La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, sucedió en agosto de 2010 y se convirtió en un hito trágico que reveló la violencia sistemática contra extranjeros en su paso por México hacia Estados Unidos. Pasaron quince años y la impunidad sigue siendo la norma: se ha logrado poca justicia para los sobrevivientes y las familias de las víctimas, quienes aún esperan respuestas sobre lo ocurrido.
Un hallazgo que desnudó la tragedia
Según un informe de la Fundación para la Justicia, las víctimas, 58 hombres y 14 mujeres, fueron encontradas atadas y ejecutadas en una bodega abandonada, lo que destapó el horror que viven los migrantes. Este hecho se dio en el contexto de la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, lo que hizo aún más evidente la ineficacia del Estado en la protección de quienes buscan una mejor vida.
A pesar de que se identificaron 63 de las 72 víctimas, originarias de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil e India, las investigaciones han sido deficientes. Apenas 15 personas fueron consignadas por los hechos, y hasta 2021 solo dos recibieron sentencias por delitos menores relacionados con la portación de armas y delincuencia organizada. Esto ha llevado a que voces como la de Eduardo Rojas, coordinador de Estado de derecho de la Fundación para la Justicia, denuncien que la impunidad se ha mantenido, con solo dos sentenciados en un caso que conmocionó al país y al mundo.
La falta de respuesta estatal y los crímenes persistentes
La masacre de San Fernando no fue un hecho aislado. En los últimos quince años, se han documentado al menos cuatro masacres más en Tamaulipas, donde la violencia contra migrantes ha continuado sin ser investigada adecuadamente. La relación entre las autoridades y las redes criminales que operan en el país, incluyendo el narcotráfico y la trata de personas, sigue siendo un tema oscuro y sin esclarecer.
Además, la falta de acción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre posibles nexos entre funcionarios y estas redes criminales ha permitido que se repitan estas atrocidades. Rojas enfatiza que no ha habido una reestructuración del Instituto Nacional de Migración (INM), que se ha militarizado y ha enfrentado denuncias de abusos, incluyendo los sexuales, por parte de sus agentes.
En un intento por dar respuesta a las violaciones de derechos humanos, en agosto de 2013 se creó la Comisión Forense, un mecanismo híbrido de organizaciones civiles de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, que busca identificar y repatriar restos de víctimas de masacres en el norte de México. A pesar de sus esfuerzos, aún queda mucho por hacer para esclarecer completamente los hechos y brindar justicia a las familias que sufren la pérdida de sus seres queridos.
En conclusión, la masacre de 72 migrantes en San Fernando sigue siendo un recordatorio doloroso de la tragedia que enfrentan miles de personas en su camino por México. La falta de justicia y la impunidad continúan, dejando una herida abierta que clama por respuestas y acción efectiva del Estado.
