estadounidense, generando un diálogo sobre la identidad nacional y los límites de la libertad en un país diverso.
