La Cámara de Diputados aprobó este lunes una reforma al artículo 73 de la Constitución que permitirá al Congreso expedir una Ley General contra la Extorsión, un paso crucial para enfrentar un delito que ha ido en aumento en el país. Esta normativa busca homologar las penas de cárcel en todos los estados y perseguir el delito de oficio, eliminando la necesidad de que la víctima presente una denuncia.
Unanimidad en el Pleno
Después de casi cuatro horas de debate, la reforma —propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en julio— fue aprobada de manera unánime con 474 votos a favor. El dictamen ahora será enviado al Senado para continuar con su proceso legislativo. Este avance legislativo se produce en un contexto donde la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más preocupantes para la seguridad pública.
La extorsión: un delito en aumento
El diputado morenista Leonel Godoy fundamentó la reforma señalando que la extorsión es uno de los delitos que más crece en México. En 2018, se registraban 19 casos diarios, cifra que se disparó a 29 en enero de 2025, lo que representa un aumento del 58% en seis años. Godoy subrayó el impacto negativo de este crimen, no solo en la economía, sino también en la salud mental de las víctimas, quienes enfrentan amenazas a través de distintos métodos, incluidos cobros de piso y llamadas intimidatorias, muchas de ellas desde cárceles.
Entre enero y junio de 2025, se reportaron 6,880 víctimas, marcando la cifra más alta en seis años. Las pérdidas anuales por extorsión alcanzan los 26 mil millones de pesos, lo que equivale a 71 millones de pesos diarios que financian al crimen organizado. Según la ENVIPE 2024, se cometieron 4.9 millones de casos de extorsión en el país, lo que resalta la urgencia de una respuesta legislativa efectiva.
Preocupaciones de los legisladores
A pesar de que todos los grupos parlamentarios respaldaron la reforma, manifestaron la necesidad de aprobar la ley secundaria con un presupuesto adecuado. “Nuestra preocupación es que el proyecto se quede en una reforma simbólica y no en cambios reales. La ley debe ser clara, operativa y con recursos”, afirmó el priísta César Alejandro Domínguez.
Desde el PAN, Anya Gómez Cárdenas advirtió que el 71% de los casos se concentran en Edomex, Veracruz y Nuevo León, criticando además la reducción de más de 10 mil millones de pesos al presupuesto de seguridad para 2026. El panista Héctor Saúl Téllez añadió que la extorsión ha crecido durante los gobiernos federales de Morena, alcanzando un promedio anual de 9,407 carpetas, lo que representa un alza del 75% respecto al sexenio anterior.
Con este panorama, la aprobación de la reforma es un primer paso, pero los legisladores insisten en que se requiere un compromiso real para que la ley tenga un impacto significativo en la lucha contra la extorsión en México.
