Los nuevos ministros del Poder Judicial tomarán protesta el próximo lunes en el Senado y, como su primera medida, nombrarán el 1 de septiembre a tres integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ). Este órgano asumirá funciones fundamentales, incluyendo el control presupuestal de más de 70,000 millones de pesos, que anteriormente pertenecían a la extinta Judicatura.
Objetivos y funciones del OAJ
La decisión de nombrar a estos tres integrantes es crucial para asegurar el correcto funcionamiento institucional del Poder Judicial. Con esto, se busca que quienes sean designados se incorporen de inmediato a sus funciones, facilitando las decisiones administrativas necesarias ante el proceso de transición que vive la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante la séptima reunión de trabajo, celebrada el pasado jueves, los ministros electos discutieron varios aspectos administrativos que deben tomarse a la brevedad. En esta sesión, se enfatizó la importancia de establecer un marco jurídico y operativo que permita a la nueva Suprema Corte operar con agilidad y eficacia.
Además, se mencionó que estos acuerdos buscan garantizar que la justicia se imparta de manera pronta y accesible a la ciudadanía. “La Suprema Corte estará vigilante de que se respeten y garanticen los derechos laborales de todos sus integrantes”, señalaron los ministros, reafirmando el compromiso de consolidar la reconciliación de justicia con el pueblo de México.
Conmemoración y justicia
El nombramiento de los integrantes del OAJ coincide con la conmemoración del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, momento en el que se recuerda la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar este delito. Este contexto refuerza la necesidad de tener un sistema judicial eficiente y comprometido con la justicia.
Así, los nuevos ministros del Poder Judicial se enfrentan al desafío de establecer un marco administrativo sólido que no solo garantice la operatividad de la nueva corte, sino que también brinde confianza y certeza a todos los actores involucrados en el sistema de justicia mexicano.