La situación en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se torna tensa tras las denuncias de la doctora Gabriela Molina Herrera, quien afirma que se le han retenido pagos como represalia por su papel en la identificación de 39 asignaciones irregulares de plazas. A una semana de dicha denuncia, ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han emitido pronunciamiento alguno.
Molina Herrera denuncia que el director de Educación Primaria en la SEP, Heriberto Márquez de la Rosa, fue quien ordenó que se le retuvieran sus pagos. “La respuesta es violenta, reteniendo pagos y amenazándome incluso con el cese”, declaró la académica en una entrevista con La Jornada de Oriente. Esta situación ha generado un clima de hostigamiento que ella misma ha denunciado, y que ha sido corroborado por otros docentes.
Denuncia formal y falta de respuesta
El 1 de septiembre de 2025, Molina envió un oficio a la SEP estatal exigiendo la restitución inmediata de sus pagos y la regularización de su situación laboral en la UPN 211. En dicho documento, se otorgó un plazo de 72 horas para recibir respuesta, advirtiendo que, de no obtenerla, acudiría a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla (CDH) para formalizar su queja. Sin embargo, hasta el momento, no ha recibido contestación alguna.
Esta no es la primera vez que Molina enfrenta represalias. Desde marzo de 2025, la SEP ha retenido su salario correspondiente a la sexta quincena, lo que ha llevado a más de 70 profesores a unirse a su causa, presentando oficios a instancias federales y estatales para denunciar irregularidades en la entrega de plazas.
Intervención presidencial y presión en el SNTE
La denuncia de Molina llegó incluso a la Presidencia de la República. El 4 de septiembre de 2024, presentó un escrito a Andrés Manuel López Obrador y a la entonces secretaria de Educación Pública, pidiendo la intervención para detener la asignación irregular de 27 plazas. Este oficio fue recibido por la oficina presidencial un día después. Posteriormente, el 16 de diciembre de 2024, la académica detalló la asignación irregular de 39 plazas en tres unidades de la UPN en Puebla, lo que llevó a Claudia Sheinbaum Pardo a instruir al secretario de Educación, Mario Delgado, a intervenir.
Como resultado de esta presión, las plazas asignadas irregularmente fueron devueltas. Sin embargo, el hostigamiento hacia Molina no cesa. Este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE y el Consejo Democrático Magisterial Poblano convocarán a una rueda de prensa para exigir que se normalicen los pagos a la doctora y que cesen las hostilidades en su contra.
La situación de Gabriela Molina Herrera es un claro reflejo de las tensiones que persisten dentro del sistema educativo mexicano, donde las represalias contra quienes denuncian irregularidades parecen ser una práctica común, dejando a los académicos en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad.
