El Poder Judicial ha tomado una decisión contundente al rechazar el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para suspender a Tomás Gálvez como fiscal supremo. Esta resolución, a la que accedió Infobae, refleja la postura de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que desestima la apelación del Ministerio Público, reafirmando que no se pueden aplicar medidas coercitivas contra altos funcionarios con antejuicio si el Congreso no ha presentado una acusación constitucional previa.
Blindaje en el Poder Judicial
En el caso de Tomás Gálvez, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió archivar la denuncia presentada por la Fiscalía, que lo acusaba de integrar una organización criminal liderada por el congresista José Luna Gálvez. Así, el fiscal supremo se encuentra en una posición tranquila en el Ministerio Público, al menos por ahora. La resolución menciona: “Si el Congreso ha decidido el archivo de la investigación, el Ministerio Público no logrará obtener la acusación constitucional y, por ende, no podrá formular medida coercitiva alguna”.
En otro frente, Delia Espinoza también busca la suspensión del exfiscal supremo Luis Arce Córdoba por presunto enriquecimiento ilícito. Inicialmente, el Juzgado Supremo rechazó su solicitud, pero la Fiscalía apeló. La audiencia de apelación se realizó el pasado 18 de agosto, sorprendentemente, con un inicio adelantado y sin transmisión por Justicia TV. Fuentes cercanas a la audiencia informan que fue inusitadamente rápida; incluso, el presidente del tribunal supremo, César San Martín, destacó que “el tiempo es oro”.
Consecuencias para Arce Córdoba
Todo indica que la Sala Penal Permanente también ratificará el rechazo al pedido de suspensión contra Luis Arce Córdoba. Al igual que Patricia Benavides y Tomás Gálvez, fue blindado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que archivó la denuncia de la Fiscalía en julio pasado. Su argumento fue que no basta con un desbalance patrimonial; se necesitan actos concretos en los que Arce habría abusado de su cargo para incrementar su riqueza ilícitamente.
A pesar de lo que parece, la posible ratificación de su estatus no garantiza el regreso de Luis Arce Córdoba al Ministerio Público. Aunque el Poder Judicial anuló su destitución por su negativa a presentarse al JNE en medio de un proceso electoral, aún pesa sobre él una segunda destitución impuesta por la JNJ por sus supuestos vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto.
La realidad es que estos casos reflejan un entorno judicial complicado, donde las decisiones del Poder Judicial no solo moldean la carrera de altos funcionarios, sino que también impactan la percepción pública sobre la justicia en el país.
