La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CEDHP) ha permanecido inactiva durante más de un año en la queja presentada por Gabriela Molina Herrera, líder del Movimiento Democrático Magisterial Poblano. Desde junio de 2024, Molina ha denunciado la represión que ha sufrido por parte de directivos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), quienes están implicados en la entrega irregular de 39 plazas académicas.
Hoy, Molina se presentó nuevamente en la sede de la CEDHP, ubicada en el Centro Histórico de Puebla, para ampliar su queja, acompañada de otros líderes del magisterio y de organizaciones sociales. En su declaración, la docente acusó discriminación y la retención de su salario por parte de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública.
Denuncias de acoso y represalias
Molina Herrera demandó medidas cautelares urgentes y un plan de no repetición, argumentando que las acciones en su contra son una forma de “represión política, administrativa y académica”. En su queja, señala que las 39 plazas en cuestión fueron asignadas de manera irregular, sin un concurso de oposición, un proceso que no se lleva a cabo en Puebla desde 2003.
Entre los funcionarios mencionados se encuentran Manuel Viveros Narciso, Secretario de Educación del Estado; Javier Mauleón Montero, director de la UPN 211 Puebla; Heriberto Márquez de la Rosa, Director de Educación Primaria; y Gonzalo Amador Juárez Uribe, Subsecretario de Educación Superior. La quejosa ha indicado que desde febrero de 2024 ha sido víctima de acoso laboral y académico, así como de falta de igualdad en el ejercicio de sus funciones.
Retención de salarios y condiciones laborales inadecuadas
Además, Molina Herrera denunció que su salario de las quincenas 6 y 7 de 2025 fue retenido y que su forma de pago fue modificada sin su consentimiento, pasando de transferencia electrónica a cheque. A la fecha de su denuncia, también permanece retenido su salario de la quincena 16 de 2025, junto con otros pagos que se han liberado sin un oficio correspondiente.
La docente sostiene que la orden de reincorporarla a educación básica, tras más de una década de servicios en la UPN, vulnera su derecho a un trabajo digno y estable. En su ampliación de queja, solicita que se implementen medidas como la orden de no contacto y no represalias por parte de las autoridades implicadas, así como la garantía de su reingreso seguro y el pago inmediato de su salario retenido.
Por último, Molina Herrera ha enfatizado que su caso refleja una problemática estructural más amplia en la defensa de la transparencia y la educación pública. La documentación de su denuncia ha sido difundida en diversos medios de comunicación y se ha comunicado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a otras autoridades competentes.
