La Contraloría General del Estado de Ecuador ha iniciado una auditoría especial a la Corte Constitucional (CC), enfocándose en la administración de talento humano y el pago de nómina entre junio de 2021 y julio de 2025. Este examen busca verificar el cumplimiento de normativas legales en la gestión del personal y comprobar la veracidad de los gastos relacionados con remuneraciones.
Detalles de la Auditoría
La Contraloría también solicitó documentación que respalde la designación de jueces constitucionales durante los procesos de renovación de 2022 y 2025. En total, se requieren informes sobre nombres, remuneraciones, nombramientos y escalas salariales de los jueces, así como de otros funcionarios de la institución, sumando un total de 17 requerimientos de información.
Según la Contraloría, esta acción es parte del Plan Anual de Control y se trata de un procedimiento rutinario. “El componente de Talento Humano se revisa de manera periódica dentro del ámbito de administración pública. En este sentido, reitero que es una acción de control del programa y de rutina”, declaró la entidad a Ecuavisa, descartando cualquier trasfondo político en la decisión.
Contexto Político y Reacciones
Sin embargo, este examen ha despertado suspicacias en un contexto marcado por tensiones entre el Ejecutivo y la Corte. Actualmente, la CC tramita numerosas demandas de inconstitucionalidad contra tres leyes promovidas por el presidente Daniel Noboa, algunas de las cuales han sido temporalmente suspendidas por el máximo tribunal.
Además, en agosto, el Gobierno había ordenado desalojar el edificio donde operan los magistrados en Quito, aunque luego se retractó. Este episodio se unió a una marcha convocada por Noboa, donde se cuestionó públicamente el trabajo de los jueces, colocándose gigantografías con los rostros de los magistrados, creando un ambiente de fuerte presión institucional.
La relación tensa entre el Ejecutivo y la Corte ha estado llena de desencuentros sobre la constitucionalidad de varias reformas. En paralelo, desde el Ministerio de Energía y Minas se notificó a la Corte sobre el fin del convenio que le permitía operar en sus oficinas, aunque esta decisión fue posteriormente cancelada.
La auditoría, que se desarrolla en este clima de confrontación política, es vista por críticos como un intento de presión al órgano de interpretación constitucional. A pesar de esto, la Contraloría mantiene que su revisión es técnica y programada, parte del proceso regular de vigilancia sobre el manejo de recursos humanos y financieros en instituciones públicas.
Actualmente, la Corte Constitucional cuenta con 283 funcionarios y en 2024 manejó un presupuesto superior a los USD 10,7 millones. El informe de la Contraloría, que se elaborará tras la recolección y verificación de documentos, determinará si hubo irregularidades en la gestión administrativa y financiera del organismo durante los últimos cuatro años.
Mientras tanto, el desarrollo de esta auditoría continúa en el marco de un complejo pulso político que involucra tanto al Gobierno como al máximo tribunal del país, alimentando las interpretaciones sobre el verdadero alcance de esta acción de control.
