El próximo mes de septiembre marca el inicio de un nuevo capítulo en el sistema judicial del Estado de México, con la llegada de los jueces y magistrados electos el pasado 1 de junio. Sin embargo, la jornada electoral que determinó su elección fue notablemente deslucida, con apenas un 13% de participación ciudadana. Este bajo interés en el proceso plantea serias interrogantes sobre la legitimidad de quienes asumirán roles tan cruciales en la administración de justicia.
La elección de estos funcionarios ha suscitado preocupaciones, ya que muchos de ellos parecen ser el resultado de un “acordeón” que se gestó desde instancias superiores, priorizando a servidores públicos del partido Morena. Este fenómeno se traduce en un curso de capacitación de tan solo dos meses en la Escuela Judicial del Estado de México, un tiempo que muchos consideran insuficiente para preparar a quienes se enfrentarán a casos que van desde divorcios hasta delitos graves como el narcotráfico.
Con frecuencia, la valía de un juez se mide no solo por su formación académica, sino también por su experiencia en el campo. Sin embargo, muchos de los recién electos carecen de antecedentes sólidos en tribunales. Algunos que se presentan como abogados nunca han litigado, lo que plantea la pregunta: ¿qué tan preparados estarán para enfrentar los retos de un sistema judicial que exige no solo conocimiento, sino también habilidades prácticas?
El curso acelerado que están recibiendo no se centra en las especialidades del derecho penal, civil o familiar, sino que abarca un contenido general que no garantiza una formación adecuada. Surge así la inquietud de que la justicia que se promete como “pronta y expedita” se convierta en una mera ilusión. Más preocupante aún es la inminente implementación de los juicios orales, donde la falta de experiencia puede resultar en un verdadero caos. La percepción de que estos juicios son similares a lo que se ve en la televisión, desdibuja la realidad de su complejidad.
La situación es alarmante, considerando que aquellos que ocuparán estos cargos de autoridad pueden no estar preparados para lidiar con los casos que recibirán. A pesar de que algunos de los elegidos reconocen su “falta de experiencia completa”, esto no garantiza que realicen su trabajo de manera efectiva. Recibirán un salario y prestaciones, pero su capacidad para tomar decisiones informadas y justas se ve seriamente cuestionada.
A medida que se aproxima la nueva etapa, es relevante considerar quién realmente estará al mando en las salas de justicia. La figura del “secretario proyectista” será crucial, pues este funcionario, que asiste a jueces y magistrados en la elaboración de resoluciones judiciales, podría convertirse en un actor clave en la dinámica judicial. Sin embargo, su llegada no fue objeto de votación, lo que significa que muchos de los que ya estaban en funciones continuarán en sus cargos, perpetuando así un sistema que podría no estar alineado con los ideales de la reforma judicial.
La promesa de combatir la corrupción en el sistema judicial se ve amenazada por la posibilidad de que estos nuevos jueces, inexpertos y sin el conocimiento adecuado, dependan de los proyectistas para la interpretación de casos. Este escenario plantea un dilema inquietante: si un juez no comprende el expediente que tiene entre manos, ¿quién detendrá al proyectista si decide manipular la resolución a su favor? Sin un adecuado sistema de supervisión y contrapesos, el riesgo de corrupción podría incrementar, generando una red más sofisticada y menos visible que la anterior.
Imaginemos un entorno donde los proyectistas operan sin la vigilancia adecuada, teniendo el poder de influir en decisiones judiciales críticas. La falta de experiencia y conocimiento de los nuevos jueces podría convertir a estos proyectistas en los verdaderos árbitros del sistema judicial, lo que contradice el propósito de la reforma. En lugar de democratizar la justicia, esta situación podría dar lugar a una estructura dual: una fachada de legitimidad y una maquinaria técnica vulnerable a la corrupción.
La justicia no se improvisa. La manipulación técnica puede ser tan dañina como cualquier captura política del sistema. La reforma judicial, lejos de ser una solución, podría estar configurando un nuevo escenario donde el poder real radica en aquellos que, por falta de experiencia de los jueces, se convierten en los actores fundamentales en la toma de decisiones. El futuro del sistema judicial en el Estado de México se presenta incierto y lleno de desafíos, mientras la ciudadanía observa con preocupación la evolución de su justicia.
