Los nueve ministros electos del Poder Judicial de la Federación tomarán protesta el próximo lunes en el Senado y, como primer acto, nombrarán a los tres integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ). Esta decisión es crucial, ya que dicho órgano asumirá funciones que antes correspondían a la extinta Judicatura, incluyendo el control presupuestal de más de 70 mil millones de pesos.
Primeras decisiones en la nueva administración judicial
El presidente electo de la Corte informó que los ministros sostuvieron el pasado jueves su séptima reunión de trabajo en preparación para su entrada en funciones. Durante esta sesión, fue evidente que los nuevos ministros están comprometidos con la eficiencia administrativa y la transparencia del sistema judicial. En este sentido, se acordó que el 1 de septiembre se llevará a cabo la designación de los integrantes del OAJ, de acuerdo con los artículos 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta elección permitirá que los designados se incorporen de inmediato a sus funciones, lo que facilitará la implementación de decisiones administrativas esenciales para el buen funcionamiento del Poder Judicial. Es un paso significativo hacia la estabilidad institucional que busca brindar certeza a todos los integrantes del sistema judicial.
Compromiso con la justicia y los derechos laborales
En el marco de la reunión, los ministros revisaron los avances en la construcción de proyectos de acuerdos generales que proporcionarán un marco jurídico y operativo a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según la información compartida, estos acuerdos buscan asegurar que la justicia se imparta de manera pronta, accesible y cercana a la ciudadanía.
Es importante resaltar que los ministros también reafirmaron su compromiso de vigilar que se respeten y garanticen los derechos laborales de todos los integrantes del Poder Judicial, considerando esto como un principio esencial para consolidar la reconciliación de justicia con el pueblo de México. Este enfoque refleja la intención de los nuevos ministros de transformar el sistema judicial en uno más justo y equitativo.
En este contexto, el próximo 30 de agosto, coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se abordarán sentencias de la Corte que refuerzan la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar este delito, así como garantizar la reparación y no repetición. La nueva administración se perfila como un cambio necesario para enfrentar los retos actuales del sistema judicial en México.
