La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir una investigación formal contra los senadores Carlos Fernando Motoa Solarte, Juan Samy Merheg Marun, Carlos Abraham Jiménez López y Juan Felipe Lemos Uribe, quienes habían sido vinculados al escándalo de corrupción conocido como “Las Marionetas”. Esta decisión fue tomada por el magistrado Marco Antonio Rueda Soto, quien consideró que no existían pruebas suficientes que comprometieran a los legisladores en actos ilícitos.
Fundamentos de la decisión
Según la Corte Suprema, la inhibición se dio tras evaluar los argumentos de la defensa, entre los que destacó el abogado Mauricio Pava, quien argumentó la falta de material probatorio. En su fallo, la Sala Especial de Instrucción expresó: “Ante el supuesto estructurado, esto es, cuando se encuentra acreditado que el indiciado no ha cometido la conducta punible que se le atribuye, no resulta razonable valorar los medios suasorios con referencia a alguna concreta hipótesis delictiva”.
Con esta determinación, el alto tribunal desestimó iniciar un proceso contra los cuatro senadores, quienes habían sido inicialmente vinculados en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre un esquema de contratación que supuestamente buscaba obtener beneficios políticos y económicos.
El escándalo de “Las Marionetas”
Este caso forma parte de una red de corrupción que llevó a la condena del exsenador Mario Castaño, quien falleció en prisión mientras cumplía una pena de 15 años y 11 meses por diversos delitos, incluyendo concierto para delinquir y peculado. Según la Fiscalía, esta red operó en departamentos como Caldas, Risaralda y Antioquia, donde se establecieron acuerdos ilegales con alcaldes para la entrega de contratos a cambio de comisiones del 10% de su valor.
La investigación reveló la manipulación de contratos en entidades estatales, documentando 3,535 llamadas telefónicas entre presuntos integrantes de la red, en las que se discutían mecanismos de alteración en la contratación pública involucrando a congresistas en operaciones específicas en diferentes regiones.
En este entramado también se incluyeron exfuncionarios como Pierre Eugenio García Jacquier, subdirector de programas del Departamento de Prosperidad Social, y varios contratistas que actualmente colaboran con las autoridades.
Reacciones a la decisión
Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema, el senador Carlos Fernando Motoa declaró que “ninguna de las pruebas practicadas y valoradas en la investigación previa demostró mi participación en tan reprochable entramado criminal”, reafirmando su inocencia. También comentó sobre el papel de los medios en la difusión de información: “Es fundamental reconocer y valorar a aquellos medios que luchan por mantener la verdad como su eje central”.
Por su parte, el senador Carlos Abraham Jiménez expresó en su cuenta de X: “¡Triunfo la verdad! Este pronunciamiento demuestra que los señalamientos en su contra carecían de sustento y se basaban únicamente en conjeturas”.
Es importante señalar que la decisión de la Sala Especial de Instrucción es susceptible de un recurso de reposición, lo que podría abrir la puerta a nuevas evaluaciones en el futuro.
