La semana pasada, el nuevo poder judicial en México comenzó formalmente sus funciones, tras ser electo en junio de 2023, pero este acontecimiento no ha estado exento de críticas y controversias. Desde la intención de evocar tradiciones y referencias indígenas en su ceremonia de inicio, hasta los supuestos vínculos políticos con figuras del oficialismo, la oposición ha expresado su descontento, cuestionando la legitimidad de esta nueva estructura judicial.
Controversias y expectativas
Los protocolos legales y el proceso electoral se llevaron a cabo conforme a la ley aprobada el año pasado, lo que significa que, independientemente de la controversia, la elección de las nuevas autoridades judiciales es un hecho consumado. La oposición sostiene que el nuevo método de elección debilita la certeza e imparcialidad de los juzgadores, mientras que el oficialismo defiende que esta nueva forma de elegir promueve una justicia más pronta y accesible para las poblaciones vulnerables.
Ambas posturas presentan argumentos válidos, pero lo que resulta preocupante es que los elementos verdaderamente estratégicos del sistema de justicia y del sistema político en México parecen no haber cambiado. Históricamente, las experiencias democráticas en el país han sido escasas, y durante más de 150 años, México vivió bajo regímenes dictatoriales que complicaron la construcción de una institucionalidad sólida y efectiva.
Desafíos de la institucionalidad
Es irónico que, a pesar de contar con leyes y una Constitución robustas, la aplicación práctica de estas ha sido bastante deficiente. Esto plantea la pregunta de por qué las leyes mexicanas son raramente implementadas, y cuando lo son, muchas veces lo hacen bajo un sesgo político. La respuesta es clara: existe una falta de vigilancia y sanciones efectivas hacia las autoridades.
La transición democrática debió haber construido no solo un instituto electoral independiente, como el actual INE, sino también un sistema con frenos y contrapesos que garantice la rendición de cuentas de las autoridades. Si instancias como las fiscalías y las policías tuvieran una estructura institucional similar a la del INE, el sistema de justicia sería muy distinto.
Sin embargo, desde la presidencia de Vicente Fox hasta la administración de Andrés Manuel López Obrador, no se ha optado por reestructurar la institucionalidad en México. En lugar de ello, se ha mantenido un centralismo hiperpresidencialista que limita la efectividad del sistema judicial.
Es lamentable que la reciente reforma judicial no haya considerado modificar otros aspectos del sistema de justicia. Sin reformas que transformen la composición institucional y establezcan frenos y contrapesos eficientes, será difícil lograr una mejora tangible en la impartición de justicia. Queda la esperanza de que el actual gobierno federal considere nuevas reformas que aseguren un sistema de rendición de cuentas que funcione de acuerdo con la ley y la Constitución.
