Entre el 31 de agosto de 2024 y el 29 de agosto de 2025, la Comisión de Amnistía de México otorgó 479 beneficios de amnistía, resultando en la liberación de 411 personas tras revisiones judiciales. Este balance fue presentado ante el Senado de la República junto con la Secretaría de Gobernación (Segob), destacando la importancia de la Ley de Amnistía en la restitución de derechos civiles y políticos, especialmente para aquellos en situaciones de vulnerabilidad social.
Detalles sobre las amnistías concedidas
De las 479 amnistías otorgadas, 430 estaban relacionadas con condiciones de pobreza, la principal causa que motivó la revisión de expedientes. También se encontraron otros supuestos que incluyen discapacidad permanente (11 casos), temor fundado (siete), robo simple sin violencia (seis), discriminación (cinco), consumo de drogas (dos) y un caso de coerción por parte de la delincuencia organizada.
El proceso de evaluación es riguroso: las solicitudes se analizan en sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión. De las amnistías concedidas, 411 fueron calificadas como legales, permitiendo la extinción de la acción penal y la eliminación de antecedentes judiciales. Sin embargo, 45 fueron consideradas no legales y 11 quedaron sin materia.
Perfil de los beneficiarios y distribución geográfica
El informe revela que 319 de los beneficiarios son hombres, 159 mujeres y una persona de la comunidad LGBTTTIQ+. Además, 44 personas pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, quienes en su mayoría no tuvieron acceso a intérpretes ni defensores legales adecuados. En términos de nacionalidad, 444 beneficiarios son mexicanos y 35 provienen de países como Ecuador, Colombia y Estados Unidos.
Geográficamente, los estados con más liberaciones fueron Sinaloa (120), Ciudad de México (64) y Chiapas (50), reflejando la concentración de casos en regiones con altos niveles de vulnerabilidad social.
Reinserción social y evolución de la política de amnistía
La Secretaría de Gobernación también destacó programas de reinserción social, que incluyen acceso a empleo, becas educativas y atención psicológica. En el ámbito electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) rehabilitó los derechos político-electorales de las 411 personas liberadas, facilitando su reintegración a la vida civil.
Desde que la Ley de Amnistía entró en vigor en 2020, se han recibido 2,391 solicitudes, de las cuales 2,024 han sido analizadas. Curiosamente, el último año mostró la cifra más baja de casos aprobados como procedentes desde la implementación de la ley, con solo 21 solicitudes aceptadas. Sin embargo, nuevos lineamientos publicados en junio de 2025 podrían cambiar esta tendencia en el futuro.
Es importante señalar que hasta el momento no se han presentado solicitudes de amnistía para delitos como aborto, homicidio por parentesco o sedición, aunque estos casos están contemplados en la legislación vigente.
