La doctora Gabriela Molina Herrera, académica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), denuncia que ha sufrido represalias por exponer 39 asignaciones irregulares de plazas en su institución, incluyendo la retención de sus pagos. Esta situación se ha agravado a una semana de la denuncia hecha por los Maestros Democráticos, quienes señalaron la falta de respuesta de las autoridades educativas.
Las acusaciones y el silencio oficial
Hasta el momento, ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han emitido un pronunciamiento respecto a las acusaciones de Molina. La académica afirmó que el director de Educación Primaria en la SEP, Heriberto Márquez de la Rosa, fue quien ordenó la retención de sus salarios como represalia por su denuncia. “La respuesta es violenta, reteniendo pagos y amenazándome incluso con el cese,” expresó Molina a La Jornada de Oriente.
El 1 de septiembre de 2025, Molina envió un oficio a la SEP estatal solicitando la restitución inmediata de sus pagos, así como la regularización de su adscripción por 26 horas y el reconocimiento formal de su comisión desde 2013. El documento incluía un plazo de 72 horas para una respuesta, advirtiendo que llevaría el caso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla (CDH) si no se atendía.
Hostigamiento y acciones legales
El silencio institucional se ha extendido más allá de los medios de comunicación. La académica planea presentar una queja formal ante la CDH de Puebla, denunciando hostigamiento y agresiones físicas por parte de directivos y representantes sindicales de la UPN 211. El 30 de marzo de 2025, la SEP retuvo el salario correspondiente a la sexta quincena de Molina, quien lidera a más de 70 docentes que han denunciado irregularidades en la asignación de plazas.
Las gestiones de Molina condujeron a la revocación de 39 plazas asignadas irregularmente en diciembre de 2024 en las unidades 211, 212 y 213 de la UPN Puebla, según documentos dirigidos a la Presidencia de la República. En un esfuerzo por detener la irregularidad, el 4 de septiembre de 2024, Molina presentó una denuncia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y la entonces secretaria de Educación Pública, pidiendo la detención de la asignación irregular de 27 plazas.
La situación escaló al punto en que el 16 de diciembre de 2024, Molina presentó otro documento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detallando las irregularidades. Ambas peticiones fueron atendidas, y en una conferencia matutina, Sheinbaum instruyó al secretario de Educación, Mario Delgado, a intervenir, lo que resultó en la devolución de las plazas asignadas de manera irregular.
Este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE y el Consejo Democrático Magisterial Poblano convocaron a una rueda de prensa para exigir el pago inmediato a la maestra Molina Herrera y el cese de las hostilidades en su contra. La comunidad educativa sigue atenta a este caso que pone en jaque la transparencia y la justicia en la asignación de plazas en la UPN.
