Las comisiones parlamentarias encargadas de investigar las responsabilidades políticas de la dana del 29 de octubre han regresado de las vacaciones de verano sin avances significativos, dejando a las víctimas en un segundo plano. Mientras el Senado, el Congreso y las Corts inician sus sesiones, la sensación de zozobra se hace palpable, con un ritmo de trabajo que parece más un juego político que un verdadero compromiso con la justicia.
Desigualdades en el avance de las comisiones
En el Senado, la única comisión que tiene una agenda definida, el PP cuenta con mayoría absoluta y establece los plazos. La próxima sesión está programada para el jueves, donde comparecerá José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Su intervención se inscribe en un ciclo de expertos que han apuntado la falta de infraestructura hídrica como una de las causas de la tragedia, algo que no sorprende a quienes han seguido de cerca la situación.
Por otro lado, en las Corts, la situación es más complicada. Hasta ahora, solo se ha realizado una comparecencia y los esfuerzos del PSPV para desatascar la situación han sido infructuosos. La diputada Alicia Andújar ha solicitado a la presidenta del parlamento, Llanos Massó, que rompa el “bloqueo” que, según el partido socialista, están provocando el PP y Vox al no responder a sus peticiones. La falta de respuestas deja a las víctimas en un limbo, ya que no hay fechas fijadas para futuras reuniones.
Congreso en pausa
La situación del Congreso es aún más desalentadora. Esta comisión, la única presidida por la izquierda, no ha celebrado ninguna comparecencia. Las dificultades para llegar a un acuerdo entre los partidos de la mayoría progresista y nacionalista han retrasado la constitución de la misma. Fuentes indican que se espera que esta semana se logre un consenso que permita avanzar con el plan de trabajo, fundamental para aclarar lo sucedido el 29 de octubre.
A diferencia de lo que ocurre en la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento, donde ya se han cerrado investigaciones, el Congreso se enfrenta a una parálisis que no hace más que aumentar la frustración. En Valencia, las comisiones han abordado la reconstrucción, pero en el Congreso el enfoque parece estar más centrado en la política que en las necesidades reales de las víctimas.
La realidad es que las víctimas aún esperan ser escuchadas, mientras las tres comisiones parlamentarias parecen más ocupadas en maniobras políticas que en buscar justicia. La falta de celeridad y la ausencia de un compromiso real para esclarecer lo ocurrido el 29 de octubre son señales preocupantes que no deben pasar desapercibidas.
