La trata de personas se ha convertido en un delito que afecta de manera alarmante a migrantes en diversas partes del mundo, y México no es la excepción. Según la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este crimen no solo implica la explotación de individuos de todas las edades, sino que se manifiesta en diferentes formas, incluyendo trabajos forzados, mendicidad infantil, explotación sexual y hasta la extracción de órganos.
En un reciente comunicado de prensa, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su campus de Morelia, destacó que la migración, en un contexto ideal donde se respete el derecho humano a la libre movilidad, no debería estar ligada a la trata. Sin embargo, la violencia estructural y social en el país ha convertido a los migrantes en un blanco fácil para las redes de trata, dejando a este grupo en una situación de vulnerabilidad.
Es fundamental distinguir entre trata de personas y tráfico de migrantes, dos delitos que, aunque relacionados, poseen características únicas. La trata se define como la captación, transporte o recepción de personas mediante amenazas, uso de la fuerza o engaño, con el fin de explotarlas. Por otro lado, el tráfico de migrantes implica trasladar a personas sin su consentimiento real, con beneficios económicos para los traficantes. Este último se vuelve un tema de desplazamiento forzado cuando se cruzan fronteras internacionales, complicando aún más la situación para los migrantes.
En el contexto de Michoacán, un estado con una migración diversa que abarca tránsito, retorno y procesos de asentamiento, resulta complicado comparar cifras de migración con las de trata. La falta de denuncias por parte de las víctimas agrava el problema, ya que muchas veces el miedo a la revictimización impide que se registren estos delitos, dejando a las autoridades con datos incompletos.
A pesar de la existencia de marcos legales en México, como la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que entró en vigor en 2012, el número de víctimas continúa en aumento. Las instituciones, tanto nacionales como internacionales, están trabajando para documentar y erradicar esta problemática, pero los desafíos son enormes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, por ejemplo, son dos organismos que han mostrado un compromiso activo en esta lucha.
Uno de los mayores obstáculos para combatir la trata de personas radica en la dificultad que enfrentan las víctimas para denunciar. Muchas veces, el miedo a represalias o a la revictimización les impide buscar ayuda. Además, las vías legales para migrar de manera segura son cada vez más limitadas, lo que contribuye a que las personas se vean obligadas a recurrir a opciones más peligrosas y, en algunos casos, a caer en manos de tratantes.
“La migración debería ser un derecho, y no un riesgo”, afirma María González, especialista en derechos humanos de la UNAM, quien ha estado analizando el impacto de la trata en los migrantes.
La academia también juega un papel crucial en la identificación y estudio de esta problemática. Investigadores de la UNAM están colaborando con entidades gubernamentales para entender mejor la complejidad de la trata y su impacto en los migrantes, buscando así contribuir a la erradicación de este crimen que atenta contra el derecho al libre tránsito.
En el ámbito internacional, el Protocolo de Palermo, ratificado por México en 2003, establece directrices para prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas. Este marco legal complementa otras iniciativas que buscan proteger a los migrantes y garantizar sus derechos. Sin embargo, la implementación efectiva de estas leyes sigue siendo un reto, con muchos vacíos que aún necesitan ser abordados.
El Día Mundial contra la Trata, que se conmemora cada 30 de julio, sirve como un recordatorio de la urgencia de actuar frente a este delito. La lucha contra la trata de personas requiere un enfoque integral que contemple no solo la persecución de los delincuentes, sino también la protección y asistencia a las víctimas. A medida que la sociedad se moviliza para erradicar esta problemática, se espera que se generen espacios de diálogo y colaboración que permitan construir un futuro donde la migración sea entendida como una oportunidad y no como un riesgo.
