La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha detectado 150 pozos irregulares en la Región Lagunera, lo que pone en jaque la ya precaria situación de los acuíferos en esta área. Estas irregularidades incluyen la falta de medidores y modificaciones en los dispositivos de medición, así como posibles incumplimientos en el volumen concesionado, lo que podría derivar en sanciones administrativas, según lo informado por Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo Cuencas Centrales del Norte.
Operativo sin precedentes y su impacto
Las inspecciones son parte de un operativo inédito que ha revisado un total de 920 pozos, cifra que supera el total de revisiones realizadas en el resto del país. Este esfuerzo responde a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se emitió tras un amparo promovido por organizaciones civiles para proteger el acuífero. Como resultado inmediato, se clausuraron tres pozos por irregularidades detectadas el día anterior.
Riestra Beltrán aclaró que, aunque la Comarca Lagunera cuenta con mil 350 títulos de concesión, los pozos inspeccionados están ubicados en los puntos más críticos de abatimiento de agua, excluyendo aquellos destinados al uso público urbano. Los municipios afectados incluyen Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca en Coahuila, así como Tlahualilo y Mapimí en Durango.
Situación alarmante del acuífero
El director de Conagua hizo hincapié en que el acuífero principal de La Laguna presenta una disponibilidad negativa de -111 millones de metros cúbicos por año, lo que ha provocado un abatimiento de dos metros anuales en el nivel del agua subterránea. “Esto era alarmante y sigue siendo alarmante. Estamos haciendo todo para detenerlo”, afirmó.
Para revertir esta situación, la Conagua ha firmado un convenio con el Instituto de Geociencias de la UNAM, que permitirá realizar una radiografía detallada del estado del acuífero. Este estudio, que tendrá una duración de cinco años, incluirá información georreferenciada por pozo y buscará establecer un punto de equilibrio en la extracción de agua.
Entre los proyectos pendientes que derivan de la sentencia de la Suprema Corte, se contempla una inversión de 300 millones de pesos para la instalación de medidores piezométricos que permitirán monitorear en tiempo real la extracción de agua en los pozos. En una primera etapa, se prevé la instalación de 200 equipos en las zonas más abatidas.
Riestra Beltrán hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad que detecte en el uso del agua, asegurando que todas las quejas son atendidas y revisadas, como parte del compromiso institucional con la protección del acuífero y el desarrollo sustentable de la región.
