Una semana después de que los Maestros Democráticos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) denunciaron la retención de pagos a la doctora Gabriela Molina Herrera, las autoridades educativas y sindicales aún no han emitido una respuesta. La académica acusó directamente al director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Heriberto Márquez de la Rosa, de ser el responsable de esta represalia tras revelar 39 asignaciones irregulares de plazas.
“La respuesta es violenta, reteniendo pagos y amenazándome incluso con el cese”, declaró Molina Herrera a La Jornada de Oriente. Durante su visita a la oficina del director, la académica fue recibida con gritos y una actitud amenazante por parte del abogado de Márquez. Este episodio ocurrió en abril del año pasado, evidenciando un clima de hostigamiento que ha ido en aumento.
Acciones legales y silencio institucional
El silencio por parte de la UPN, la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no solo se refleja en los medios de comunicación, sino que también se extiende a las gestiones formales. Molina envió el 1 de septiembre de 2025 un oficio a varias instancias de la SEP, solicitando la restitución inmediata de sus pagos, la regularización de su adscripción y el reconocimiento formal de su comisión desde 2013. Este documento estipulaba un plazo de 72 horas para recibir respuesta, amenazando con llevar el caso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla si no se atendía.
Hasta el momento, la académica no ha recibido respuesta. Ante la falta de acción, planea presentar una queja formal ante la CDH, señalando también hostigamiento y agresiones físicas por parte de directivos y representantes sindicales de la UPN 211. Es preocupante que el 30 de marzo de 2025, la SEP estatal retuvo el salario correspondiente a la sexta quincena de Molina, quien lidera a más de 70 docentes que han hecho denuncias sobre la entrega discrecional de plazas.
Repercusiones y apoyo institucional
Las gestiones de Molina llevaron a la revocación de 39 plazas asignadas irregularmente en diciembre de 2024 en las unidades 211, 212 y 213 de la UPN Puebla. Este conflicto ha escalado incluso hasta la Presidencia de la República. El 4 de septiembre de 2024, la académica presentó una denuncia dirigida a Andrés Manuel López Obrador y a la entonces secretaria de Educación Pública, pidiendo detener la asignación irregular de 27 plazas. Este documento fue recibido en la oficina presidencial el 5 de septiembre.
El 16 de diciembre de 2024, Molina volvió a dirigirse a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, detallando la irregularidad en la asignación de 39 plazas en tres unidades de la UPN Puebla. Ambas denuncias fueron respondidas en tiempo y forma. En una conferencia matutina, Sheinbaum instruyó al secretario de Educación, Mario Delgado, a intervenir en el caso, lo que llevó a la devolución de las plazas asignadas irregularmente.
Este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE y el Consejo Democrático Magisterial Poblano llevarán a cabo una rueda de prensa para exigir el pago a la maestra Molina Herrera y que cesen las hostilidades en su contra. La situación de Molina es un reflejo del clima de tensión que enfrenta el personal docente en la UPN, donde la defensa de los derechos laborales se convierte en un acto de valentía frente a la represión institucional.
