La ejecución del programa de Ollas Comunitarias en Risaralda está bajo el escrutinio público tras las serias denuncias de la representante a la Cámara, Carolina Giraldo Botero, quien señala múltiples irregularidades en la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según Giraldo, la falta de transparencia, errores de planeación y posibles actos de corrupción han socavado el propósito de este programa, diseñado para apoyar a la población afectada por la ola invernal de 2022.
Desviaciones en la ejecución del programa
En octubre de 2023, la Ungrd, bajo la dirección de Olmedo López, actualmente investigado por corrupción, anunció la implementación del programa en ocho municipios de Risaralda, replicando experiencias de otras regiones como La Guajira y Córdoba. Este plan contemplaba la entrega de aproximadamente 685,000 raciones de alimentos a 7,611 personas, con una inversión superior a $6,000 millones de pesos. Sin embargo, la realidad fue muy diferente: se destinaron solo $3,533 millones, distribuyéndose únicamente 412,650 raciones a 4,490 beneficiarios, dejando a 3,121 personas sin el auxilio prometido.
La situación es especialmente crítica en Mistrató, donde residía el 41% de la población afectada, en su mayoría comunidades indígenas. La ejecución del programa fue cancelada tras la firma del contrato, justificándose en problemas de accesibilidad. Giraldo resalta que esta decisión evidencia una grave falta de diagnóstico técnico y una deficiente coordinación con las autoridades locales. A pesar de que el proyecto debía responder a la emergencia alimentaria en Mistrató, los puntos de entrega estaban ubicados a hasta cinco horas de caminata para los beneficiarios.
Cuestionamientos sobre la gestión y transparencia
La representante también cuestionó la ubicación de varias ollas comunitarias en zonas urbanas de Pereira, como el barrio Salamanca, donde la población podía requerir otro tipo de programas sociales. Esto desvió la asistencia, limitando el acceso de quienes realmente lo necesitaban. En contraste, en municipios como Pueblo Rico, el programa logró llegar a veredas remotas y comunidades indígenas, lo que pone de manifiesto la inconsistencia en la ejecución.
“¿Cómo es posible que en zonas remotas de Pueblo Rico sí lograran llegar, pero en Mistrató, el municipio con mayor número de beneficiarios, no?”
Otro punto clave en la denuncia es la adjudicación del contrato a Frescampo, empresa que ya había estado implicada en un presunto peculado durante un contrato similar firmado en 2020. En esa ocasión, más de 11,000 paquetes de alimentos desaparecieron durante la pandemia. Para Giraldo, esto cuestiona la diligencia en la selección de contratistas para programas dirigidos a poblaciones vulnerables.
A pesar de las repetidas solicitudes de información sobre la ejecución presupuestal de la Ungrd en el Eje Cafetero entre 2018 y 2024, la entidad respondió fuera del plazo legal, omitiendo contratos relevantes y proporcionando información incompleta. La falta de entrega de documentos clave como cuentas de cobro o facturas ha dificultado la verificación de la entrega real y los costos de los alimentos.
“Solicitamos los documentos por derecho de petición y ni siquiera con una tutela los entregaron. Ya no nos queda otra opción que acudir a los órganos de control, porque esta no es la primera vez que enfrentamos barreras para acceder a la información. ¿Qué están ocultando?”, cuestionó Giraldo.
Finalmente, Carolina Giraldo Botero anunció la radicación de la denuncia y solicitó la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar los hechos y sancionar a los responsables. “Este contrato de las Ollas Comunitarias es un claro ejemplo de cómo los recursos públicos terminan en manos de contratistas cuestionados y sin garantías de transparencia”, concluyó la representante.
