Durante el primer semestre de 2025, las tomas clandestinas de gas LP en el Estado de México experimentaron un alarmante aumento del 186.49%, posicionando a la entidad en el segundo lugar a nivel nacional. Este incremento, que pasó de 76 a 218 tomas ilegales, solo es superado por el vecino estado de Puebla, que reportó 239 casos, mientras que Veracruz se situó en tercer lugar con 104 tomas.
Un Problema Creciente
La realidad es que este fenómeno de las tomas clandestinas no es nuevo, pero los números actuales reflejan una grave situación que afecta tanto la seguridad como la economía de las familias mexiquenses. Las autoridades locales han señalado que estas actividades ilícitas no solo ponen en riesgo a los habitantes, sino que también afectan los ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la principal empresa productora de gas en el país.
Además, hay que decirlo, el incremento de estas tomas clandestinas está vinculado a la creciente demanda de gas LP, un combustible que se utiliza en muchos hogares y negocios. La situación se complica aún más, ya que a menudo estas conexiones ilegales son inseguros y pueden causar explosiones o incendios devastadores.
Respuestas de las Autoridades
Las autoridades estatales han implementado operativos de vigilancia y control en las áreas más afectadas, pero los resultados aún son insuficientes. Resulta interesante notar que muchos de estos operativos son criticados por la falta de recursos y personal capacitado para hacer frente a una problemática tan compleja.
Por otro lado, la población también juega un papel crucial. Es importante que los ciudadanos denuncien cualquier actividad sospechosa relacionada con las tomas clandestinas, pues la seguridad de todos depende de la colaboración comunitaria. La situación en el Estado de México es un claro recordatorio de que la lucha contra el crimen organizado y la corrupción requiere esfuerzos coordinados entre el gobierno y la sociedad.
En conclusión, el aumento del 186% en las tomas clandestinas de gas LP en el primer semestre de 2025 es un llamado de atención urgente para todos. Las autoridades deben redoblar esfuerzos, y la ciudadanía debe mantenerse alerta y comprometida en la denuncia de estas actividades ilegales que amenazan la seguridad y el bienestar de la comunidad.
