La lucha por el control del sindicato en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) ha estallado en medio de tensiones laborales y serias acusaciones contra su líder actual, Diego Valdez Medina. Este conflicto no solo afecta la dinámica interna de la organización, sino que también pone en riesgo la asignación de recursos millonarios que la institución, bajo la dirección de Rafael Guerra Álvarez, otorga anualmente a los sindicatos.
Este martes, los órganos jurisdiccionales de la capital concluyen sus actividades antes del primer periodo vacacional del año, programado para iniciar el 16 de julio. Los trabajadores tienen hasta las 18:00 horas para participar en la elección del sindicato, en un contexto marcado por un paro laboral que exigió elecciones verdaderamente democráticas. Los empleados han criticado duramente a Valdez, quien ha liderado el Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (SUTPJCDMX) durante 24 años, señalando que sus negociaciones con la presidencia no contemplan a la base trabajadora.
Las acusaciones son contundentes: los trabajadores afirman que Valdez ha favorecido a sus familiares al otorgarles posiciones dentro de la institución y que ha estado involucrado en la venta de plazas, lo que contraviene los intereses de los agremiados. En medio de esta situación, surgieron tres planillas de trabajadores que, el pasado 2 de julio, intentaron registrar su candidatura para la elección, pero se encontraron con obstáculos significativos.
Al llegar a las instalaciones del SUTPJCDMX, las planillas encabezadas por José Nezahualcóyotl Salinas (planilla guinda), Erika Ojeda Contreras (planilla blanca) y Araceli Mendoza Gómez (planilla azul) fueron detenidas por el personal electoral, quienes alegaron que no estaban dentro del horario establecido para la recepción de documentos. A pesar de que finalmente se aceptaron sus papeles, al día siguiente se les notificó que sus registros no eran válidos, argumentando irregularidades como firmas falsas y la falta de paridad de género.
Las tres planillas, unidas en su descontento, han decidido impugnar la elección ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En su defensa, argumentan que Valdez no debería participar en el proceso electoral debido a su condición de trabajador de confianza y su falta de antigüedad en el sindicato, ya que solo cuenta con un mes de cotización, cuando el mínimo requerido es de tres años. Además, señalaron que existen investigaciones abiertas en su contra relacionadas con denuncias de irregularidades en la elección anterior.
“La base trabajadora ya está harta de que le venda plazas, basificaciones y hasta permutas”, denunciaron los representantes de las planillas.
En esta atmósfera de creciente tensión, algunos trabajadores que se unieron al paro han reportado retrasos en sus pagos de nómina, lo que consideran un acto de intimidación por parte de la administración actual. Ante esta situación, se ha hecho un llamado a la base trabajadora para que no participe en la elección, subrayando la necesidad de un cambio en la dirigencia sindical.
La magnitud del conflicto se acentúa al considerar que los sindicatos reconocidos por el PJCDMX reciben importantes sumas de dinero anualmente. En el primer trimestre de este año, se distribuyeron recursos entre los sindicatos que operan dentro de la institución, incluyendo el SUTPJCDMX. Este último, bajo la dirección de Valdez, recibió un total de $3.865.000 pesos, desglosados en apoyos para el Día de la Madre, actividades deportivas y gastos operativos.
El SUTPJCDMX recibió $3.250.000 pesos para el Día de la Madre y, además, cuenta con $55.000 mensuales para actividades deportivas, lo que representa un total de $165.000 en el primer trimestre. A esto se suman $150.000 mensuales para renta y otros gastos operativos, lo que generó un pago de $450.000 en ese periodo. Estos montos reflejan la importancia de las asignaciones en juego, que podrían verse comprometidas si el conflicto no se resuelve de manera satisfactoria.
La situación en el PJCDMX es un claro ejemplo de cómo las luchas internas pueden afectar no solo a los actores involucrados, sino también a la operatividad de una institución que maneja recursos públicos significativos. Mientras la impugnación avanza, los trabajadores esperan que sus voces sean finalmente escuchadas y que se logre una elección legítima que represente sus intereses.
