El 34° Juzgado Civil de Lima ha declarado inadmisible la demanda de la empresaria Sada Goray, quien buscaba una indemnización de cerca de un millón de dólares. La razón detrás de esta decisión es insólita: Goray no proporcionó los permisos necesarios para acceder a la documentación digital vinculada a su caso, lo que impidió al tribunal revisar los anexos relevantes.
Fallas en la presentación de documentos
Según el informe técnico del especialista Nayib Moisés Carhuaricra Córdoba, fechado el 15 de septiembre de 2025, al intentar acceder al enlace proporcionado por la demandante, el sistema mostró un mensaje de error que solicitaba permisos adicionales. Esta restricción resultó en la imposibilidad de visualizar la documentación que fundamentaba la demanda de Goray Chong.
La jueza Ana del Rosario Osorio Sosa fue informada de esta situación antes de emitir su resolución. En la Resolución Nro. 1, la magistrada subrayó que el uso de enlaces digitales con acceso restringido vulnera las normas del expediente electrónico, las cuales exigen que todos los documentos estén debidamente digitalizados y accesibles para su revisión.
Errores adicionales en la demanda
Más allá del problema con los anexos, la jueza identificó otras irregularidades formales. La demanda no especificaba de manera individual los montos exigidos por cada concepto de daño, ni fundamentaba por separado el daño moral y el daño a la persona. Asimismo, se encontró una falta de argumentación sobre la relación de causalidad, que debía sostenerse en hechos concretos y no únicamente en referencias doctrinales.
La magistrada Osorio Sosa otorgó a Sada Goray un plazo de tres días para corregir estos errores, indicándole que debía subir los documentos al sistema digital del Poder Judicial o presentar los originales en el Centro de Distribución General (CDG) de la sede judicial, donde el personal autorizado podría escanearlos. Si no cumple con estas instrucciones, la demanda será rechazada de forma definitiva.
Goray interpuso esta demanda civil argumentando haber sufrido daños y perjuicios tras su detención preliminar. En su escrito, señala como responsables a la fiscal superior Marita Sonia Barreto Rivera y al fiscal Freddy Christian Niño Torres, quienes forman parte del equipo que investiga el caso de crimen organizado conocido como caso Vivienda.
La empresaria sostiene que su detención careció de fundamentos legales y que la actuación fiscal excedió los límites de sus atribuciones. Según Goray, las medidas adoptadas durante la investigación afectaron gravemente sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la libertad personal y al debido proceso, lo que dañó su imagen pública y tuvo repercusiones negativas en sus negocios y vida personal.
