La situación en Rosario se tornó más compleja tras la detención de uno de los sospechosos implicados en un tiroteo que supuestamente fue organizado por Norma Acosta contra su propia vivienda. Este viernes, Juan José “Jota Jota” Gómez se entregó a las autoridades en la sede de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe, luego de que se emitiera un pedido de captura en su contra.
Gómez es señalado como uno de los organizadores del ataque, que ocurrió el 7 de mayo. Fuentes oficiales indican que su papel fue crucial, pues se encargó de reclutar a los jóvenes que llevaron a cabo la balacera. Un testigo declaró que Gómez le envió la dirección exacta de la casa de Acosta, acompañada de una captura de pantalla de Google Maps, para coordinar el ataque.
Implicaciones legales y antecedentes
Tras su entrega, se espera que Gómez sea imputado en los próximos días, donde podría comparecer junto a Acosta, quien también enfrenta cargos por el mismo hecho. La investigación a cargo del fiscal Pablo Socca del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ha revelado que Acosta, conocida por sus denuncias contra bandas vinculadas al narcotráfico y la corrupción policial, fue detenida como presunta autora intelectual de un autoatentado.
Desde febrero, Acosta había denunciado actos de corrupción policial y, en mayo, su casa fue blanco de cinco disparos, lo que desencadenó una serie de allanamientos en la zona. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando se determinó que ella pudo haber organizado el ataque. La investigación ha identificado a Nicolás R., de 18 años, e Ignacio Leonel N., de 17, como los autores materiales del tiroteo. Según los informes, Nicolás R. transportó a Ignacio en bicicleta hasta el lugar del ataque.
Un caso lleno de contradicciones
El desarrollo de esta investigación ha puesto de manifiesto varias inconsistencias. Acosta había asegurado que los agresores se movilizaban en un Volkswagen Voyage blanco, mientras que las pruebas obtenidas demostraron la presencia de tiradores en bicicleta. Estas contradicciones llevaron a las autoridades a allanar su domicilio y confiscar su teléfono, por presunta comisión de falso testimonio.
La hipótesis principal del fiscal Socca sugiere que Acosta planeaba incriminar a exjefes policiales que están siendo investigados por el desvío de fondos destinados a la operación de patrulleros. La realidad es que el caso ha puesto en evidencia no solo la complejidad de las relaciones entre la delincuencia organizada y las fuerzas del orden, sino también la vulnerabilidad de quienes se atreven a denunciar.
Mientras la investigación avanza, la comunidad de Rosario permanece alerta ante el impacto que estos eventos puedan tener en la seguridad y la confianza en las autoridades locales.
