Las comisiones de investigación sobre la dana del 29 de octubre están marcadas por la incertidumbre y la inacción. A pesar del regreso de las actividades parlamentarias tras el verano, las víctimas aún no han podido presentar su testimonio, y el proceso avanza a un ritmo preocupante. En el Senado, el Congreso y las Corts, los esfuerzos por esclarecer responsabilidades políticas parecen más un juego de estrategias entre partidos que una búsqueda efectiva de justicia.
Desigualdades en el avance de las comisiones
El Senado ha retomado sus sesiones con la comparecencia del presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Trigueros, en el marco de una serie de intervenciones centradas en la falta de infraestructura hidráulica, un factor clave en los efectos del desastre del 29-O. Sin embargo, es alarmante que las víctimas no tengan una fecha definida para ser escuchadas, lo que refleja la falta de compromiso hacia su situación.
En las Corts, solo se ha celebrado una sesión en julio, que se convirtió en una clase magistral de ingeniería, sin que se avanzara en las comparecencias solicitadas por la diputada del PSPV, Alicia Andújar. La presidenta del parlamento, Llanos Massó, ha recibido solicitudes para que se supere el “bloqueo” que consideran que el PP y Vox están llevando a cabo al no responder a las demandas de convocatorias.
Dificultades en el Congreso y contrastes con la Diputación
Comparado con las Corts, el progreso en el Congreso ha sido aún más lento. Esta comisión, presidida por la izquierda, no ha realizado ninguna comparecencia. Las dificultades para llegar a un acuerdo entre los partidos que sostienen al Gobierno de España han retrasado la aprobación del plan de trabajo, lo que impide que se avance en la investigación. A pesar de las tensiones, se espera que se llegue a un acuerdo esta semana entre el PSOE, el Grupo Plurinacional de Sumar y el Grupo Mixto.
En contraste, las comisiones de la Diputación de Valencia y del Ayuntamiento de Valencia han cerrado sus investigaciones, enfocándose más en mejoras para la reconstrucción que en esclarecer responsabilidades. Mientras que la Diputación cerró en julio con un plan de mejora que muchos consideraron insuficiente, la situación en las comisiones parlamentarias sugiere que la justicia para las víctimas de la dana sigue siendo una prioridad relegada.
La realidad es que, mientras las comisiones luchan por avanzar en sus investigaciones, las víctimas continúan en la espera, lo que genera una creciente frustración y desconfianza en el sistema político. La incertidumbre persiste, y el tiempo sigue corriendo sin que se vislumbre una solución clara para aquellos que sufrieron las consecuencias de la dana.
