El Gobierno argentino ha decidido avanzar con la privatización parcial de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Según fuentes cercanas al Ejecutivo de Javier Milei que confirmaron la información a Infobae, se prepara un decreto que permitirá la venta del 49% de las acciones de NA-SA, buscando así mantener el control estatal sobre este activo estratégico.
El mecanismo establecido contempla una licitación pública nacional e internacional para el 44% del capital, mientras que el 5% restante se destinará a los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada (PPP). Este decreto, que será publicado en los próximos días, garantiza que el Estado conservará el 51% de las acciones, asegurando así la mayoría accionaria y el control sobre decisiones clave.
Detalles de la privatización y el contexto energético
La operación se encuentra enmarcada dentro de la Ley de Bases 27.742, la cual permite la privatización parcial de ciertas empresas estatales, pero exige que el Estado mantenga el control o la participación mayoritaria del capital social. Además, establece que cualquier decisión estratégica, como la ampliación de capacidad o la construcción de nuevas centrales, necesitará el voto afirmativo del Estado nacional.
Actualmente, la composición accionaria de NA-SA está distribuida entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con un 20% y Energía Argentina (Enarsa) con el 1%. Antes de concretar la venta, se ordena que la CNEA y Enarsa transfieran sus participaciones a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, para dar paso a la licitación.
En un contexto donde NA-SA reporta resultados financieros positivos, la empresa declaró ganancias por $17.234 millones de pesos en el primer trimestre del año, posicionándose como una de las pocas empresas estatales superavitarias. Las tres centrales nucleares que opera suman una potencia instalada de 1,763 MW, representando el 4.1% de la capacidad bruta total del país.
Desafíos y perspectivas futuras
Sin embargo, la empresa enfrenta retos significativos. Atucha I estará fuera de servicio desde septiembre de 2024 debido a un proyecto de extensión de vida por 20 años, con una inversión estimada de USD 700 millones. Además, NA-SA debe lidiar con una deuda con Cammesa que varía entre USD 120 millones y USD 180 millones, y se estima que aún faltan invertir unos USD 300 millones en la planta.
La situación interna también es compleja, con aproximadamente 3,100 empleados en NA-SA. La discusión sobre la relación óptima entre la plantilla y la potencia instalada plantea que, según algunos especialistas, debería haber entre 1 y 1.2 empleados por MW, lo que equivaldría a unos 2,116 trabajadores para la capacidad actual. Sin embargo, la empresa sostiene que la singularidad tecnológica de los reactores argentinos y la diversidad de las centrales justifican una dotación mayor de personal altamente calificado.
Recordemos que el intento de privatización más cercano en el sector nuclear argentino ocurrió en 1994, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando se creó NA-SA con la intención de privatizarla completamente, pero esta iniciativa fracasó ante la resistencia sindical y política.
En la actualidad, la gestión de NA-SA ha experimentado cambios constantes en la presidencia durante los 21 meses del gobierno de Milei, reflejando la importancia de la privatización en la agenda oficial. La reciente designación de Demían Reidel como presidente y Diego Chaher como director refuerza el enfoque hacia la transformación y venta parcial de la empresa.
Reidel, en su nuevo rol, liderará una compañía clave para el suministro energético del país, ya que NA-SA es responsable de las tres centrales nucleares actuales y también de la construcción de nuevos proyectos en el sector. Destacó recientemente las fases del plan nuclear que impulsa el Gobierno, que incluye el desarrollo de un reactor modular y la posibilidad de exportar uranio argentino.
Con estos cambios, el futuro de la energía nuclear en Argentina se perfila como un tema crucial en la política energética del país, y la privatización de NA-SA podría marcar un antes y un después en este sector estratégico.
